(Exclusivas de la prensa de papel 23/2/2022) El FMI advierte a España que puede ser necesario un recorte en las pensiones de hasta un 30%

Perdida en la página 64 y sin especial resalte y en inglés, está la gran bomba: «La estrategia de trasladar el peso de financiar grandes aumentos en el gasto de pensiones a las generaciones futuras podría no ser sostenible» (...) «En ausencia de medidas de contención de gasto», todo esto, «podría provocar ajustes abruptos en la generosidad de las pensiones». Todo muy claro, pero si quedaran dudas, el FMI añade que «los ejemplos de Grecia y Portugal demuestran que las pensiones se pueden recortar en un 20% o un 30% en un corto periodo de tiempo si al mismo tiempo se intensifican las preocupaciones –dudas– sobre la sostenibilidad de la deuda». Todo muy claro. El Gobierno, por supuesto, ha obviado esa parte del informe y la oposición está demasiado perdida en sus batallas fratricidas para haber leído con detalle al FMI. Mientras, comienza su andadura la teórica receta mágica de Escrivá. (La Razón)

Los empresarios quieren bonificaciones adicionales en el impuesto de Sociedades, algo que Hacienda, sin embargo, no contempla en este momento. La falta de respaldo ofrecido por los empresarios a los planes de empleo diseñados por el Gobierno amenaza con frustrar la que, sin duda, es una de las reformas del sistema de pensiones más relevantes impulsadas por José Luis Escrivá. La aspiración de Seguridad Social es que, con el paso de los años, uno de cada dos trabajadores españoles dedique parte de su salario al nuevo sistema de previsión, una fórmula de ahorro con la que se complementan las prestaciones ofrecidas. Con una incorporación muy extendida en los convenios colectivos como complemento de retribución, los nuevos fondos de empleo podrían movilizar 120.000 millones de euros en diez años, según estimaciones del Gobierno. (El Mundo)

Escrivá ofrece 400 euros por empleado por aportar a los planes de pensiones. Por lo que respecta a incentivos, el Ministerio de Inclusión los ha repartido entre empresas y trabajadores. A las empresas, les ofrece contrapartidas económicas a cambio de participar en estos nuevos planes de empleo. Las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros por trabajador, lo que supone un total de 1.380 euros al año. El ahorro que conseguirán las empresas puede llegar a casi 400 euros por trabajador y año. (La Vanguardia)

Las empresas tendrán una reducción de las cotizaciones sociales de hasta 115 euros al mes –1.380 euros al año– por trabajador. Deducciones de hasta 10.500 euros de ahorro para el empleado. (Expansión)

El informe enviado a la UE cifra en 1.281 euros la prestación media. (El País)

La ola expansiva de la inflación sigue su curso. Cada vez son más los productos de consumo que presentan subidas de precios interanuales por encima del 2%, lo que está llevando a las familias a ser algo más cautas y enfriar su nivel de gasto. Según las estimaciones que presentó ayer la consultora Kantar, el gasto en gran consumo de las familias españolas se situará en 76.600 millones de euros este ejercicio, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al año anterior, marcado por las subidas de precios. (El Mundo)

La actual representante del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Red Eléctrica, Maite Costa, y el diputado socialista, Manuel Gabriel González, dejarán el grupo estatal y el escaño, respectivamente, para fichar por Enagás como «consejeros independientes». El propio presidente de Enagás, Antoni Llardén, defendió ayer martes la legalidad de la entrada de Costa siempre que deje su actual puesto de consejera dominical en representación de la Sepi en Red Eléctrica. (El Mundo)

JB Capital tiene previsto dar entrada al ‘family office’ Asúa Inversiones en su paquete accionarial del 10%. (Expansión)

El Corte Inglés se moviliza para vender inmuebles. (Cinco Días)

Los ingresos deben ir a reducir los precios. (El Economista)

Las alarmas ya justifican el 43% de la capitalizacion de Prosegur. (El Economista)

Telefónica crea el primer operador móvil virtual para concertar objetos. (El Economista)

La sensación con la que magistrados del Tribunal Supremo salieron ayer de la reunión con la ministra de Justicia fue de «decepción». En algún caso, de «absoluta decepción», según los magistrados consultados. Llop se reunía con la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, presidida por Carlos Lesmes, para conocer y solventar las principales necesidades. La impresión de los presentes fue que no se avanzó apenas en nada concreto y que lo que se escuchó por parte de la ministra fue que los problemas eran consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuya situación puso constantemente el foco. (El Mundo) (La Razón)

Feijóo ya ha comenzado a planificar cómo será la transición en el PP, según ha podido saber EL MUNDO de diversas fuentes que han hablado con él en los últimos días. Tanto el barón como su equipo ya han trazado los primeros pasos que tendrá que dar cuando Casado anuncie su dimisión. El principal será nombrar una portavocía interna. «Se ha hablado entre varios y se pondría un portavoz provisional». Y, además, sopesan ya el nombramiento de otro posible cargo. La posibilidad es un líder orgánico interino, hasta el congreso extraordinario, que se celebraría a inicios de marzo. En cuanto Casado dimita, relatan las fuentes, Feijóo asumirá su «decisión» de presentarse al congreso y, tras la Junta Directiva Nacional del 1 de marzo, se nombrará una Comisión organizadora del congreso, «que tendrá un portavoz que asumirá la labor política del partido» hasta que se produzca el relevo en la séptima planta del número 13 de la calle de Génova. «Por supuesto que se ha hablado de un portavoz provisional», añaden otras fuentes. (El Mundo)

El PP dará paso a una candidatura única y a una gestora con cuota de todos los barones. Casado decidirá su futuro tras escuchar hoy la opinión de los dirigentes territoriales que no se cierran a que vaya en la lista de Feijóo. (La Razón)

Pablo Casado, a uno de sus afines: “No sé por qué me tengo que ir. No he hecho nada”. (El País)

El presidente popular ha pedido a su círculo más íntimo que le ayuden a encontrar una salida «lo menos dolorosa posible». (ABC)

«'’Hala, a pasar lista de prioridades’'. Esta semana ha debido de haber mucho movimiento en el grupo de WhatsApp que EH Bildu comparte con los cabecillas de la red de apoyo a los presos de ETA. Una vez más, y ya van 302, “el de Madrid” ha dado el visto bueno al traslado de asesinos etarras». De esta manera y haciendo referencia al informe de la Guardia Civil sobre contactos del entorno proetarra con el Gobierno para el asunto de los presos etarras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se queja de siete nuevos traslados de reclusos al País Vasco y Navarra. De ellos, cuatro con delitos de sangre y «con la friolera de 12 muertos a sus espaldas». (La Razón)

La odisea para los niños de Ana se inició cuando el pasado 3 de febrero recibió un SMS en su teléfono en el que se le indicaba que el nuevo centro educativo de sus hijos era la ikastola Jakintza donde estudiarían todas las asignaturas en euskera. «No me lo podía creer; era condenarles al fracaso escolar y no tener en cuenta ninguno de los tres centros que habíamos incluido en nuestra solicitud, ni las circunstancias que incluimos entre las observaciones», recuerda un mes después, treinta días con tres niños literalmente en la calle porque sus padres no admitieron el trágala de mandarles a la ikastola impuesta por el Gobierno de Urkullu. «Yo defiendo el ‘modelo D’ (íntegramente en euskera) y me parece que es una opción libre para los padres, pero también debe respetarse el derecho de los padres que desean una educación en castellano; es lo que marca la ley», insiste Ana que encontró en la asociación Hablemos Español el respaldo legal y el apoyo que no encontró en sus interlocutores de la Delegación de Educación en San Sebastián. (El Mundo)

Armengol ordena a los hospitales usar carteles en «exclusivamente» en catalán y revisarlos cada semana. El servicio de Salud 'prohíbe' escribir en castellano: «Si hay que hacer una traducción, hay pedirla al servicio de asesoramiento lingüístico». (ABC)

El catalán resiste pero pierde 280.000 hablantes habituales en 15 años. No está en peligro "inminente" pero sí sufre el impacto de una inmigración "excepcional" y presenta "tendencias preocupantes". El 'president' Aragonès pide ampliar los consensos para aumentar el uso social de la lengua catalana. (El Periódico)