(Exclusivas de la prensa de papel 22/09/2020) Bruselas exige a España abordar reformas pendientes, como la de las pensiones, para gastar el fondo de reconstrucción

El Gobierno no tendrá un cheque en blanco para gastar los 60.000 millones de euros en ayudas no reembolsables de la UE. O al menos eso pretende la Comisión Europea. Aunque se trata de unas reglas todavía en elaboración, el Según la nueva guía y el borrador del reglamento, para obtener estos fondos se exigirán las recomendaciones pasadas de reformas que no se habían cumplido. No se reclamarán ajustes fiscales, que podrían empeorar la recuperación y se posponen hasta que la economía se haya recuperado; pero sí las reformas. Esto supone que España tendrá que presentar un cambio de calado en las pensiones y potenciar la contratación indefinida. (El País)

Conmoción, desolación, tristeza y mucho malestar en la Fiscalía por las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, arremetiendo contra varios de sus compañeros tras haber firmado el informe donde se excluye de toda responsabilidad penal al Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. «No recuerdo nada similar en toda mi vida profesional», se lamenta un fiscal del Sala, en conversación con EL MUNDO. «Son acusaciones gravísimas hacia sus compañeros. Ha perdido la cabeza un hombre que gozaba de respeto en la Carrera», relata otro fiscal de la máxima categoría dentro de la Carrera Fiscal. «Navajas no ha dicho la verdad. Madrigal y Cadena no fueron a presionarle. Le expusieron que veían necesaria la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para que se creara un criterio técnico y sólido sobre en un tema tan importante como las querellas contra el Gobierno», explica otro fiscal. En este sentido, fuentes internas subrayan que «si algún fiscal lo presionó para convocar la Junta de Fiscales de Sala no sé por qué no lo puso inmediatamente en conocimiento de la Inspección Fiscal. Era su obligación haberlo hecho». (El Mundo)

Guerra abierta en la Fiscalía: “Es un insulto que estemos en manos de una política”. (La Razón)

El magistrado progresista Fernando Valdés abandona temporalmente el Tribunal Constitucional a consecuencia de una baja médica, después de que se le abriera una causa penal por presuntos malos tratos hacia su esposa. Fuentes del tribunal de garantías explican que, debido a que el catedrático padece una grave enfermedad, dejará de ejercer sus funciones en el tribunal temporalmente ante el delicado estado de salud que le ha llevado a estar ingresado de nuevo en un hospital madrileño. Esta marcha del tribunal coincide con que el Tribunal Supremo, apoyado en el criterio de la Fiscalía, decidió la semana pasada investigarlo por supuesta violencia de género. Fuentes de este órgano admiten la preocupación existente en el Constitucional por el hecho de que Valdés permaneciera en activo mientras es llamado a declarar como investigado por el Alto Tribunal. (El Mundo)

El informe de «consultoría para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura» elaborado por Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Pedro Sánchez, está muy lejos de los estándares de calidad de cualquier trabajo. A las irregularidades de este trabajo pagado con 18.000 euros de fondos públicos denunciadas ayer por ABC se une una ortografía deficiente. El informe propiamente dicho consta de diez páginas. Las dos últimas son un texto copiado del folleto y el catálogo que el entonces Ministerio de Fomento editó sobre el Palacio de Zurbano. Es un breve texto, de apenas 500 palabras, 490 para ser exactos, en el que Rica Studio, el despacho de Ignacio Carnicero, cometió 36 faltas de ortografía. Llama la atención que el texto original, el del folleto que reciben los visitantes del edificio, titulado «Bienvenidos a Palacio», está correctamente redactado, con todas sus tildes. (ABC)

El fraude de Isofotón S.A. –la fallida empresa de paneles solares que recibió 80,5 millones de la Junta de Andalucía– se extiende como una mancha de aceite y alcanza también al Gobierno de Susana Díaz. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusa a los gobiernos de José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2018) de omitir de manera «intencionada» a la Fiscalía Anticorrupción y a dos juzgados de Instrucción los expedientes de ayudas concedidas a la sociedad malagueña durante el año 2007 por un montante de 43 millones de euros, cuando éstos le reclamaron información sobre todos los fondos públicos otorgados, mediante distintos requerimientos judiciales entre 2013 y 2016. (ABC)

La presidenta Ayuso está convencida de que si el Gobierno le aporta los recursos que le demanda podrá doblegar esta nueva curva de contagios: «Estamos convencidos de que si se aplica este plan y se nos ayuda, tendrá beneficios pronto y no harán falta más escenarios». En La Moncloa no lo ven con tanta seguridad. Y es que nada puede descartarse. Fuentes gubernamentales se niegan a hacerlo. Valoran las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid aunque en privado reconocen que creen que no es suficiente. «Hay que dar un voto de confianza. Vamos a apoyar», dicen. Ambas partes entienden que los confinamientos más generalizados y restricciones a la movilidad más duras pueden tener un elevado coste político y económico. (ABC)

De nuevo, tras la misiva del mes de agosto, 'The Lancet' recoge la petición al Gobierno español de una comisión de evaluación de la pandemia. Subrayan la premura: "No es algo que se pueda dejar pasar". (El Mundo)
El epidemiólogo Alberto García Basteiro: “No hicimos los deberes durante el confinamiento”. El especialista detalla cómo debe ser la evaluación de la gestión española que impulsa con otros científicos y lamenta que se vayan “apagando fuegos en vez de anticiparse a ellos”. (El País)

España necesita entre 5.000 y 9.000 médicos de familia para alcanzar la media europea. La falta de planificación y precariedad laboral han dejado sin facultativos generalistas a la atención primaria, primera barrera de contención de la epidemia. (ABC)

Andrea Ammon: «Es posible que vuelva a haber altas tasas de mortalidad». La responsable de la agencia destinada a defender a Europa frente a las patologías infecciosas advierte del incremento de los casos de Covid-19 en los últimos dos meses. (La Razón)

Los alcaldes rebeldes –que ya presionaron hasta tumbar el anterior decreto municipal del Gobierno– vuelven a organizarse contra el Ejecutivo. El nuevo borrador de decreto que maneja el Ministerio de Hacienda les permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece «absolutamente insuficiente», como explicaron varios de ellos a EL MUNDO, ya que deja sin fondos extra a los municipios sin superávit y porque elimina los 1.000 millones para transporte previstos en el anterior decreto. En esta batalla contra el Gobierno, el PP no está solo. De hecho, esta vez son los alcaldes de Lérida (ERC) y de Reus (Junts per Catalunya) los que han convocado para hoy una reunión de urgencia –una tercera cumbre municipal telemática– para «presionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de unos 5.000 millones de euros para luchar contra los efectos de la pandemia de la Covid-19. (El Mundo)

Los ayuntamientos ya deben 1.800 millones a sus proveedores y doblan el tope legal de pago. Los municipios tienen 14.000 millones de remanentes pero son la administración que peor abona sus facturas, con 76 días. (ABC)

La negociación de los ERTE sigue encallada y su futuro va a estar muy ligado al coste de las ayudas, una factura que hasta junio superó los 20.000 millones y que sumaría 3.300 millones más de prorrogarse de forma automática para los 770.000 trabajadores que actualmente están bajo el paraguas de esta fórmula alternativa al despido. De momento, el día de ayer transcurrió sin reunión formal de la mesa tripartita de la que se espera un acuerdo antes de que acabe el mes, en tanto que las posiciones entre los agentes sociales y el Gobierno siguen muy distantes. Empresarios y sindicatos solo volverán a la mesa de negociación cuando el Ejecutivo mueva ficha y presente una nueva oferta por entender que es la única vía de seguir avanzando. (ABC)

El plazo de tramitación de las prestaciones ha pasado de 15 días a un mes y medio. El sindicato CSIF denuncia que el atasco provocado por el IMV podría no estar resuelto antes de que acabe el año. (El Mundo)

"Sí, existe un grave riesgo de convertirnos en un país de subvencionados, y hay que evitarlo a toda costa. No nos engañemos, la desigualdad viene como consecuencia de la falta de trabajo. Si a la gente le das a elegir entre subvención o trabajo, la inmensa mayoría prefiere un trabajo". (El Economista)

Llega a la Fiscalía el caso de Jorge Pérez, el ex jefe de Regulación del Banco de España despedido tras criticar el amparo del supervisor a las cuentas de Bankia en 2011. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el llamado caso Bankia, ha decidido presentar esta semana una denuncia contra altos cargos del Banco de España por la comisión de varios delitos en el trato y despido en 2019 del que fuera director de regulación contable del supervisor. Así lo confirma el presidente de CIC, Gonzalo Postigo. (El Mundo)

La fusión de CaixaBank y Bankia alterará los contratos de algunos productos. El supervisor avisa de que las hipotecas no pueden modificarse. (Cinco Días)

2.000 euros anuales de sueldo separan a la plantilla de CaixaBank de la de Bankia. De momento, y según fuentes sindicales, los beneficios sociales, trienios o ventajas crediticias, con precios más bajos que los que se aplican a los clientes, son similares, mantienen estas fuentes sindicales. Aunque hay ciertas diferencias salariales. Así, el salario medio de la plantilla de Bankia se sitúa en los 59.000 euros anuales. Su edad media es de 46 años. Mientras que en CaixaBank el sueldo medio es de 61.000 euros al año, y la edad media de la plantilla es ligeramente más joven, 44 años de edad. (Cinco Días)

Los bonus y los CoCos de Bankia se cobrarán en acciones de CaixaBank. La nueva entidad asumirá los compromisos adquiridos con los directivos y con los inversores. El banco nacionalizado tiene 1.250 millones de euros en bonos contingentes convertibles. (Expansión)

Telefónica da un salto en la diversificación de su negocio y se lanza a vender placas fotovoltaicas. De esta manera, la operadora aprovecha su potencia comercial para desembarcar en el sector de la energía, en el que se plantea cerrar acuerdos de comercialización conjunta con grandes eléctricas. En una primera fase, Telefónica venderá paneles solares en la provincia de Alicante, donde se ha aliado con una empresa local –IDNA– que suministrará los equipos. (Expansión)

Telefónica prepara un ajuste de empleo en su área corporativa. Telefónica está trabajando en la simplificación y aligeramiento de su área corporativa, con un impacto laboral que aún no ha cuantificado. El gran objetivo consiste en suprimir todos los puestos redundantes. (El Economista)

El Corte Inglés ofrece la jubilación parcial a los 61 años. (El Economista)