(Exclusivas de la prensa de papel 22/02/2021) Con el fin de los módulos, los autónomos pagarán al Estado un 50% más

El Gobierno ya trabaja en una de las principales modificaciones que experimentará el sistema de Seguridad Social en nuestro país durante la presente legislatura: la reforma del Reta para implantar la cotización por ingresos reales de los autónomos frente a los módulos actuales. Una medida con la que el Gobierno podría recaudar a través del régimen de autónomos hasta un 50% más de los ingresos que recauda por esta vía, unos 5.055,95 millones de euros más cada ejercicio. Cabe recordar de esta medida, que es uno de los principales objetivos del ministerio capitaneado por José Luis Escrivá, y más allá, se ha configurado como uno de los ladrillos de la reforma del sistema de pensiones que está abordando el Ejecutivo, ahora con los agentes sociales, y que forma parte de las medidas previstas para elevar la recaudación de la Seguridad Social. De este modo, el aumento de los ingresos del Reta pasaría de la media de los últimos años de 10.000 millones de euros, a embolsar cada ejercicio algo más de 15.000 millones de euros, equivalente al 1,25% del PIB. (El Economista)

Lorenzo amor (ATA): “En once meses he visto llorar a más autónomos que en cinco años de crisis”. (El Economista)

Uno de los mensajes más inverosímiles del actual Gobierno es que evitarán «los recortes del PP», aunque se encamina a un déficit pospandemia del doble de la media europea. De momento, la solución encontrada es la patada hacia adelante y conseguir que la Unión Europea mantenga en suspenso las reglas de ajuste del euro también en 2022 y a eso se están ya aplicando PSOE y Gobierno, entre otros de varios países miembros. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ya pudo oírlo en persona hace dos semanas de la boca de los eurodiputados socialistas presididos por Iratxe García. Los del PSOE y también los de otros países europeos plantearon a Gentiloni que debe prorrogar la llamada «cláusula de escape» también a 2022 y evitar así teóricamente tener que hacer ajustes al menos antes de 2023. Es, por cierto cuando acaba, también en teoría, la legislatura de Pedro Sánchez. (El Mundo)

«Las colas del hambre son, desde septiembre, las colas de las familias españolas sin techo», dice Conrado Giménez, exempleado de banca que dos décadas atrás alumbró la Fundación Madrina y que, cuenta a ABC, nunca pensó ver nada igual. En plena pandemia ha pasado de dar 400 comidas al mes a 4.000 al día. Y la fila sigue creciendo. En una semana en que centenares de personas se manifiestan en las calles con el pretexto de una supuesta falta de libertad de expresión en España y durante la que el Gobierno promete 12.000 alquileres de vivienda social para que personas vulnerables tengan algo más cerca un techo bajo el que dormir, la Fundación Madrina, que lidera el exempleado de banca Conrado Giménez, cita a todos, políticos y ciudadanos, en un lugar. Viernes, 10.30 horas. Plaza de San Amaro, número 4. Madrid. Ningún dirigente aparece, tampoco esos a los que se les llena la boca con una ‘agenda social’ que aquí es un mal chiste. (ABC)

Casi tres de cada diez contratos de trabajo duran siete días o menos. La pandemia se está cebando con los trabajadores temporales debido a su menor protección y sueldo. De los 604.600 empleos destruidos el pasado año, el 65% fueron de duración determinada. (ABC)

A José Luis Escrivá no le duelen prendas a la hora de usar los tan necesarios para España fondos europeos como arma arrojadiza contra los podemitas. «Estos son todos una panda de vagos», critica con ironía a las visitas con las que despacha, incluidos dirigentes políticos de otras formaciones. «A ver si éste es capaz de gestionar los 1.000 millones que le tocan». De esta manera, en plena crisis económica, cuestiona sin pudor la capacidad de Iglesias para gestionar la partida de fondos europeos que corresponderá a su Departamento. (La Razón)

Sánchez e Iglesias tratarán de salvar la Ley del Alquiler. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta semana con su vicepresidente, Pablo Iglesias, para debatir los últimos flecos de la futura Ley de la Vivienda y tratar de llegar a un acuerdo para salvar esta normativa, una de las que más quebraderos de cabeza está causando a ambas formaciones. El quid de la cuestión reside en la posibilidad de intervenir los precios del alquiler, uno de los puntos clave sobre los que giraba el programa electoral de la formación morada y uno de más polémicos ante el rechazo de casi todo el sector inmobiliario español. Una medida que, además, se da por eliminada en muchos círculos económicos y que supondría una nueva brecha entre los socios del Gobierno de coalición. (El Economista)

Capital Energy, el nuevo gigante de las energías renovables en España creado por la familia Buezas, ha pisado el acelerador para su colocación en Bolsa. El grupo, según fuentes del mercado, está agilizando todos los trámites para aprovechar cuanto antes la ventana que se ha abierto en el mercado financiero en estos momentos, donde se ha desatado un inmenso apetito por los proyectos cien por cien renovables. Compite con Acciona por ponerse en cabeza de la carrera que se ha iniciado entre diversas empresas para realizar colocaciones bursátiles en España al calor del boom de las energías verdes. (Expansión)

Unidas Podemos aboga por vetar la oferta de compra del fondo de inversión australiano. Ribera reclama tener en cuenta el proceso de cambio energético en el país. Montero subraya que el control de la inversión extranjera busca proteger a las compañías españolas frente a ofertas hostiles. (El Periódico)

Ha pasado ya una década desde la primera propuesta para crear la llamada tasa Tobin, y ahora la UE intenta de nuevo fijar un tributo a las transacciones financieras a medio camino entre los que ya aplican Francia e Italia. Gravaría no solo la compraventa de acciones, sino también de derivados. Según el documento de la Unión al que ha tenido acceso EL PAÍS, la tasa se quiere aplicar de forma coordinada en 10 países, pero cinco de ellos —incluida España— decidieron no esperar y empezar a implantarla. (El País)

La UE busca el consenso para aprobar más sanciones a Rusia. (La Vanguardia)

La generación milenial, formada por los que ahora tienen entre 24 y 39 años, es la que más sufre la reducción de ingresos con motivo de la pandemia: un 66% asegura haber recortado su retribución, según el informe 'El impacto generacional del coronavirus', elaborado por la agencia demoscópica 40dB. Además, casi la mitad de los mileniales han reducido su jornada laboral y un 8,5% ha perdido su empleo, frente al 5% de la población general. Las restricciones por la pandemia han obligado además a los mileniales a situarse en cabeza del recorte en gastos en ocio (un 60% así lo asegura) y en productos de primera necesidad (más del 30%). Un 21% afirma haber desactivado la calefacción para ahorrar. (El País)

La banca cotizada española ha acelerado los planes de reducción de costes en plena pandemia y ya supera a los ajustes hechos por las principales entidades de la zona euro. Los seis primeros grupos españoles consiguieron ajustar los gastos a lo largo de 2020 en más de 3.200 millones de euros, hasta situarlos en los 42.338 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,2% frente al mismo periodo de un año antes. Por su parte, en el conjunto de los principales bancos de Alemania, Francia, Holanda e Italia la reducción de costes fue inferior, situándose en un 5,4%. Las entidades españolas se preparan así para absorber los impactos de la crisis causada por el coronavirus, que ha dejado muy dañada su eficiencia y rentabilidad, para salir con menos lastre y retomar el vuelo cuanto antes. (El Economista)

Glencore, Rio Tinto, Sibanye... son algunos de los grandes nombres de la industria que han anunciado una mejora de la retribución, ya sea recuperando los pagos que habían tenido que recortar con cargo a los resultados de 2020, o anunciando nuevos dividendos extraordinarios para premiar a sus inversores. En el mercado el ciclo está de celebración y el bache de 2020 parece que empieza a quedar atrás. (El Economista)

Varias farmacéuticas invierten cientos de millones en hacerse con las terapias CAR-T. (El Economista)

Si España no quiere perder el tren del desarrollo en los próximos años, la industria tiene que ser protagonista principal en el Plan de Recuperación impulsado por Europa. Es la convicción que comparten muchos de los economistas de ese país y entre ellos Raúl Blanco, secretario general de Industria y uno de los pilares del Ministerio que dirige Reyes Maroto. Blanco, que se declara admirador de las tesis de la economista italoestadounidense Mariana Mazzucato, que atribuye al Estado un importante papel acompañador en el impulso de la economía, considera que los fondos europeos nos sitúan ante una ocasión histórica para transformar este país. “No podemos fallar”, afirma Raúl Blanco a EXPANSIÓN. (Expansión)

La patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, tiene un mensaje claro para el Gobierno. Según sus cálculos, a los que ha tenido acceso CincoDías, se venderán entre 100.000 y 110.000 coches menos en España este año si el Ejecutivo no modifica la subida de facto del impuesto de matriculación, producida desde el pasado 1 de enero. Ello supone perder el 10% del mercado total previsto para este año (por debajo del millón de unidades). (Cinco Días)

Las compañías cotizadas quieren contar desde ya con la herramienta legislativa para que sus accionistas se queden en casa cuando celebren sus juntas de accionistas. El Ministerio de Asuntos Económicos y el de Justicia negocian con Emisores Españoles, una asociación que representa al 75% de las empresas del Ibex, una norma exprés para que puedan realizarse de manera 100% virtual de manera inmediata. El objetivo es que esté lista en las próximas semanas. (Cinco Días)

Gestamp se ha adelantado en el sector de componentes de automoción en la firma de alianzas con líderes de diferentes sectores con el objetivo de aumentar rentabilidad y avanzar en sostenibilidad. Una estrategia de acuerdos con referentes cercanos a la industria del automóvil que comenzó con Siemens, para eficiencia energética, y que se ha extendido a la tecnología 5G con Telefónica y Euskaltel. Para el consumo eléctrico, ha suscrito con Naturgy un contrato de suministro con energías renovables para 10 años. (Cinco Días)

El pregonado compromiso del Gobierno con el Reto Demográfico todavía está por ver. Al menos al comparar las palabras con los hechos. En el PSOE, conocedores de que el tema estaba caliente en la campaña electoral de 2019, prometieron que la lucha contra la despoblación estaría en el eje de sus políticas. Pedro Sánchez, al configurar su Ejecutivo, dio la misma importancia a la Transición Ecológica y al Reto Demográfico en un ministerio dirigido por Teresa Ribera. La solemnidad no se ha traducido de momento en medidas de calado y, además, la agenda de la encargada de la cartera confirma que está lejos de ser una materia relevante para La Moncloa. (ABC)

La encuesta de Sigma Dos de febrero para EL MUNDO constata un incremento del partido de Santiago Abascal, cuya estimación de voto pasa del 13,5% de diciembre al 15,6%. Una subida de 2,1 puntos que se compadece con la caída de 1,8 puntos de los populares, desde el 25,2% al 23,4% de los apoyos. El bocado de Vox al PP en dos meses es importante, pero los de Casado aún están 7,8 puntos por encima, una distancia superior a la de las elecciones de noviembre de 2019 (5,7 puntos). Al tiempo, Ciudadanos sigue cayendo con fuerza, del 7,6% al 6,3%. El PP sigue más cerca del PSOE (27,6%) que de Vox, aunque Casado ya no puede hablar de «empate técnico» con Pedro Sánchez, ya que la distancia entre ambos se ha ampliado desde 2,7 hasta 4,2 puntos porcentuales. Junto con Vox, el partido que más sube es Unidas Podemos, que convence al 11,9% de los electores. De celebrarse las elecciones ahora, el bloque de la derecha obtendría el 45,3%, mientras que PSOE y Unidas Podemos sumarían el 47,8% junto con sus socios parlamentarios: ERC (3,2%), Junts per Catalunya (2,2%), PNV (2%) y Más País (0,9%). El resto de formaciones coparía el 6,9% de los votos. (El Mundo)

Fuentes de la negociación confirmaron a ABC que desde La Moncloa se ha aceptado la condición de dejar fuera de la negociación a Podemos, algo que Pablo Casado ponía como requisito indispensable para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018. La negociación dará un salto cualitativo a partir de hoy mismo, ya que pasará directamente a La Moncloa y a la dirección nacional del Partido Popular. El secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han tomado las riendas de la negociación, tras los contactos previos del ministro Campo y el secretario de Justicia del PP, Enrique López. Es un paso decisivo para impulsar de forma definitiva el acuerdo, bloqueado desde hace meses. El hecho de que la parte socialista del Gobierno de coalición haya aceptado la condición más difícil de cumplir que puso Casado, que la formación de Pablo Iglesias se quedara fuera, ha sido un gesto clave para que el pacto avance. (ABC)

CGPJ: «Si no hay pacto PSOE-PP, no debemos parar los nombramientos». El bloque conservador se divide ante el Pleno del próximo jueves y el malestar crece: «Los rumores de renovación nos han dejado dos veces en evidencia». (La Razón)

Crece la fractura en el seno del CGPJ mientras Moncloa y Génova ultiman la cumbre para cerrar el pacto. Intenso debate en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las últimas horas de cara al Pleno que se celebrará el próximo jueves y donde un sector de vocales apuesta por efectuar nuevos nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo mientras otro considera más prudente paralizarlos ante la posibilidad de que el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar la institución se encuentre cada día más cerca. (El Mundo)

El juez de Madrid que investiga el presunto «saqueo» de las cuentas de Podemos, Juan José Escalonilla, ha confirmado irregularidades en al menos tres de las acusaciones que denunció el ex coordinador jurídico de la formación morada José Manuel Calvente ante la Guardia Civil. Este exabogado del partido liderado por Pablo Iglesias y la ex coordinadora de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, alertaron al instructor de que la actual dirección de Podemos habría podido cometer al menos cinco irregularidades que, a su juicio, podrían tener algún tipo de alcance penal. En concreto, el letrado denunció la presunta administración desleal en la denominada Caja de Solidaridad; un acceso no autorizado a un ordenador de una empleada; la supuesta licitación irregular de las obras de la sede del partido en Madrid; los sobresueldos de empleados, y en quinto lugar la «contratación fraudulenta de los gastos de campaña» a la consultora Neurona, según consta en la denuncia de 18 de diciembre de 2019 que dio inicio a las pesquisas. (La Razón)

Un total de 27 de los 43 proyectos de ley impulsados en esta legislatura no se ha sometido al dictamen de los órganos consultivos o La Moncloa no ha comunicado al Congreso haber realizado este trámite. El Ejecutivo está eludiendo el procedimiento legislativo ordinario gracias al abuso del decreto, un instrumento que la Constitución reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad», porque le permite eludir los trámites de consultas, audiencia e información públicos, reducir la petición de dictámenes y abreviar el análisis del impacto normativo. Los 27 proyectos de ley citados nacen con esa tara puesto que se derivan de otros tantos decretos-leyes. (ABC)

La dirección de Ciudadanos niega que se plantee una integración con el PP después de conocer los resultados electorales en Cataluña. Sin embargo, hay aproximaciones territoriales por parte de los populares con vistas a una posible confluencia o absorción en las próximas elecciones municipales y autonómicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tomado la delantera y ya ha hecho movimientos en ese sentido. Almorzó con la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz y Toni Cantó, diputado en las Cortes Valencianas, para tender puentes. Estos pasos tienen su réplica en otras autonomías con el convencimiento de que la operación necesita de su tiempo para madurar. Arrimadas está rodeada de un equipo de fieles pero el partido tiene una débil estructura territorial. (La Razón)

Toni Cantó: "Me han pedido que lidere Cs, pero el liderazgo de Inés Arrimadas es indiscutible". No duda en mostrar su apoyo a la líder nacional de su partido, pero advierte de que la formación tiene que hacer cambios tras la debacle en Cataluña. Cree en su papel de formación de centro y no descarta la apuesta por listas con el PP: "A tenor de lo que ha pasado hasta ahora, sí. En el País Vasco salió bien, pero en Galicia y Cataluña, el PP no quiso. Ahora parece que lo ven con otros ojos. En Cataluña hubiéramos tenido un resultado bastante mejor. Seríamos la cuarta fuerza". (El Mundo)

El cierre de ciclo electoral y la aquiescencia de Moncloa –que nunca se ha opuesto– hacen albergar esperanzas a su entorno de que su vuelta a España podría materializarse pronto. (La Razón)

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un decreto de ejecución, al que ha tenido acceso EL MUNDO, mediante el que ordena la repatriación a España del botín suizo de la trama Gürtel: en total, 50.342.106 euros. Los fondos se encuentran bloqueados en cuentas bancarias del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; su apoderado en Suiza, Iván Yáñez; y los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo; en entidades como Crédit Suisse, Lombard Odier, LGT Bank, Mirabaud y Banque SYZ. (El Mundo)

Pablo Hasel escribió una carta diez días antes de ser detenido en la que instaba a sus seguidores a organizarse contra «el régimen» y a manifestarse en las calles para protestar por su ingreso en prisión. Una misiva en la que viene a reprochar al Gobierno –al que critica hasta llamarlo «farsante»– que no impidiese su detención. «Ha faltado solidaridad para evitar mi encarcelamiento», sostiene, «diciéndose de izquierdas ni se han opuesto seriamente a esto», se duele y anima a responder: «Pongámonos manos a la obra». La remitió a sus partidarios en el circuito antisistema que solía frecuentar. (El Mundo)

La Moncloa sopesa llevar al Congreso una reforma penal global, que facilitaría su aprobación, o hacerlo por partes. El Ejecutivo apuesta por mantener los puentes con ERC, pero no tiene prisa para abordar la gracia a los presos del 1-O. (El Periódico)

Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción: “No hay evidencia de ilegalidades como la operación Catalunya”. (La Vanguardia)