Exclusivas de la prensa de hoy
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este lunes que su formación votará a favor del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, al haberse producido "avances" en las negociaciones en "la defensa de los intereses" del País Vasco: o sea, imponer el canal en euskera para niños en Navarra.
Estas son las exclusivas del día:
Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno sancionado por la Junta Electoral Central, el primero en recurrir ante el Tribunal Supremo, el primero en ser condenado en costas y el primero en pagarle dinero al principal partido de la oposición por haber incumplido la Ley Electoral. El líder del PSOE ha abonado 2.420 euros al PP tras haber perdido su recurso contra la sanción que le impuso la Junta Electoral. El caso partía de una denuncia de los populares, por hacer campaña electoral en 2019 desde La Moncloa, algo prohibido por ley. La documentación a la que ha accedido EL MUNDO acredita el pago de la indemnización, que el equipo de Pablo Casado va a destinar a obras benéficas. Además, Sánchez no ha sido el único que ha tenido que pagar las costas al PP. La ex portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha efectuado ya otra transferencia a los populares por el mismo valor, 2.420 euros, en base a las minutas que han presentado los abogados de Génova. A la ex ministra de Educación también la sancionó la Junta Electoral, en su caso, por realzar los logros del Gobierno desde la sala de prensa Moncloa, un uso contrario a las normas en periodo electoral. (El Mundo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en septiembre a que el recibo de la luz costaría lo mismo que en 2018, el año más caro hasta este desconocido «rally» de 2021. Se trataba de alcanzar «una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018» para «todos los ciudadanos con un consumo medio (...) lógicamente con el IPC descontado», prometió Sánchez en una entrevista a «El País». Su apuesta fue reiterada por dos veces. Sin embargo, a poco más de cinco semanas del final del año, el objetivo está muy lejos de cumplirse y haría falta un milagro para que la factura se asemejara a la de 2018. El precio medio de la electricidad ya supera los 102 euros en los 10 primeros meses por los 57 euros MWh de 2018. La factura debería bajar un 60% hasta fin de año. (La Razón)
El Gobierno incluyó en los presupuestos del 2021 un total de 27.000 millones de fondos europeos, pero hasta ahora solo ha cerrado o aprobado convocatorias por 5.700 millones, un 21% del total, según los cálculos de Funcas. Parece poco probable que, cuando faltan cinco semanas para final de año, haya grandes cambios. “El retraso está ralentizando la recuperación económica”, concluye Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, e insiste en que “ya la ha ralentizado en relación con la previsión”. Es la diferencia entre lo que aparece en el BOE y lo que se aplica en la realidad. Es la brecha que en muchas ocasiones se abre entre lo presupuestado y lo ejecutado. (La Vanguardia)
Pinchazo de la tasa Tobin: el Estado recauda un 53% menos. (El Economista)
El fin de los ERTES provocará una cascada de insolvencias de empresas en los países europeos donde tiene más peso el sector servicios y en especial la hostelería y el turismo, es decir, España, Portugal, Grecia y Chipre. Un informe del «think thank» europeo Bruegel advierte en uno de sus últimos informes que estos cuatro países «están especialmente expuestos, con un alto IDRI y significativas cuotas de empresas zombis». (ABC)
Alerta máxima en las renovables. España tiene en el aire cerca de 40.000 millones de inversión. Alrededor de 60.000 MW de proyectos de energías limpias perderán sus permisos de acceso y conexión a la red si el Gobierno no da una solución a los problemas administrativos existentes. Según han indicado fuentes del sector eléctrico, de los 40.000 MW de energía eólica que hay ahora mismo con el punto de conexión concedido, alrededor del 50% -20.000 MW- puede perderlo entre diciembre y abril. Asimismo, en el caso de la fotovoltaica, caducarán alrededor de 40.000 MW. La ejecución de los avales de estos parques supondría entre 3.000 y 4.800 millones de euros. Además, la CNMV europea ha descartado en su informe preliminar la especulación en el CO2. (El Economista)
Aitor Esteban (PNV): "El Gobierno no quiere afrontar el problema de la energía". (El Economista)
Ignacio Garralda (1951, Madrid), presidente ejecutivo de Grupo Mutua, acaba de cerrar su segundo gran acuerdo estratégico. La aseguradora destinará 555 millones a adquirir el 8% del capital de El Corte Inglés y otros 550 millones a hacerse con el 50,01% y el control de la aseguradora de vida de los grandes almacenes y de su correduría de seguros. Cuando en el primer semestre de 2022 se materialice la operación, apunta Garralda, “Mutua distribuirá sus productos a través de las mayores redes del sector bancario y del retail, gracias a nuestros acuerdos con CaixaBank y con El Corte Inglés”. (Expansión)
La opa presentada por KKR sobre Telecom Italia (TIM), una de las operadoras históricas europeas, ha provocado una fuerte agitación en las telecos. Esta vez, el objetivo es una de las grandes compañías del sector, y el fondo ha puesto sobre la mesa una oferta de 10.800 millones de euros para comprar el 100% del grupo, además de asumir la deuda actual de 22.500 millones de euros, con lo que el valor de empresa rondaría los 33.000 millones. Es, de esta manera, una de las mayores operaciones de la historia del private equity en Europa. (Cinco Días)
El capital riesgo prepara artillería pesada. Los grandes fondos están llamando a la puerta del mercado para obtener más de 100.000 millones con los que regar el mercado de fusiones y adquisiciones durante los próximos años, según los datos de Bloomberg. España volverá a estar en la diana de sus inversiones. Las gestoras aceleran el proceso ante posibles subidas de tipos Blackstone, CVC, Permira o Advent, entre los protagonistas. (Cinco Días)
El 60% de las familiares supera al Ibex. (El Economista)
Se ven afectados 7.000 millones de obra pública. (El Economista)
La unidad policial a cargo de la investigación reabierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta financiación irregular de Podemos ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que proporcione información sobre las valijas diplomáticas enviadas desde Venezuela a su delegación consular en España para cruzar las fechas y las personas a cargo de la recepción de los paquetes. Se trata de investigar una de las afirmaciones del general chavista Hugo Carvajal, quien relató en la Audiencia Nacional que tanto el Gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro utilizaron esta vía para enviar discretamente fondos en efectivo a miembros de Podemos hasta, al menos, julio de 2017. (ABC)
El último escollo se refiere a cómo plasmar el compromiso de cambiar el sistema de elección de los vocales: una proposición parlamentaria conjunta PSOE-PP o una mesa de trabajo para valorar la reforma. (La Razón)
Al reto de contener el vertiginoso repunte de los casos que se observa en varios países del centro y norte del continente con tasas de vacunación muy por debajo de la media comunitaria, como Alemania, Austria, Rumanía o Bulgaria, se suma un agudo clima de conflictividad y contestación social que hace todavía más difícil la adopción de medidas para contener los contagios. Gobiernos e instituciones europeas llamaron ayer a la calma a la población tratando de diferenciar entre quienes expresan un hartazgo de forma pacífica y legítima, grupos a los que se quiere convencer de las virtudes de las vacunas, y quienes instrumentalizan el debate para llevar a cabo actos de violencia enarbolando la bandera de la libertad, una tensión creciente que puede agravar la polarización. (La Vanguardia)
«Ayuso tiene que parar de hablar» sobre el PP de Madrid, aseguran a este diario fuentes de la dirección nacional del PP. Sobre todo, indican, después de que Pablo Casado reclamase el domingo un cierre de filas en el partido, sin «solistas», ni «personalismo», ni «megalomanías». «A partir de ahora», añaden otras fuentes de la cúpula popular, «es otra cosa». O sea, desde esta semana, el presidente del principal partido de la oposición no puede permitirse más cruces de declaraciones, ya que ha comprometido su liderazgo en ello. Su orden de «unidad» es una apelación a que Ayuso y el resto de dirigentes eviten «el tema» del PP de Madrid, explican las fuentes. (El Mundo)
Consejeros de Ayuso filtran a Génova las presiones del entorno de la presidenta: “Tengo mucha gente para nombrar en lugar de a ti”. (La Razón)