(Exclusivas de la prensa de papel 18/06/2021) Bruselas remarca la «necesidad de preservar la reforma laboral de 2012»

El rotundo aval que el miércoles recibió el Gobierno desde Bruselas al plan de recuperación llegó con un mensaje igualmente tajante -aunque mucho más discreto- sobre la dirección que debe tomar una de las reformas clave para acceder a los fondos, la del mercado laboral. Una vez desbloqueado el acceso a los fondos, la Comisión ha sido mucho más clara de lo que había sido hasta el momento y ha dejado por primera vez por escrito y sin lugar a dudas su negativa a que se dé marcha atrás a la reforma laboral de los años 2012 y 2013. (ABC)

Bruselas da por hecho que España tendrá peajes desde 2024. El informe de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación asegura que el Gobierno introducirá en la Ley de Movilidad el mecanismo de pago por uso para poder implantarlo desde ese año. (La Razón) (El Economista)

La banca quiere firmar la paz con el Gobierno en medio de los EREs anunciados y tras la polémica por los altos salarios de los directivos en plena crisis económica. Además, el sector busca recuperar parte de reputación perdida. Para lograr estos objetivos, las entidades preparan un documento conjunto que, salvo sorpresas, presentarán en julio y que ha sido consultado con el Ministerio de Asuntos Económicos. En este informe quieren destacar la labor positiva que han realizado para la sociedad durante la crisis de la covid y comprometerse a mantener principios de responsabilidad social en la próxima recuperación económica de la que quieren ser partícipes. (El País)

El Gobierno ha cedido a la presión de la escalada de la factura de la luz, las exigencias de los consumidores y las propias demandas internas, y trabaja ya en una inminente rebaja del IVA que abarate el recibo. EL MUNDO adelantó ayer que el Ejecutivo ya no descartaba esta medida, y durante el mismo jueves los hechos se precipitaron: fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a este periódico el notable cambio de discurso y adelantaron que los trabajos ya están iniciados. La propia ministra Montero explicó que el Ejecutivo está revisando «todos los componentes de la factura, incluido el componente fiscal». Y desde el Ministerio profundizan: se están estudiando «qué medidas fiscales son más eficaces, eficientes y rápidas para permitir bajar la factura de la luz», incluida, por supuesto, la rebaja del IVA. (El Mundo)

Creciente presión a Ribera para acelerar la reforma eléctrica. La cascada de sucesivos máximos en los precios de la electricidad, muy intensa en junio, está desatando la presión sobre el Gobierno para que acelere la reforma eléctrica y logre abaratar la factura de la luz. El titular de Consumo, Alberto Garzón, exigió ayer la bajada del IVA en la factura, y la ministra de Hacienda admite que se estudia la medida. Podemos, además, presiona para que la reforma planteada, que podría reducir el recibo un 15%, se aplique por decreto y tenga efecto inmediato. (Cinco Días)

El decreto antidesahucios, las moratorias en los arrendamientos, el temor a las ocupaciones, las restricciones, el teletrabajo... El coronavirus ha provocado importantes cambios en el mercado del alquiler en el último año y medio. Muchos inquilinos han tenido que adaptarse a las dificultades derivadas de la crisis económica y, entre los propietarios, se ha generado cierta sensación de inseguridad y desprotección que les ha vuelto más cuidadosos a la hora de elegir a quién y cómo alquilar sus viviendas. Como consecuencia, los inmuebles tardan más en alquilarse y los requisitos para elegir al arrendatario se han endurecido. (El Mundo)

El precio del alquiler ya cae en las seis comunidades tensionadas por precio. PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un principio de acuerdo para congelar las rentas del alquiler durante un plazo de tres años en las zonas de mercado tensionadas. El problema de esta medida, según apuntan desde el sector inmobiliario, es el que el precio del alquiler ya está abaratándose precisamente en las seis comunidades autónomas que podrían considerarse tensionadas. (El Economista)

La Comisión de Hacienda del Senado ha reactivado la subida del impuesto de matriculación que entró en vigor en enero y que congeló el Congreso, lo que supone un golpe al automóvil, que se encarecerá de nuevo entre un 5% y un 10% –entre 800 y 1.000 euros, según el sector– en un momento en el que las matriculaciones se sitúan casi un 40% por debajo de niveles previos a la pandemia. Dos enmiendas del PSOE y de la Izquierda Confederal, con mayoría suficiente en la Cámara Alta, devuelven el impuesto al alza que llevaban los Presupuestos. La Comisión de Hacienda votó ayer la ponencia, que incluye una enmienda que suaviza el golpe fiscal que asesta la ley a los pactos sucesorios. (Expansión)

La Dirección General de la Policía elaboró un informe en 2015 para el Ministerio del Interior en el que defiende la compatibilidad de la actividad privada de José Manuel Villarejo con su función como comisario. Este documento, al que ha tenido acceso elEconomista, pone en entredicho las citaciones como investigados de los presidentes de Repsol, Antonio Brufau, y de la Fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé, por un presunto delito de cohecho por la contratación de un funcionario para realizar labores de inteligencia corporativa. La Policía aseguró que Villarejo no necesitaba ni autorización. (El Economista)

UniversalPay, compañía de Evo Payments y antiguo socio de Banco Popular en los servicios de pago con tarjeta en comercios en España, ha demandado a Banco Santander por incumplir uno de los puntos de su contrato referente a la exclusividad de este servicio y le solicita 1.000 millones de euros a modo de compensación, tal y como ha podido confirmar elEconomista. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este medio, la demanda fue admitida a trámite hace unas semanas por el juzgado de primera instancia número 81 de Madrid, que ha fijado la audiencia previa para el próximo 16 de diciembre de 2021. (El Economista)

BBVA lanza la suscripción de servicios financieros a la carta para impulsar las contrataciones y la partida de ingresos. El banco ha puesto en marcha esta semana Pack Viajes, un servicio digital pensado para los desplazamientos al extranjero. Coincidiendo con el inicio del verano y las menores restricciones a la movilidad y al turismo por el avance de la vacunación, Pack Viajes pondrá a disposición de los clientes un catálogo de servicios que podrán contratar según sus necesidades. (Expansión)

Lightsource bp, filial especializada en energías renovables controlada por el gigante petrolero británico BP, ultima la adquisición de una gran cartera de proyectos en España a Grupo Jorge, que podría superar los 700 megavatios en fotovoltaicas. El desarrollo de estos proyectos estaría valorado entre los 400 millones y los 500 millones de euros, explican fuentes del sector, lo que convertiría la operación en una de las más relevantes de los últimos meses en el mercado de renovables en España. (Expansión)

Después de un año de “resistencia” de la cervecera gallega, que cerró con unos ingresos en línea con el sector (480 millones, -10%), beneficios de 53 millones (30% menos) y creando empleo (1.250 trabajadores), Hijos de Rivera, la corporación familiar en cuarta generación, tiene todo preparado para espolear su crecimiento. Su consejero delegado, Ignacio Rivera Quintana, bisnieto del fundador de Estrella Galicia –José María Rivera Corral– desgrana ese plan, que contempla inversiones de al menos 400 millones de euros a cinco años –se duplicarán en caso de lograr fondos Next Generation–. Ese plan sigue fiel a su estrategia de crecimiento orgánico, con la mira en el mercado internacional y reforzándose en España con una nueva planta. (Expansión)

Rovi prevé disparar el volumen de su negocio con el desarrollo del contrato firmado con la farmacéutica Moderna para fabricar las vacunas contra el Covid. El laboratorio estima que en los próximos años podrá producir hasta 1.400 millones de viales, lo que supondrá triplicar la fabricación para terceros que tiene actualmente. Con el desempeño del citado contrato, Rovi podría ya en 2023 multiplicar por 2,5 veces el ebitda (beneficio bruto) obtenido en 2018 y llegar a los 160 millones. (Cinco Días)

El Covid-19 ha pasado factura a España en muchos aspectos, pero también en su competitividad. El país cae tres posiciones, hasta el puesto 39, en el Ranking de competitividad mundial del IMD, compuesto por 63 países. Un descenso tras el cual están, entre otras cuestiones, la falta de recursos para hacer frente a la pandemia y el desarrollo de políticas erróneas en el apoyo a los sectores más afectados por la crisis”, detalla el informe. Esto se observa en la caída de dos de los cuatro indicadores analizados: el rendimiento económico se desloma 11 puntos y la eficiencia gubernamental, cinco puntos. La eficiencia empresarial sube tres posiciones y las infraestructuras se mantienen. (Cinco Días)

La crisis diplomática que desencadenó Rabat en marzo al suspender relaciones con la Embajada de Alemania está repercutiendo en la ayuda bilateral que la mayor potencia de la Unión Europea destina al desarrollo de Marruecos. La interrupción de relaciones también afecta a la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) y al Banco Alemán de Desarrollo (KfW), según confirmó un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán a este diario. Ese choque con los dos organismos implica que casi todas las operaciones de Berlín en el ámbito del desarrollo y la cooperación se están viendo “afectadas por la política unilateral de Marruecos”. El portavoz alemán precisó que algunos proyectos se encuentran “completamente suspendidos”. (El País)

Jamal Mouna (activista rifeño): «Con Hasán II, os violaríamos». El ex preso político recibe a EL MUNDO en un lugar seguro tras haber llegado a España en enero. Su idea de Estado para Marruecos está fuera de aceptar el régimen tiránico que –sostiene– la monarquía ha instaurado. Jamal Mouna deja claro que no defiende un movimiento separatista ni independentista en el Rif. «‘Ahora te vamos a enseñar lo que es la Constitución bastardo’, gritó el comisario Issam de la Policía de Alhucemas. ‘Con Hasán II estaríais aniquilados, hijos de españoles, bastardos, os hubiéramos violado con vuestras madres delante’, gritaban». (El Mundo)

La salida del Govern de la Generalitat de la parálisis política permite a Moncloa recuperar la «agenda catalana» de Pedro Sánchez para intentar resolver el «conflicto político» en Cataluña. La aprobación de los indultos es inminente y se producirá antes de una reunión bilateral entre el presidente y Pere Aragonès. Está previsto que la «mesa de diálogo» se active ya después del verano. Pero en Moncloa creen que Esquerra tiene antes que «poner en orden» su Govern. (La Razón)

El juez Manuel García-Castellón imputó ayer por malversación y prevaricación al comisario retirado José Luis Olivera, quien fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hasta 2012, por su supuesta implicación en las maniobras para boicotear el caso Gürtel. El magistrado lo investiga en el marco del caso Kitchen, el presunto espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación comprometedora para el PP y evitar que llegara a la Audiencia Nacional. La decisión del magistrado llega después de que Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF encargado de investigar la red de corrupción Gürtel, contase el martes cómo sus superiores intentaron torpedear las pesquisas. Según su testimonio, Olivera, que actualmente es asesor de la Federación Española de Fútbol, trató de comprarle con el traslado a un destino mejor remunerado. (El País)

El juez Manuel García Castellón sostiene que la operación Kitchen fue un éxito y que la Policía sustrajo «información y documentación» tras acceder al menos a uno de los inmuebles de la familia Bárcenas. Asimismo, sostiene que el material sustraído se encuentra a día de hoy en poder de algunos mandos policiales que se niegan a poner a disposición de la Audiencia Nacional. (El Mundo)

El inspector de la Caja B declaró que un excargo de Cospedal accedía a sus informes. Manuel Morocho incluyó en un anexo de un oficio policial los nombres de los perceptores de sobresueldos del Partido Popular. (La Razón)

José Manuel Villarejo urdió un plan para que una juez creyera que la había grabado, según consta en una carta del preso Alfonso Pazos, quien según Anticorrupción actuaba como «intermediario» del comisario. Se trata de la que fuera juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, quien se encargaba del «caso del ático» de Ignacio González. (La Razón)