Exclusivas de la prensa de hoy
Ayer se produjo uno de los episodios más tristes de la historia de España. El Congreso aprobó la ley de eutanasia, que abre la puerta -como ha ocurrido en otros países- a que en el futuro sea el Estado el que decida quién debe seguir viviendo o no.
Estas son las exclusivas del día:
El Tribunal Supremo se mostrará a favor de investigar la gestión de la pandemia aunque no abrirá causa penal contra los miembros del Gobierno. El Alto Tribunal ultima la redacción del auto que debe dar respuesta a la veintena de querellas que se interpusieron contra miembros del Ejecutivo de coalición por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, la Sala de lo Penal entiende que hay hechos denunciados por algunos querellantes que deben ser investigados por apreciarse indicios de posibles delitos y, en consecuencia, planea dejar en manos de los órganos judiciales competentes las correspondientes investigaciones. En contraposición, el tribunal no prevé abrir procedimientos penales contra los aforados, es decir, contra los ministros y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como se solicitaba en las querellas. (El Mundo)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer dirigirse al Congreso de los Diputados para que recabe su opinión, la de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa), las asociaciones judiciales y fiscales y otros operadores jurídicos sobre la reforma que limita sus funciones. El órgano de gobierno de los jueces considera que el hecho de que el PSOE y Unidas Podemos hayan presentado una proposición de Ley para evitar que el Consejo no pueda efectuar nombramientos con el mandato prorrogado «afecta al núcleo esencial de funciones de este órgano constitucional». Este acuerdo fue suscrito por 16 votos, lo que lo convirtió en un texto de consenso frente a las intenciones del Ejecutivo, según informan fuentes jurídicas. Cinco vocales votaron en contra. (El Mundo)
El Partido Popular pondrá hoy todas sus cartas sobre la mesa para introducir un cambio en la «ley Celaá» que permita retrasar su acelerada tramitación y se detenga así el «rodillo» del PSOE y sus socios. ¿Cómo lo van a hacer? Introduciendo una modificación al texto, concretamente, que la asignatura Cultura Clásica sea de oferta obligada en algún curso de la ESO. Los populares lo harán a través de las llamadas enmiendas transaccionales (es decir, cambios al texto fruto del acuerdo de varios partidos, en este caso con la izquierda y Junts per Catalunya, entre otros) y que obligaría al texto a retornar a la Cámara Baja. Y es que si la norma saliera sin cambios del Senado se convertiría en ley automáticamente, previa publicación en el BOE. (ABC)
La repetición del juicio de Bateragune no es sólo un derecho de Arnaldo Otegi y el resto de procesados. También lo es de las víctimas que les acusaron de pertenencia a una organización terrorista. Así lo sostiene el Tribunal Supremo en la sentencia en la que expone los motivos que el lunes le llevaron a ordenar a la Audiencia Nacional la repetición de la vista contra el líder de EH Bildu. El Pleno de la Sala de lo Penal considera «imprescindible» que la Justicia dicte una sentencia «válida» sobre la pertenencia de los acusados a una organización terrorista. Explica que la consecuencia de la nulidad de la primera sentencia por la falta de imparcialidad apreciada por Estrasburgo debe ser la celebración de una nueva vista. (El Mundo)
La reforma de la sede de Podemos en la madrileña calle Francisco Villaespesa costó más del doble del precio de licitación, pero algunos contratistas que participaron en las obras de rehabilitación explicaron al juez que investiga la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias que les rechazaron algunas partidas para no incrementar el presupuesto. (La Razón)
La pugna interna en el Gobierno a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV) promete volver a convertirse en una batalla de primer orden en la coalición. El vicepresidente Pablo Iglesias busca redoblar su ofensiva contra el ministro de Seguridad Social para lograr que esta renta llegue a más familias de las 160.000 que actualmente lo reciben y, más allá de los ajustes burocráticos que planean en el departamento de José Luis Escrivá, la idea es un cambio más profundo que amplifique el impacto de esta renta mínima. (ABC) (El Economista)
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha empezado a mover ficha para tumbar la reforma laboral con la oposición de Calviño. Tras ver cómo Calviño o el ministro Escrivá se personaban una y otra vez en la capital belga, ella misma viajó ayer por primera vez al cuartel general de Ursula von der Leyen en busca de información de primera mano, perspectiva y, sobre todo, aliados. Y se llevó a sus primeros espadas: el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. (El Mundo)
El INE anunció ayer nuevos datos de su serie de contabilidad regional desde 2017 y revisa al alza los de la Comunidad de Madrid, de modo que ésta se confirma como primer motor del país ya desde aquel año del referéndum ilegal del 1 de Octubre. Hasta 2016, la comunidad más potente era sistemáticamente Cataluña, aunque Madrid venía acortando distancias. El INE da desde ayer por definitivo que el PIB regional de Madrid (222.027 millones) superó por primera vez en 2017 al de Cataluña (221.476) y avanza cálculos que muestran que, hasta 2019, la brecha entre ambos territorios no ha dejado de crecer. En 2019, Cataluña alcanzó 236.813 millones de Producto Interior Bruto, mientras que Madrid rebasó los 240.000 millones, un listón inédito para una comunidad autónoma en España. (El Mundo)
La UE aprueba una nueva directiva que abre la puerta a que las empresas europeas de consumo se enfrenten en el futuro a reclamaciones colectivas y multimillonarias como las sufridas en EEUU por Apple, J&J o Volkswagen. (Expansión)
Herbert Diess, consejero delegado de Grupo Volkswagen, visitó a Pedro Sánchez el pasado 26 de noviembre para explicarle que VW planea seriamente y tiene el modelo de negocio hecho para fabricar los modelos eléctricos pequeños de las marcas VW, Seat y Skoda en España. Se trataría de los modelos a pilas que han de sustituir a los Seat Ibiza y Audi A1 que se hacen en Martorell (Barcelona) y al VW Polo que se ensambla en Landaben (Pamplona). La industrialización de este gran proyecto, que garantizaría grandes volúmenes para abastecer a toda Europa, sería materializada por Seat, que es quien pilota las operaciones del consorcio alemán en España. (El Mundo) (Expansión)
Iberia está negociando con los laboratorios (Pfizer, Moderna, AstraZeneca...) y el Ministerio de Sanidad para entrar en la distribución de las distintas vacunas tanto a España como a nivel internacional. "Estamos en conversaciones con las farmacéuticas para conocer los detalles del servicio que necesitan, los requisitos, y así ver qué ofrecer tanto para importar como para exportar las vacunas. Todavía no hay nada cerrado", explican fuentes del grupo a este diario. (El Economista)
Las pérdidas de 2020 darán paso a ganancias de 2.300 millones en dos ejercicios. (El Economista)
Conectará en el centro de Sopelana el nuevo cable Grace Hopper. El movimiento llega en un momento de gran atención inversora. (Cinco Días)
Iberdrola aumenta su apuesta por la eólica off shore y por la zona del Báltico, uno de los corredores marítimos de Europa que capta la mayoría de estas inversiones, junto con el Mar del Norte y las aguas frente a las costas de Francia. El grupo que preside Ignacio Galán ha reforzado su anclaje en el mar Báltico al desembarcar en Polonia con la compra del 50 % de la promotora Sea Wind, que tiene en cartera siete proyectos de eólica marina que suman una capacidad de 7,3 GW. La operación está abierta a la entrada de socios locales. (Cinco Días)
Prevén producir unas 9.000 toneladas al año. Permitirá cubrir el consumo local y la inyección en la red gasista. (Cinco Días)
Moncloa aprueba el martes el plan de choque para la hostelería. (El Economista)
David Ruiz de Andrés (Grenergy): "En 2021 tiene sentido hacer una ampliación de capital". (El Economista)
Las empresas con intereses bilaterales en España y Reino Unido mantienen una frenética carrera de transacciones corporativas contrarreloj para evitar las incertidumbres del Brexit y las complicaciones que este complejo proceso político y económico va a tener a futuro. En apenas unas semanas se han anunciado operaciones en los dos sentidos, de Reino Unido a España, y viceversa, que superan ampliamente los 3.000 millones de euros. Si a esa cifra se añaden los 38.000 millones de euros en los que está valorada la fusión de 02, filial de Telefónica en Reino Unido, con Virgin Media, filial en ese país de Liberty, la cifra escala a niveles récord. (Expansión)
Las entidades más agresivas eliminan comisiones, reducen los requisitos de vinculación y bajan los tipos de los préstamos a los perfiles más solventes en el tramo final del año. (Expansión)
Juan Carlos I ha decidido no regresar a España estas Navidades, como era en un principio su intención, y volver a plantear su vuelta más adelante. Como ya informó este diario, la decisión solo se entiende como un esfuerzo para no interferir en el discurso de Navidad que Don Felipe pronunciará dentro de 6 días. Fuentes del entorno de Don Juan Carlos aseguran asimismo que todo parece indicar que a partir de ahora Don Juan Carlos limitará sus pronunciamientos para ayudar a despejar tensiones en la opinión pública que puedan hacer que el mensaje de unidad que lanzará el Rey a toda la nación pierda intensidad. La cuestión del retorno del padre de Don Felipe queda, por tanto, aplazada para después de las fiestas permaneciendo en valor la premisa que guió su salida en agosto y que primará de nuevo en la materialización de su regreso, es decir: nada se hará sin el consentimiento del actual Jefe de Estado para que, siguiendo el ejemplo de abnegación que Don Juan de Borbón dio a Don Juan Carlos durante la transición, en todo momento prevalezca el interés de la Corona y la fidelidad a su misión de servicio a España. (La Razón)
La ministra principal del Gobierno autónomo no descarta ir a los tribunales si Londres no permite otro referéndum de independencia. (El País)