(Exclusivas de la prensa de papel 2/11/2023) La Mesa del Congreso se expone a una prevaricación si tramita la amnistía

Según juristas consultados por LA RAZÓN, todo dependerá de la redacción final del texto y de sus similitudes con la propuesta que se rechazó en 2021. (La Razón)

El Gobierno lo ha planeado minuciosamente. Todos los obstáculos que está en su mano remover han sido neutralizados con cuidado. La ley orgánica de amnistía con la que Pedro Sánchez comprará el apoyo del independentismo a su investidura tiene ya al menos el primer tramo del camino despejado. El plan que podría registrarse hoy mismo en el Congreso será una proposición de ley, aun cuando haya sido auspiciado por miembros del Ejecutivo, a fin de no tener que topar con los informes preceptivos de los órganos constitucionales –Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal– y, además, tendrá como primer avalista para ser admitido a trámite por la Mesa del Congreso a un nuevo secretario general y letrado mayor de la Cámara, con marchamo socialista, propuesto por la presidenta Francina Armengol y cuyo nombramiento será aprobado mañana por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara. (El Mundo)

El texto que promueven los aliados de la investidura se justificará en favorecer la convivencia en Cataluña dentro de la legalidad vigente. (El País)

Llamadas del mando a segundos niveles para que no se rompa el guión. «Quien critica está con la derecha». (La Razón)

Según varias fuentes participantes en las negociaciones a las que ha tenido acceso EL MUNDO, la tensión por este apartado ha desembocado en un acercamiento hacia esta fórmula, que debería ser la responsable de validar si Sánchez está cumpliendo el acuerdo con Junts. En este sentido, de sus informes dependería durante la próxima legislatura que el partido de Puigdemont apoye los presupuestos del Gobierno y el futuro de Sánchez estará en todo momento en manos de esta fórmula. Porque, aunque se haya abierto un canal de comunicación y diálogo, sigue existiendo desconfianza entre las partes. De ahí que una parte quiera verificación y que la otra quiera «garantías», sellar un «acuerdo de legislatura» que le garantice la gobernabilidad y evitar el peligro de que el Ejecutivo pueda caer a las primeras de cambio. (El Mundo)

En el camino poselectoral ha aparecido incluso una subcarpeta, la de la exigencia del cumplimiento de las inversiones pactadas en los Presupuestos Generales del Estado, como la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital o el pago de deudas pendientes para la financiación de los Mossos d’Esquadra. (El Mundo)

Los ingresos públicos caen un 0,6%, pero los tributarios crecen más de un 3%. Por Sociedades se ha ingresado un 11% más. Los impuestos especiales y temporales logran una recaudación de 3.892 millones. (La Razón)

El aterrizaje del IPC pone en la diana la rebaja del IVA de los alimentos. El Gobierno determinó que si la inflación subyacente bajaba del 5,5% en septiembre la medida sería eliminada; lo ha hecho en octubre. (ABC)

Considera que hay que revisar su diseño para que la asignación de fondos pase a ser realmente eficiente. (La Razón)

Busca desarrollar un artículo de la Constitución que recoge que “se establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. (El País)

«Lo normal en este tipo de operaciones es avisar previamente a los accionistas de la empresa implicada. No se entiende que no se haya hecho», explican a EL MUNDO fuentes cercanas al accionariado de Telefónica. En el caso del operador, se trata además de una situación reincidente, ya que la inversión saudí también pilló por sorpresa al máximo órgano de la compañía. (El Mundo)

La SEPI busca un 'caballero blanco' con el que entrar en Telefónica. El brazo industrial del Estado confirma al supervisor su intención de explorar vías para contrarrestar la participación de la saudí STC en la operadora. Renace el sueño socialista de la creación de un gran grupo de las telecos y la defensa bajo el paraguas público. (ABC)

Europa da un golpe al núcleo del negocio de Facebook e Instagram. (La Vanguardia)

Así son las 14 subidas de impuestos que el Gobierno prevé activar el 1 de enero. El Ejecutivo ha anticipado a Bruselas que en 2024 espera obtener ingresos tributarios y por cotizaciones sociales adicionales por 7.400 millones y asumir rebajas impositivas por valor de 846 millones. (Expansión)

Zegona propone retomar la fusión de Vodafone España con MásMóvil. Al nuevo propietario de Vodafone le interesa mucho unir su ‘teleco’ con MásMóvil porque las grandes sinergias entre ambas harían mucho más rentable su inversión española. (Expansión)

Nestlé, PepsiCo, Unilever y P&G desaceleran el aumento de precios. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever o P&G siguen subiendo tarifas, pero al nivel más bajo en dos años y, en general, por debajo del doble dígito. La moderación es menos intensa en Europa. (Expansión)

Los socios de MCH negocian la recompra del 25% de Eurazeo. Los socios de MCH volverán a tener el 100% de la gestora tras cuatro años de alianza con el fondo galo. (Expansión)

La banca venderá este año casi 12.000 millones en activos tóxicos. Las entidades españolas limpian sus balances de cara al previsible aumento de la morosidad que se espera para el próximo año. (Expansión)

Michael O’Leary: “Las tarifas de Ryanair subirán este invierno, pero por debajo del 10%”.

Telefónica llega a su Día del Inversor marcada por la presión de SEPI y STC.

Zegona ahorrará 300 millones al año por los pagos por servicios de Vodafone.

Metric cancela la venta de la antigua Páginas Amarillas.

Sacyr venderá hasta el 100% de sus autopistas en Colombia.

Repsol se alía con Lizarran y lanza 50 puntos de venta en sus gasolineras.

La hostelería quiere un plan de pensiones para el sector.

Via Célere avanza en su liquidación: pone a la venta suelos para pisos.

Zegona estudiará la venta de la red fija de Vodafone para sanearse.
 

"En España tenemos el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, y evidentemente el órgano de gobierno de los jueces tiene que estar nombrado de manera que se demuestre que luego la administración de la justicia es verdaderamente imparcial. Lo importante de la Justicia es que se administre correctamente y que se vea, porque sino se pierde la confianza en el sistema. Empiezas a ver a jueces que en realidad piensas que son políticos con toga y se produce una tremenda erosión de la confianza en el sistema. Aún así en España la situación es muy buena pero hay que cuidar al Estado de Derecho para que nos cuide a nosotros". (El Mundo)

La anterior legislatura, que acabó el 28-M con el desalojo de la izquierda de la Generalitat Valenciana, estuvo marcada por la pandemia y el descontrol con los contratos Covid. La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera de la Generalitat y sus organismos dependientes, ya llamó la atención sobre las múltiples irregularidades cometidas en 2020 por el anterior gobierno de Ximo Puig. El abuso de la vía de emergencia para la adjudicación de contratos contra la pandemia derivó en la imposibilidad de verificar su efectiva ejecución o en la falta de justificación por escrito de pagos a terceros, que se hicieron sin expediente. Sin embargo, esta práctica no solo se circunscribió a los meses críticos de la pandemia, sino que en realidad se extendió a lo largo de toda la legislatura. (El Mundo)

La presidenta de Extremadura reconoce que «sus principios siguen intactos» a pesar de haber tenido que ceder y aliarse con los de Abascal para transformar su tierra. (ABC)

Escrivá no convence a las autonomías con el reparto de inmigrantes de Canarias. (La Razón)

Los daños colaterales de la oleada migratoria en Canarias: "Los veleros no llegan porque el puerto está ocupado por los cayucos"
La enorme carga migratoria que sufre Canarias afecta sobre todo a la pequeña El Hierro. Hablan sus hosteleros, golpeados por la imagen que se proyecta de la isla: «Llegué hace seis años y hasta hace dos y medio no vi el primer cayuco. Ahora estoy habituadísimo, vienen hasta tres y cuatro al día». (El Mundo)

La Generalitat acepta 900.000 euros de ayuda para renovar su fondo bibliográfico a condición de que el 50% de los nuevos ejemplares sean en español. (ABC)