(Exclusivas de la prensa de papel 17/12/2020) El CGPJ no descarta llevar a Europa la ofensiva contra su independencia

Este es el planteamiento del que partirá el Pleno del CGPJ previsto para hoy y en el que se debatirán como puntos del orden del día las solicitudes de dos grupos de vocales: la primera, para que se emplace al Congreso de los Diputados a pedir informes tanto a este órgano como a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la ofensiva que se planea sobre el órgano encargado de hacer los nombramientos de la cúpula judicial. La segunda, para que se debata esa merma de atribuciones con tachas de inconstitucionalidad. «Quieren dinamitar el Poder Judicial», alertan desde este órgano. Varios vocales advierten de que «se llegará hasta donde haga falta», si es necesario hasta Europa, para preservar la independencia del Consejo como institución más allá de las personas que lo conforman en este momento. «Es la propia credibilidad de la institución lo que está en juego», dicen. (ABC)

El Poder Judicial prepara una respuesta institucional a las injerencias de Pedro Sánchez. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) responderá hoy a los planes del Gobierno de coalición para limitar la función de realizar nombramientos de este órgano mientras se encuentre con su mandato prorrogado como ocurre en la actualidad, que venció el 4 de diciembre de 2018. Encima de la mesa se debatirán las propuestas de dos sectores distintos del órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se encuentra en estos momentos cohesionado y con ganas de dar una respuesta unitaria a los planes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, además de seguir adelante con su política de nombramientos. De hecho, hoy se efectuarán nuevas designaciones de cargos discrecionales de la magistratura por parte del Pleno.  (El Mundo)

La presión constante que inyecta al Gobierno de coalición el vicepresidente, Pablo Iglesias, está afectando a la eficacia y a los tiempos del escudo social con el que necesitan responder a la segunda ola de la pandemia. Iglesias es un obstáculo en la operatividad del Ejecutivo, y esto no lo niega nadie, pero en Moncloa también son tajantes respecto al coste político-electoral de la estrategia que sigue el líder de los «morados». El trabajo de campo demoscópico de la élite de la «fontanería» del Gobierno zanja la discusión: «Cada vez que Iglesias la monta, él pierde votos». (La Razón)

Los socios crearon una comisión de seguimiento de la coalición para evitar roces, que ha quedado relegada por los encuentros entre Sánchez e Iglesias. El fin último de este código de convivencia que se dieron los socios era «mantener la estabilidad del Gobierno y no erosionar la confianza en la coalición». Y, si bien el Ejecutivo no corre peligro, porque a ninguna de las dos partes les interesa romperlo; lo cierto es que la confianza brilla por su ausencia. Hasta seis preceptos del protocolo anteriormente citado se han incumplido en lo que va de legislatura. Comenzando por el punto primero, el que se refiere a que los principios que regirán el funcionamiento del Gobierno serán los de «lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad». El calificativo de «desleales» de socialistas a morados es una constante, por una actitud que califican de «oposición» dentro del propio Ejecutivo, como si todavía «no hubieran asumido que forman parte de este Gobierno». (La Razón)

El PSOE de Pedro Sánchez respalda la pretensión de PNV y EH Bildu para que el País Vasco cuente con una selección propia de fútbol que se enfrente a la selección española con el reconocimiento de la UEFA y de la FIFA. Un apoyo refrendado en los pactos con el PNV en la investidura de Pedro Sánchez, rubricado en el pacto de Gobierno con Urkullu y confirmado con su silencio ante el apoyo explícito otorgado por el Ejecutivo vasco a la petición cursada por la Federación Vasca ante los organismos internacionales del fútbol europeo y mundial. La reclamación avalada por el Gobierno de PNV y PSE-EE establece un periodo de un año para lograr una selección de fútbol propio. (El Mundo)

El Gobierno de coalición dará previsiblemente hoy en el Congreso un paso decisivo para eximir de penas de cárcel a los piquetes de huelga, que dejarán de ser juzgados por el artículo del Código Penal que establece penas de prisión de hasta tres años por coaccionar a trabajadores a iniciar o continuar una huelga. La despenalización según este precepto podría estar lista para ser publicada en el BOE en el primer semestre del año que viene, según fuentes parlamentarias. La Cámara vota hoy las enmiendas a la totalidad de PP y Vox sobre una proposición de ley del PSOE que derogará parte del 315.3 del Código Penal. La propuesta promovida desde los partidos en el Gobierno sostiene que las coacciones realizadas por piquetes en el contexto de conflictos laborales sean juzgadas bajo el tipo penal genérico y extiende el alcance de la derogación a la anulación de las sentencias impuestas con base en este precepto. En el otro lado, mantiene intacto las penas a acciones que limiten el derecho a la huelga o la libertad sindical mediante engaño o coacción. Para estos últimos se mantienen los castigos de prisión se elevan hasta tres años. (El Mundo)

La reforma de la sede de Podemos se licitó por 649.000 euros y terminó costando más del doble, 1,3 millones de euros, pero –según explico el pasado 20 de noviembre al juez que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada Andrea Deodato, gerente de Compras y Servicios del partido– el arquitecto que dirigió la polémica rehabilitación trasladó al partido que ese precio «estaba bastante por debajo del valor de mercado». (La Razón)

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma ‘Más Plurales’, han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual de la Lomloe, conocida como ‘Ley Celaá’, toda vez que advierten que “no se callarán ni se quedarán de brazos cruzados si finalmente se aprueba” en el Senado. (La Razón)

La Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, ha emitido una consulta vinculante, que es ley, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que, en contra de la Ley del IVA y de lo que venía dictando, permite recuperar el IVA atrapado en un concurso en otro Estado de la UE. Este cambio de doctrina obligará al Fisco a devolver este IVA de los últimos cuatro años no prescritos y tendrá un importante efecto en las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, la mayoría, grupos hoteleros como Iberostar, Meliá, Riu o Grupo Garden, entre otros. Además, impactará beneficiosamente en las insolvencias de grupos turísticos y de otros sectores con intereses en varios Estados miembros en plena crisis del Covid-19. En juego, cantidades millonarias: en el caso de Thomas Cook, el grupo facturaba en España 4.000 millones de euros, lo que podría suponer un IVA de hasta 400 millones. (Expansión)

Actualmente la recaudación por el IRPF supone un 7,5% del PIB. Derogar la reforma de 2013 elevará el gasto al 17% del PIB en 2050. El traspaso de fuentes obligará a contribuir al Sistema con impuestos. (El Economista)

Las organizaciones agrarias recuerdan que los ingresos del sector están cayendo por el Covid y critican que la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple. (ABC)

Bruselas autorizará el producto dos días después de que la EMA lo recomiende. Las primeras dosis pueden inyectarse en la última semana del año. (Cinco Días)

El beneficio de Pfizer caerá el 3% pese a la vacuna. (El Economista)

Once meses después de su salida de la presidencia de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa ha fichado por la cadena hotelera Hesperia como asesor senior. “Su incorporación es un paso más para afianzar la compañía de cara al futuro, y sin duda, la aportación y la experiencia de Jesús al grupo supone un salto de calidad para nosotros, por lo que nos sentimos muy contentos de que haya apostado por nuestro proyecto”, aseguró Jordi Ferrer, consejero delegado del grupo inversor Hesperia. (Cinco Días)

España logra un hito al situar a uno de sus ciudadanos en el tribunal de 25 sabios que arbitrará todas las disputas entre Reino Unido y la UE. El catedrático español Javier Díez-Hochleitner Rodríguez será una de las 25 personas que formarán parte del Tribunal Arbitral establecido por la Unión Europea y Reino Unido para resolver todas las disputas que surjan entre ambas partes una vez que este país abandone la UE. España logra así un éxito diplomático al conseguir situar a uno de sus ciudadanos en un órgano que va a ser vital para el desarrollo de las relaciones entre la UE y Reino Unido cuando, a partir del 1 de enero del próximo año, se materialice su separación, dentro del proceso conocido como Brexit. (Expansión)

Indignación en la CEOE por una nueva «decisión personalista» de su presidente a espaldas de la junta directiva. En abril aseguró que la exministra no cobraría en la Fundación. (La Razón)

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha parado el reloj en su análisis de la gran fusión entre CaixaBank y Bankia para realizar un amplio requerimiento de información a los grupos implicados y al Banco de España. Su propósito es conocer si la operación daña la competencia en algunos segmentos de negocio específicos. El supervisor recibió el pasado 25 de noviembre el proyecto por parte de las cúpulas de ambos bancos. Esta notificación inició el plazo legal de un mes para una evaluación en primera fase por parte de la Dirección de Competencia que dirige Beatriz de Guindos. No obstante, los técnicos de la CNMC han dejado este plazo en suspenso hasta acceder a toda la información que consideran necesaria para hacer su trabajo. (El Mundo)

El fondo de inversión australiano First State Investments, rebautizado recientemente como First Sentier Investors, y la gestora francesa Infravia están en la puja para la toma de una participación minoritaria en el accionariado de una nueva filial de fibra óptica (FiberCo) de Euskaltel, según confirman a EXPANSIÓN distintas fuentes financieras.   (Expansión)

Hasta el pasado mes de septiembre, ING era una de las pocas entidades que no contaba con la hipoteca fija en su catálogo de productos. En pleno crecimiento de la contratación en este segmento, la entidad lanzó su préstamo fijo hace tres meses con una TAE (tasa anual equivalente, que recoge todos los gastos) del 2,45%. Ahora, ING reduce el precio hasta el 2,27% para competir con las mejores ofertas. A cambio, la entidad exige la domiciliación de nómina y la contratación de los seguros de hogar y vida. Unos requisitos básicos que se sitúan por debajo de las exigencias de vinculación de algunas de las hipotecas más agresivas del mercado. (Expansión)

Bankinter mantiene su proyecto de sacar a Bolsa Línea Directa en el primer semestre, según una interpretación de la misiva del martes del BCE, aunque la última palabra la tiene el supervisor. (Cinco Días)

La agencia de seguridad aérea recibirá las quejas. (El Economista)