(Exclusivas de la prensa de papel 17/11/2020) Elvira Roca Barea: «Se está procediendo a la fragmentación política del país contra la voluntad de los españoles»

La conversación de María Elvira Roca Barea desemboca en los EE.UU y en ella su acento andaluz adquiere por momentos matices mexicanos. Como su obra, nos invita a situarnos en el mundo pensando la hispanidad. En «Imperiofobia» explicó la Leyenda Negra y en «Fracasología» cómo España la interiorizó a través de sus élites, fenómeno que llega hasta nuestros días. "Es un fenómeno clarísimo de balcanización política que la mayoría de españoles no quieren, pero no hay vehículo para expresar ese desacuerdo porque todos los partidos tienen la mayor parte de sus efectivos colocados en las autonomías. Hay un problema grande de no representación. Asistimos a la desaparición de nuestro Estado sin que nadie nos haya preguntado". (ABC)

Más que nunca, en estos momentos, está en entredicho la rapidez y la fortaleza que se imprima a la salida de la recesión económica en la que se haya inmersa España, después del severo castigo que ha supuesto para el mercado nacional las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus. Las previsiones del Gobierno pueden saltar por los aires como un castillo de naipes, si no llega la inyección de capital que supondrán los fondos europeos para la reconstrucción en la era postcovid-19. En este escenario, los aún embrionarios Presupuestos Generales del Estado de 2021 pueden convertirse definitivamente en papel mojado, después de que ayer Polonia y Hungría anunciaran su veto a la ratificación de las cuentas plurianuales de la UE y, por tanto, a la entrada en vigor de los fondos europeos para la reconstrucción de los Estados miembros por importe de 750.000 millones, de los que a España corresponde 140.000 millones (70.000 millones en ayudas a fondo perdido y otros 70.000 millones en préstamos). (La Razón)

Al líder morado y a Arnaldo Otegi se les dice una cosa, y a Inés Arrimadas, otra, fuera de las cámaras. El apoyo de Bildu a los Presupuestos vuelca la balanza del lado de la mayoría de investidura y hace inviable la opción de Ciudadanos. En teoría y en la práctica. Pero, sin embargo, el PSOE sigue moviendo el balón con Cs. Mientras, el PNV ha hecho llegar a Moncloa su malestar con el protagonismo que está concediendo al partido de Otegi, su competidor. Y las presiones del abertzale, Rufián e Iglesias incentivan a Arrimadas a escenificar su voluntad de «mano tendida» al PSOE. Al ver la operación de blanqueamiento de Bildu, en la que durante estos últimos días también se han implicado algunos ministros de la parte socialista del Gobierno, aparentemente bajo el empujón del vicepresidente Pablo Iglesias, cabe pensar que en privado el PSOE también está ya marcando distancias con Ciudadanos (Cs) para ser consecuente con su postura pública. (La Razón)

Edmundo Bal: "La ayuda europea no irá bien si el Gobierno tiene que pagar peajes a los independentistas". Pedro Sánchez no tiene por qué humillar a España con los separatistas". "Trapero pasó de ser un santo a un demonio: el independentismo le crucificó". (El Economista)

Pablo Iglesias lleva semanas tratando de marcar con el sello de Podemos los proyectos más importantes del Gobierno. Empezó con los Presupuestos, imponiendo sus socios independentistas al PSOE. Pero también lo está intentando en política exterior, área en la que no tiene competencias. Varias de sus actuaciones están generando malestar en el Ministerio que dirige Arancha González Laya, como confirman a EL MUNDO fuentes diplomáticas. Así ocurrió en el reciente viaje del Rey y la ministra de Exteriores a Bolivia. Pablo Iglesias mantuvo en parte una agenda paralela a la de la delegación española, firmando un manifiesto «contra el golpismo de ultraderecha» con varios dirigentes latinoamericanos. Exteriores se apresuró a aclarar que dicho manifiesto lo impulsó como líder de Podemos, no como vicepresidente. (El Mundo)

Podemos ofreció 30.000 euros a la ex responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada Mónica Carmona para zanjar su relación laboral, según informan fuentes presentes en el juicio celebrado ayer lunes en el Juzgado de lo Social número 1 de Granollers (Barcelona). En el juicio, esta letrada rechazó la oferta de los abogados del partido morado, cuyos dirigentes acordaron su cese, al mismo tiempo que le redujeron un 50% su jornada laboral, que pasó de ocho a cuatro horas. (La Razón)

Los ministerios de Pablo Iglesias e Irene Montero gastan en total 1,5 millones de euros en asesores. La vicepresidencia de Derechos Sociales cuenta con 15 puestos de asesores de confianza y siete dependen directamente de Iglesias. (El Mundo)

«Moncloa sabe que, a nosotros, poca broma nos hace». Tampoco el PNV mira con simpatía la relación privilegiada que Pedro Sánchez concede a Bildu, su eterno rival en las urnas. Al contrario. La formación que preside Andoni Ortuzar observa con muchos recelos el cortejo constante del PSOE hacia Arnaldo Otegui. Aunque consideran que es Pablo Iglesias el más interesado en consolidar esa línea estratégica con la vieja Batasuna, no ocultan su malestar con el papel protagonista que se le concede, sobre todo cuando es numéricamente irrelevante en el Congreso. Y así se lo hará llegar al Gobierno. (ABC)

Arkaitz Rodríguez, Iker Casanova e Ikoitz Arrese forman parte de los parlamentarios de Bildu en el País Vasco. Su sueldo es también superior al que percibe un diputado raso en el Congreso de los Diputados. (La Razón)

Los jueces han empezado a anular las multas por no respetar el confinamiento. Juzgados de lo contencioso-administrativo de varias provincias han dictado resoluciones que mayoritariamente revocan las sanciones que las Fuerzas de Seguridad impusieron a quienes no respetaban la limitación de movimientos en las primeras semanas de estado de alarma. De la docena de sentencias de las que hay constancia, nueve han culminado con la anulación de las sanciones (dictadas por juzgados de Vigo, Oviedo, Córdoba, Logroño y Segovia) y tres las han ratificado (Cáceres y Pamplona). Se trata de decisiones que por su escasa cuantía no son recurribles, por lo que al no haber un órgano superior común que marque la pauta las discrepancias se mantendrán. (El Mundo)

La Comisión Europea (CE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las Vacunas (Gavi) y la Coalición para las Innovaciones y la Preparación ante Epidemias (CEPI) han puesto en marcha COVAX, un acuerdo para garantizar el acceso equitativo a la vacuna y evitar una competencia feroz entre las naciones. Por eso, todos los estados de la Unión tienen derecho a estos fármacos en base a su población. A España le corresponde alrededor del 10% de las dosis adquiridas por la CE. Por ahora, se han firmado cinco contratos, pero todavía no ha cerrado el acuerdo con Moderna. España tiene derecho a 20 millones de dosis de Pfizer, 30 millones de Astrazeneca, 30 millones de Sanofi/GSK, 20 millones de Johnson & Johnson y 40,5 millones de CureVac. De Moderna recibiría 8 millones. (ABC)

Se disparan los «ofertones» para reclutar médicos españoles en redes sociales ante el déficit de facultativos, algunos de los cuales son tramitados por los órganos colegiados. (ABC)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prevé presentar antes de fin de año el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal en el que se incluirá una redefinición del delito de sedición que implicará una rebaja a la mitad de las penas —ahora, entre ocho y 15 años de cárcel—, según fuentes del Gobierno. Si la reforma sale adelante, se producirá una reducción automática de la condena impuesta a los líderes del procés independentista catalán. El Supremo, por otro lado, presentará en diciembre los informes sobre los indultos solicitados para ellos. (El País)

El presidente de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza (Pamplona, 1970), le ofreció en octubre a la presidenta de Navarra, María Chivite, facilitar sus Presupuestos y garantizar la estabilidad en la comunidad hasta 2023. El pacto presupuestario con EH Bildu ratifica sus sospechas. (El Mundo)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata continúa cerrando instrucciones antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción Número 5 para convertirse en el nuevo representante de España en el Eurojust. En esta ocasión, ha propuesto juzgar al ex embajador español Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna así como a otras 21 personas más por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en concreto en Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país. (El Mundo)

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha lanzado una chapuza legal en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al no haber previsto a tiempo el relevo del actual presidente, Sebastián Albella. Su intención es plantear este martes en el Consejo de Ministros una prórroga de la actual cúpula de la CNMV y evitar un vacío al no tener aún resuelto su relevo. Para ello, cambia la Ley del Mercado de Valores, ya que no va a respetar el calendario que establece. (El Mundo)

El Ejecutivo trabaja en un plan de la mano del sector financiero para reforzar la solvencia de pymes rentables. Economía decide prorrogar la moratoria de las quiebras más allá del 31 de diciembre. (El Periódico)

El Gobierno acepta modificar la redacción recogida en los Presupuestos para que, a diferencia de los partícipes con planes individuales, los trabajadores puedan aportar hasta 10.000 euros a su plan de empleo. (ABC)

Las petroleras independientes calculan que el cambio en la normativa de biocarburantes para los aceites usados encarecerá en 400 millones de euros el coste de los carburantes para los consumidores. (El Economista)

El Tribunal de Cuentas ha recomendado a la Seguridad Social que realice un seguimiento de las resoluciones de autorización de venta de las sociedades de prevención de las mutuas patronales de accidentes, llevadas a cabo en 2015, y del clausulado de los contratos de compraventa para verificar que se han cumplido las estipulaciones legales y, en su caso, adoptar medidas para recuperar el dinero adeudado. (El Economista)