(Exclusivas de la prensa de papel 24/09/2021) Los bonos chinos ya acaparan el 6% en las carteras de los fondos de deuda global

Una caída ordenada de Evergrande parece cada día la opción más probable. Según publicaba ayer The Wall Street Journal los gobiernos locales y las empresas estatales habrían recibido instrucciones de la autoridad central para evitar las consecuencias sociales y económicas que representaría la bancarrota del coloso inmobiliario, mediante la construcción de los edificios de viviendas que faltan por terminar, e intentar aplacar así la ira de los compradores y evitar el contagio al sistema bancario. De momento, todo son especulaciones, puesto que el Gobierno central no se ha pronunciado pese al inminente vencimiento de los plazos de varios bonos internacionales, que cuentan con un período de gracia de un mes. Este caso ha despertado las suspicacias respecto a la renta fija china, uno de los activos preferidos por los inversores, al calor de la apertura de los mercados de renta fija que ha llevado a cabo el gigante asiático en los últimos años. Si a finales de 2018 solo representaban de media un 0,55% de las carteras de los fondos de bonos globales ahora ese porcentaje se ha elevado hasta el 6%, según los últimos datos de cartera de Morningstar, correspondientes al pasado mes de julio. (El Economista)

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, considera que la reforma de pensiones ha sido cosmética y que la insostenibilidad volverá a aflorar. Además, cree que la subida del SMI perjudica a los jóvenes y tiene un fundamento populista. Asevera que la ciudadanía tendría mejor opinión de las eléctricas si no funcionaran las puertas giratorias, y cree que las medidas de Moncloa para abaratar el recibo de la luz son unilaterales y confiscatorias. Cuando le preguntas qué le quita el sueño al presidente del Círculo de Empresarios responde, sin más, “que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país, porque si no va a ser una oportunidad perdida”. (El Economista)

Iberdrola ha comenzado a comunicar a sus grandes clientes industriales la revisión al alza de su factura eléctrica como consecuencia del recorte aprobado por el Gobierno sobre los ingresos de sus centrales nucleares e hidráulicas, según explican a EL MUNDO fuentes del sector energético. La eléctrica ya ha contactado por teléfono con grandes compañías para informarles de que los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno dejan en pérdidas los contratos de suministro a precio fijo acordados antes del ajuste, por lo que por motivos de fuerza mayor tienen que ser renegociados o en su defecto rescindidos. (El Mundo)

Ferrovial ha lanzado una ofensiva para crecer en el negocio de las infraestructuras de transporte, y muy especialmente en autopistas, en países como Estados Unidos, Chile, Perú y Reino Unido. Tanto a través de su división de concesiones, Cintra, como de construcción, Ferrovial Construcción, el grupo español se halla inmerso, en distintas fases, en licitaciones de proyectos valorados en más de 7.000 millones de euros. Asimismo, el área de Aeropuertos busca oportunidades con las que consolidar su posición en mercados como Brasil, Estados Unidos, Turquía, Asia y Europa. EEUU emerge como el principal foco de interés para Ferrovial, que se encuentra en fases avanzadas para proyectos en Pensilvania, Luisiana y Florida. La firma acaba de comprar un 5,7% adicional en la i-66 de Virginia por 159 millones. (El Economista)

La matriz de Zardoya, el grupo Otis, ha lanzado una oferta de 7 euros por acción para adquirir el 49,99% del capital que aún no controla. Su intención es excluir de bolsa a una compañía que se ha caracterizado por su histórico dividendo, al que ha destinado de media un 92% de los beneficios en tres décadas. El precio es un 4,5% superior a la valoración media de los analistas. Zardoya Otis se ha ganado a pulso ser todo un clásico para aquellos inversores que buscaban rentas periódicas en la bolsa española. Si la opa de exclusión que ha lanzado su matriz, el grupo Otis, sobre la española sigue su curso, y logra el objetivo final de sacarla del mercado, desaparecerá una de las cotizadas que más porcentaje de sus ganancias destinan a retribuir al accionista. (El Economista)

La transferencia quiere acelerar la llegada de un socio. Se comprometen a seguir al menos cuatro meses. (Cinco Días)

Room Mate, el grupo hotelero de Kike Sarasola, está en el origen del litigio que mantienen Sandra Ortega, primogénita del fundador de Inditex, y José Leyte, el antiguo director de la sociedad patrimonial Rosp Corunna. Aunque la participación de la family office en Room Mate viene de lejos, fue a principios de este año cuando se produjo el primer impago del grupo hotelero y, a continuación, se presentaban las dos querellas contra Leyte Verdejo por apropiación indebida y administración desleal y falsificación documental. (Expansión)

Horas clave para definir el futuro del fabricante de motores de avión ITP Aero, grupo propiedad de Rolls-Royce y que se encuentra en pleno proceso de venta. Bain Capital, ganador de la puja organizada por Goldman Sachs y Lazard antes del verano, necesita socios españoles para su oferta de 1.600 millones de euros por la empresa con sede en Zamudio (Vizcaya) para que el Gobierno autorice la transacción y, a falta de apenas cuatro días para que concluya el periodo de dos meses de negociaciones en exclusiva, el fondo aún no ha terminado de perfilar sus alianzas. Según fuentes financieras, Bain Capital, que está asesorado por Rothschild, mantiene conversaciones con dos consorcios en la actualidad para concederles una participación de hasta el 30% en el accionariado de ITP. Por un lado, está el grupo conformado por Sener, la sociedad patrimonial de Francisco Riberas, actual presidente de Gestamp, y el family office de José Galíndez, fundador de Solarpack. Por otro, el que integran la empresa vasca de defensa Sapa Placencia, propiedad de la familia Aperribay, JB Capital y Sidenor. (Expansión)

Cuatro días. Es el tiempo que transcurrió desde que el juez decidió imputar a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya (para conocer cómo cruzó el líder Polisario, Brahim Ghali, la frontera de España para ser tratado de coronavirus) y su nombramiento como presidenta del Comité de Sabios de la Comisión Europea sobre el Futuro de la Unión Aduanera. Un puesto éste, con el que regresa a Bruselas, que en cierto modo choca con los motivos por los que se investiga a Laya, pues entre sus funciones estará la de aportar ideas para «garantizar la seguridad de las fronteras», como ella misma apuntó el pasado martes al conocerse su nuevo puesto. (La Razón)

El ministro de Universidades pide al Consejo de Estado (CE), máximo órgano consultivo del Gobierno, que emita un dictamen sobre el decreto con el que elimina el '3+2' (tres años de carrera más dos de máster) del PP. El CE entiende que estar aprobando decretos con una ley orgánica en plena tramitación puede generar inestabilidad. (ABC)

Mientras las empresas van dejando a un lado el teletrabajo para ganar en presencialidad, los diputados del Congreso se aferran al voto telemático para aprovechar la ventaja que supone para marcharse antes a sus casas, atender otras prioridades o, simplemente, para regresar antes de tiempo a sus respectivas comunidades autónomas. Esta semana, en la que se ha hablado mucho de presencialidad en la Cámara por la «espantada» de los ministros, también se ha podido comprobar cómo existe un abuso por parte de los diputados de una herramienta excepcional que nació con el único fin de evitar que los parlamentarios pudieran contagiarse durante la pandemia.(El Mundo)

Solo 7 de las 80 ciudades más pobladas de España están por debajo del nuevo límite de exposición anual al dióxido de nitrógeno (NO2) que ha fijado la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un análisis de EL PAÍS a partir de los datos de 2019. En la UE, ninguna de las 27 capitales cumple el objetivo. (El País)

Junts busca anteponer el catalán, vasco o gallego en el Congreso, tras que el Senado haya dado el visto bueno a asumir las lenguas cooficiales por un valor de un millón de euros, una cantidad que podría repetirse en la Cámara Baja. (La Razón)

El PSOE se abre a usar lenguas cooficiales en el Congreso. «Para nosotros el tema de la lengua es un tema ultrasensible, el Gobierno debe entenderlo y yo tengo la percepción de que el Gobierno es consciente». La reflexión de Ferran Bel, diputado del PDeCAT, resume cómo los nacionalistas están dispuestos a hacer de la lengua, del incremento del uso del catalán, un casus belli. No ya sólo exigiendo que se cambie el proyecto de Ley Audiovisual para que se introduzca la obligatoriedad de que Netflix, HBO... produzcan un cupo mínimo en catalán, sino queriendo extender el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, en detrimento del castellano. Y el PSOE dice estar abierto a estudiar esta posibilidad. (El Mundo)

Al obligar a las universidades de Cataluña a remitirle informes periódicos sobre las «incidencias lingüísticas» en las aulas, el Govern de la Generalitat incita a que los estudiantes delaten a los profesores que, teniendo que impartir sus materias en catalán, decidan emplear el castellano bien sea para facilitar la comprensión de alumnos llegados de otras comunidades autónomas o bien para comunicarse con mayor naturalidad con los que simplemente usen el español como su lengua preferente. (El Mundo)

Génova diseñará su estrategia en la convención en la que se rodeará de líderes internacionales. (La Razón)