Exclusivas de la prensa de hoy
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14 de febrero. Ahora, deberá tomar una decisión antes del 8 de febrero, fecha que se daría en plena campaña electoral.
Estas son las exclusivas del día, empezando por las económicas:
Un nuevo pulso autonómico se une al que ya existe en el terreno sanitario contra el Ministerio de Sanidad y complica al Gobierno el control de los fondos europeos. Se trata de la primera Conferencia Sectorial sobre el plan que hay que presentar a Bruselas a cambio del dinero y que desató quejas generalizadas entre comunidades del PP, socialistas y nacionalistas ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El propio presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se unió inusualmente al encuentro telemático para protestar. Montero tuvo que retirar su propuesta de reglamento de funcionamiento de este foro, pero advirtió de que las CCAA tendrán influencia limitada en el plan: «Tendréis que cambiar de chip». «Tenéis que cambiar el chip», llegó a decir Montero a los consejeros, en tono suave, pero firme. Y admitió que ella misma también ha tenido que «cambiar de chip» al ver la clara condicionalidad de los fondos europeos y el poder limitado que tendrá el propio Gobierno español para diseñar las reformas e inversiones que reclama la UE. En todo caso y ante el reproche de Aragonés, Montero llegó a recordar que el poder sobre el plan lo tendrán Bruselas y «el Congreso de los Diputados». (El Mundo)
Las autonomías fuerzan a Hacienda a darles más poder en los fondos europeos. Fuentes autonómicas aseguraron a LA RAZÓN que Montero «no ha dado respuesta útil» a las cuestiones planteadas. «Hay una unanimidad de las autonomías en la falta de información ofrecida. La conferencia no ha tenido ninguna utilidad», advirtieron las mismas fuentes. (La Razón)
La pandemia del Covid-19 ha llevado a millones de españoles a cambiar el centro de trabajo habitual por su vivienda en los últimos meses, incluyendo a trabajadores por cuenta propia que han ejercido su negocio desde casa, al menos temporalmente. Aunque la normativa habilita a que los autónomos puedan deducirse casi un tercio de los gastos del hogar por la parte correspondiente del mismo que se destine a la labor profesional, Hacienda acaba de denegar al colectivo esta ventaja fiscal en los casos relacionados con la situación causada por el virus alegando que se trata de una situación “ocasional y excepcional”. Así acaba de determinarlo la Dirección General de Tributos en respuesta a una consulta vinculante realizada por una trabajadora por cuenta propia. (Cinco Días)
Las empresas, obligadas desde hoy a actualizar contratos por el teletrabajo. Las empresas están obligadas a modificar los contratos de sus trabajadores y a actualizar acuerdos para adaptarse al decreto que regula el teletrabajo. Estos cambios supondrán un marco de referencia para cuando acabe la pandemia. (Expansión)
La Seguridad Social apuesta porque la revalorización de las pensiones futuras esté ligada a una media de la inflación de varios años. En esta línea ha propuesto en la mesa de la negociación con los agentes sociales dos fórmulas: la primera sobre la media de cinco años y la más reciente, sobre tres, según explican a eE varias fuentes conocedoras de los detalles de la negociación. Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de la Seguridad Social declinan hacer comentarios sobre las negociaciones en curso. (El Economista)
El verano acabó con 3,374 millones de trabajadores en la Administración. La meta era reducir la temporalidad al 8% en 2020 pero se ha disparado al 27,9%. (ABC)
Hasta 70 compañías turísticas se unen en un gran proyecto tractor presentado el martes al Ministerio de Industria. (El Periódico)
El sector de la hostelería ultima la primera demanda millonaria contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por el cierre y las restricciones derivadas de la pandemia. Un grupo de 700 empresarios de 15 comunidades autónomas tiene en marcha la interposición de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado y los gobiernos autonómicos que ascenderá, al menos, a 55 millones de euros. (El Mundo)
Espinosa de los Monteros (Vox): "Las jubilaciones no las garantiza un político, el Pacto de Toledo es mentira". (El Economista)
Pepe Álvarez (UGT): “Hay que recuperar la causalidad en todos los despidos objetivos”. Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) dirige la Unión General de Trabajadores (UGT) desde hace casi cinco años. En este tiempo no ha organizado ninguna huelga general contra el Gobierno. Pero ahora planea una campaña de movilizaciones para exigir al Ejecutivo que cumpla con las reformas sociolaborales pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos en la investidura. “Los sindicatos no tenemos dinero ni otros recursos para presionar al Gobierno, solo tenemos gente y de eso vamos a tirar”, advierte. (Cinco Días)
Fluidra debería convertirse en uno de los 35 valores del Ibex por primera vez en los próximos meses. La compañía ha tomado impulso para incorporarse al índice y, si nada lo impide, puede lograrlo de cara a la revisión de marzo o en la de junio, asumiendo que el comité que revisa el selectivo es más partidario de dilatar los cambios a las reuniones de finales de cada semestre. La firma dedicada al sector de piscinas y al wellness ha dado un salto en cuanto a liquidez y capitalización, y aspira a robar el puesto a valores como CIE Automotive, Almirall o Meliá Hotels. Sin olvidar que, en algún momento, previsiblemente durante el primer trimestre, también quedará libre una plaza al culminar la fusión entre CaixaBank y Bankia. (El Economista)
El contrato que vincula a Rovi con Moderna por la vacuna contra el Covid catapulta a la firma española. Los números evidencian un incremento del beneficio anual de forma recurrente. Si en 2019, antes de la pandemia, declaró un beneficio neto de 39 millones de euros, para 2020 ganaría 58 millones, casi un 50% más, según el consenso de mercado que recoge FactSet. (El Economista)
Sacyr y sus socios italianos y ASTM, la sociedad transalpina controlada por la familia Gavio y el fondo de infraestructuras francés Ardian, han llevado a los tribunales los concursos de dos macroproyectos de autopistas en Italia, con una valoración conjunta de más de 4.500 millones de euros. (El Economista)
OHL ha llegado a un acuerdo para recortar el saldo vivo de los bonos y captar fondos frescos con una ampliación, lo que afectará a su accionariado. Los bonistas se situarán cerca del 17% y los hermanos Amodio se fortalecerán. (Cinco Días)
Enel, accionista de control de Endesa, entra en la carrera para adquirir Western Power Distribution (WPD), la filial en Reino Unido de la estadounidense PPL Corp, en una operación que se estima en el entorno de los 14.000 millones de euros. Según informan fuentes financieras, la compañía italiana, que declinó hacer comentarios, ha contratado como asesor a Rothschild para analizar su participación en un proceso que también atrajo a Naturgy, aunque las fuentes consultadas apuntan a que su interés finalmente ha decaído. (El Economista)
Uno de los procesos de venta estrella de 2021 se complica. Se trata de la venta de la antigua Mivisa, el negocio de envases alimentarios del gigante norteamericano Crown Holdings. La valoración de 2.000 millones y el perímetro de la operación han atrancado la venta, de la que se ha distanciado el comprador favorito. Lone Star, Platinum y Onex son los que se mantienen en marcha. (Cinco Días)
Lightsource, empresa vinculada al gigante petrolero británico BP en España, ha adquirido una cartera de proyectos de 1.060 megavatios (MW) distribuidos por toda España al grupo local RIC Energy, un desarrollador de proyectos fotovoltaicos con presencia internacional. Esta es la mayor adquisición de renovables de BP en Europa hasta la fecha. Supone un movimiento estratégico del gigante petrolero británico para consolidarse como uno de los actores principales de renovables en España. Da un golpe así en la carrera que se ha abierto entre petroleras europeas en su irrupción en energías verdes, dentro del ambicioso e histórico proceso de transformación de sus negocios. Entre los grupos más activos en esa carrera están Repsol y Total, que han anunciado también ambiciosos proyectos de crecimiento de renovables en España y otros países. (Expansión)
Iberdrola y Danone han sumado fuerzas con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, Power Purchase Agreement), por el que la eléctrica suministrará luz a la compañía de alimentación con un contrato multimillonario durante una década. El acuerdo alcanzado entre las dos compañías establece que Iberdrola, grupo presidido por Ignacio Galán, suministrará energía limpia a los 29 puntos de suministro de Danone en España, durante un periodo de 10 años desde abril de 2022. El volumen de energía suministrado con este PPA alcanzará los 73 gigavatios hora al año (GWh año). Danone completará su consumo con otro contrato anual de energía verde con Iberdrola hasta los 104 GWh año. (Expansión)
Capital Energy, TSK y ahora un fondo de EE UU, son las ofertas mejor posicionadas para ser socios de la firma asturiana. La compañía venderá los derechos de sus reclamaciones para obtener liquidez. (Cinco Días)
En noviembre de 2020, técnicos del Ministerio de Universidades reunidos en charla informal con la prensa fueron muy claros: resulta “estupendo” que un fondo de inversión gane dinero con la gestión de una universidad, pero antes que nada debe de preocuparse de que sus alumnos reciban una educación superior de calidad en una institución que imparta docencia, investigue y difunda su conocimiento. Apenas dos meses después de este encuentro virtual, la Universidad Europea (UEM), que apenas investiga, negocia con su comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 275 profesores. Los despidos, si no se frena el proceso, van a llegar dos años después de que un fondo de inversión, el británico Permira, cogiese las riendas de una universidad española por primera vez en la historia. Y Permira hace también historia con su ERE, porque no ha habido otro al colectivo docente antes (la Politécnica de Madrid hizo uno a su personal de servicios en 2013). (El País)
La jugada de Sánchez con Illa tiene un riesgo sanitario importante, pero también importantes riesgos políticos. Las maniobras del secesionismo, la pandemia y la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amenazan con dejar en tierra de nadie las elecciones, y que Illa se queda, igualmente, completamente descolocado y sin crédito para gestionar la emergencia nacional a la que sigue enfrentándose España. Aunque la campaña electoral comience el 29 de enero, a la espera del pronunciamiento final de la justicia, puede alargarse meses si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepta en último término la demanda de la Generalitat. Y los toques de queda o el aumento de las restricciones son argumentos que en Moncloa temen que influyan en el clima jurídico. El TSJC analizó ayer los recursos interpuestos contra el decreto que retrasaba las elecciones autonómicas y ha decidido mantener cautelarmente la fecha del 14 de febrero. Por razones de urgencia la sala ha acelerado los trámites con la previsión de tomar una decisión definitiva, escuchadas las alegaciones, antes del 8 de febrero, ya en plena campaña. (La Razón)
El negocio bancario aún es rentable en España, aunque solo para un grupo de entidades: aquellas que operan sin ficha nacional y que lo hacen a través de sucursales. Este colectivo (en el que se encuentran ING, BNP, Société Générale o Natixis) ofrece, pese a la crisis, un retorno de capital ligeramente por encima del 10%, que es el reclamado por los inversores y por el regulador. Por contra, los doce principales bancos tradicionales registran pérdidas por la pandemia. (El Economista)
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido por todos los formatos posibles a dar cifras de las devoluciones en caliente de inmigrantes que tanto condenó desde la oposición, pero que ha seguido practicand o, y los números que acaba de revelar explican por qué. La respuesta a una pregunta por escrito formulada por el PP en el Congreso muestra que 2020 fue el año en que se batió el récord de expulsiones exprés en Ceuta y Melilla, toda vez que se ejecutaron 212 rechazos sumarios, pero durante un ejercicio de mínimos en cuanto a incursiones irregulares en ambas fronteras: 1.905. (ABC)
En un auto del pasado día 14, el juez Javier Carreño rechazó la pretensión de la defensa del vicepresidente y la ministra de Igualdad de ampliar el objeto de la imputación a Frontera. En cuanto al delito de alteración del orden público recuerda que debe producirse «una alteración del normal desarrollo de la convivencia ciudadana y del ejercicio de derechos fundamentales» mediante «actos o amenazas de violencia sobre las personas o las cosas», sin que sea suficiente «una mera alteración del orden público». Algo sobre lo que, subraya, «no existe ningún indicio que justifique el inicio de una investigación penal» por un delito de alteración del orden público al no apreciar que se viese «afectada la normalidad de la convivencia». (La Razón)
Advierte el ex ministro del Interior de que nos gobierna un nuevo Frente Popular que busca destruir los valores que nos cimientan como sociedad. Denuncia que el Gobierno de Sánchez, con la legalización de la Eutanasia y la ampliación de la Ley del Aborto, está sustituyendo nuestro orden social por otro, que «es el desorden». Para dar la batalla contra estas iniciativas legislativas, se ha constituido la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, una plataforma que reúne a un centenar de asociaciones provida para poner en marcha una alternativa cultural a la dominante. Hoy se presenta con un acto online que contará con la participación de Mayor Oreja como presidente de la Federación Europea de One Of Us, y de otras voces reconocidas como María San Gil y Alfonso Bullón de Mendoza, entre otros. (La Razón)
Como explican fuentes penitenciarias y se constata en el escrito, los internos de ETA que están siendo acercados están respondiendo con un escrito tipo a los puntos que desde el Ministerio se les reclama para poder ser acercados: «Acepta la legalidad penitenciaria, reconoce el daño causado a las víctimas, expresa su esperanza de reparar ese dolor y renuncia a la violencia», indica literalmente la nota de Interior en todos los casos acercados desde la llegada de Grande Marlaska a Interior. Fuentes penitenciarias apuntan que estos textos «siguen un mismo esquema, son todos prácticamente iguales. Hay una serie de frases clave en todos que son las que permiten armar el argumento político para proceder a su acercamiento». Insisten también estas fuentes en que la cadencia de concesión de estos cambios una vez presentado este texto no supera los tres meses. «Y cada vez va más rápido». Consideran que hay un calendario «bastante claro» para acelerar los acercamientos y, sobre todo, las progresiones de grado, antes de que sean cedidas las competencias de prisiones al Gobierno vasco, previstas para el próximo mes de marzo. (El Mundo)
El preso que ofrecía material sensible del comisario José Manuel Villarejo en sus permisos penitenciarios se reunió en secreto con el ex número dos de Interior Francisco Martínez, a quien transmitió que el antaño agente encubierto tenía en su poder abundante información sobre el ex presidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy la ex ministra de Defensa y ex secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal, además de diversa documentación comprometedora para la formación conservadora. Quería que Martínez transmitiese ese mensaje a los afectados. (El Mundo)