(Exclusivas de la prensa de papel 26/02/2021) Escrivá impondrá una penalización del 16% en la pensión de todos los que se jubilen dos años antes

“Vamos a rehacer el sistema de penalización de la jubilación anticipada y lo vamos a hacer para que genuinamente refleje más la idea de que si alguien se quiere jubilar dos años antes, pues realmente lo que tenga sea una penalización permanente en su pensión del 16%, que es lo que la norma original tenía en la cabeza”. Así de contundente se mostró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se mantiene en sus trece que alargar la vida laboral de los trabajadores, para lo que va a imponer un férreo sistema de control para penalizar al máximo a aquellos que pretendan jubilarse antes de tiempo. Por ello, aunque le parece “suficiente” la penalización del 8% anual -es decir, un 16% en dos anualidades- para quien se jubila dos años antes, quiere garantizar que esta rebaja de la cuantía de la pensión se cumpla en la totalidad de los casos -o al menos reducir al mínimo las excepcionalidades- y acabar con lo que cree que es “un fallo del sistema actual”, ya que ahora mismo algunos de estos prejubilados -sobre todo los que tienen sueldos más altos- tienen opción de rebajar sustancialmente las penalizaciones. (La Razón) (El Economista)

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, trabaja contrarreloj para que lleguen a España los 27.000 millones de anticipo de los fondos europeos previstos en los Presupuestos del Estado de 2021. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, ayer dejó entrever que, al menos, 17.000 millones de este adelanto están en el aire. Durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión Mixta Congreso y Senado para la Unión Europea para informar sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia económica, explicó que la llegada de los fondos se efectuará en dos pagos anuales, condicionados al cumplimiento de «objetivos e hitos». Así, el primer pago de estos 27.000 millones ascenderá a 10.000 millones que llegarán en junio, tres meses después de sus propios cálculos realizados en enero pasado. (La Razón)

El Gobierno se olvida de medidas concretas para una población que soporta la tasa de paro más elevada de la UE y en el país con mayor abandono escolar. La crisis dificulta todavía más el acceso a la vivienda y la emancipación. En el resto de potencias europeas, la situación es sensiblemente diferente. En Francia, el Gobierno anunció ya el pasado verano un plan de ayuda al empleo juvenil con 6.500 millones, mientras que el Ejecutivo británico puso en marcha el pasado julio un kickstart scheme o programa de impulso destinado específicamente a la población de 16 a 24 años. El presupuesto inicial del programa fue de 2.200 millones de euros, con el compromiso del Estado de sufragar los seis primeros meses de trabajo (o el equivalente al salario mínimo por 25 horas de trabajo semanales) a jóvenes en la lista del paro y en riesgo de «desempleo a largo plazo». (El Mundo)

Los créditos que pueden poner en dificultades a empresas que serían viables de no haber sufrido el impacto de la pandemia y el sobrendeudamiento generado suman entre 7.000 millones y algo más de 20.000 millones de euros, según los cálculos que el Banco de España ha remitido a Economía. Esta cifra no incluye la deuda de compañías cuyo negocio es inviable. El presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles, sin dar detalles, un plan de ayudas de 11.000 millones para reforzar la solvencia de pymes y autónomos en la hostelería y el turismo. (El Economista)

45 empresas tributan fuera a un tipo del 3,1%. Acumulan el 39,4% de la ganancia en el exterior y aportan el 5,5% a Sociedades. (La Razón)

Es el turno de la justicia concursal, después de que Abengoa solicitara para la matriz este procedimiento el pasado lunes. Miguel Ángel Navarro Robles es el juez de Sevilla que tiene en sus manos suspender la junta de accionistas del próximo 4 de marzo o, al menos, restringirla, con el objetivo de evitar que los actuales consejeros, Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva, sean cesados, según fuentes financieras. Esta eventual medida cautelar, que puede producirse en el futuro inmediato, sería una buena noticia para algunos acreedores, como Santander, que se ha negado a trabajar con Clemente Fernández, que lidera a los minoritarios. Esto abriría la puerta a que el proceso concursal se frenara y no contaminara a la filial operativa, Abenewco 1, bajo la que penden todos los activos valiosos de la firma. (Cinco Días)

Unicaja y Liberbank anunciaron ayer la propuesta para el nuevo consejo de administración del banco fusionado que tendrá que ser aprobada en las respectivas juntas de accionistas que celebrarán los bancos el próximo 31 de marzo. El consejo de administración estará formado por 15 miembros, dos de ellos ejecutivos, siete dominicales y seis independientes. El 60% de los consejeros son de Unicaja y el 40% proceden del banco asturiano. Así, Manuel Azuaga, actual presidente de Unicaja, mantendrá el cargo como presidente ejecutivo, y Manuel Manéndez, consejero delegado de Liberbank, ocupará el mismo puesto en la entidad fusionada. Queda fuera del consejo Luis Masaveu, representante de la familia asturiana que tiene el 5,7% del control de la entidad. Pedro Rivero, presidente de Liberbank, tampoco estará en el órgano gestor, pero podrá mantener funciones representativas una vez se ejecute la unión, según comunicaron ayer los grupos financieros. (El Economista)

La compañía automovilística y el Govern anuncian mañana un acuerdo para habilitar un espacio cerca de Martorell para llevar a cabo la vacunación a familiares de empleados, proveedores y vecinos de la zona del Baix Llobregat. Seat, que durante el inicio de la pandemia fabricó respiradores en su línea de montaje, también ha ofrecido a Salut la participación de su personal médico para administrar las vacunas y usar algunos de sus autobuses para realizar vacunaciones itinerantes. (El Periódico)

El fondo Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) ultima la compra de Logoplaste, el fabricante de envases de plástico del fondo estadounidense Carlyle, conocido por producir los botes del famoso ketchup Heinz, del champú Pantene, los botes de Fairy o de los aceites La Española, entre otros. Según han explicado fuentes financieras a elEconomista, el fondo canadiense ha puesto sobre la mesa la oferta más alta por la compañía, que la valora en más de 1.000 millones de euros. La operación podría cerrarse a lo largo de los próximos días, según las mismas fuentes. Carlyle logrará grandes plusvalías, pues compró la firma en 2016 por 600 millones. (El Economista)

Un año después del estallido de la pandemia del coronavirus en Europa y Estados Unidos, que provocó el desplome de los mercados bursátiles, el Ibex aún se sitúa a más de un 20% de los niveles pre-Covid, cuando llegó a superar los 10.000 puntos. Sin embargo, el precio de la deuda corporativa española de alto voltaje, la que cuenta con calificación por debajo de BBB- pero que a cambio ofrece altas rentabilidades, ha rebotado con fuerza tras el desplome que llegó a registrar en marzo del año pasado y en su mayor parte se sitúa ya en niveles previos al arranque de la crisis. (Cinco Días)

Los asesores pasan de comprar bolsa a mantener posiciones. Según la encuesta EFPA-‘elEconomista’. (El Economista)

La banca es rotunda en su rechazo a que el Gobierno decida aplicar quitas a los créditos avalados por el ICO para aliviar la deuda de empresas y autónomos. El sector financiero español afrontaría unas pérdidas de hasta 5.500 millones de euros si el Ejecutivo decidiera condonar el cien por cien de la deuda a las compañías viables pero con problemas de solvencia. En esta situación, y según fuentes financieras, el 20% de los solicitantes de los préstamos ICO pasa en la actualidad por problemas de solvencia. Así, de los 115.000 millones de euros que se han dado para otorgar liquidez a las compañías, la banca ha asumido más de 27.800 millones. El temor del sector es que Moncloa decida aplicar quitas de hasta el 100% de la deuda a estos clientes, lo que dejaría un agujero de más de 5.500 millones en sus balances. (El Economista)

Carmen Becerril es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha desempeñado multitud de cargos de alta responsabilidad en el sector energético, tanto en la parte pública como en la privada. Desde septiembre de 2018 preside OMEL, el Operador del Mercado Eléctrico que gestiona el precio de la luz en España y Portugal. "El mercado funciona perfectamente y responde tanto al comportamiento de la demanda, si ésta sube como ocurrió con Filomena la tendencia es que el precio suba, como a la meteorología. El precio depende mucho de cuál es la aportación de viento, sol y agua en el sistema. Cuando fallan estas tecnologías hay que recurrir a térmicas como ciclos combinados de gas y carbón, cuyos fundamentales son más caros". (El Mundo)

La negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha encontrado con el previsible escollo de los vetos cruzados entre PP y Podemos. Conciliar un acuerdo de reparto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, que permita, al mismo tiempo, que el PP diga que no está Podemos en el cambio de cromos, y que los morados sostengan que sí han conseguido colar dos nombres suyos, como están negociando con los socialistas, es como la cuadratura del círculo. El PP veta nombres de los morados y los morados pretenden, a su vez, devolver la monera al partido de Pablo Casado. El miércoles Podemos ya amenazó con volar el pacto sobre RTVE porque en el Poder Judicial se les imponía la renuncia a sus dos nombres estrella: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. (La Razón)

Vox pidió reiniciar la renovación del CGPJ para «presentar candidatos». Vox reclamó en el Congreso de los Diputados que se reiniciasen los trámites de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que «por parte de todos los grupos parlamentarios con presencia ahora en la Cámara se puedan presentar candidaturas». Así lo recoge el acta de la reunión de la Junta de Portavoces del 2 de febrero de 2021, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO. La representante de Vox que hizo esta petición, a puerta cerrada, en una reunión con el resto de partidos, fue la secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona. «La señora Olona, recordando que el procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se inició hace más de dos años, en la XII legislatura, cuando su grupo no tenía representación parlamentaria, reclama, en respeto del artículo 23 de la Constitución, que dicho procedimiento se inicie de nuevo», detalla el acta de la reunión. (El Mundo)

En 2020, con un Gobierno ya en firme después de dos elecciones consecutivas, la pandemia frenó el relanzamiento de la acción internacional de España. En 2021 es Podemos quien lastra su promoción. El Real Instituto Elcano, el gran centro de pensamiento de España de política exterior, identifica las «tensiones latentes» en la «compleja coalición» que une a PSOE y Unidas Podemos como un handicap para el país. Una distorsión para la política exterior que, según el Real Instituto Elcano, puede repetirse porque, aunque Iglesias no tiene competencias más de la Agenda 2030, «ha quedado demostrado que eso no servirá de cortafuegos para que los debates políticos internos, algunos ciertamente pintorescos, no afecten demasiado a la política exterior y europea».El balance de 2020 del Real Instuto Elcano constata que a pesar de la dureza con que la pandemia ha golpeado a España, no ha afectado negativamente a su prestigio internacional. Se mantiene como en 2019, con una puntuación de 7,5 sobre 10, entre los países mejor valorados. Pero falta por testar los escándalos de Juan Carlos I. (El Mundo)

Actualmente España registra una incidencia acumulada de 236 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, un dato que hemos logrado bajar en un 62 por ciento en estos últimos catorce días y la cifra de fallecidos asciende a 68.079 compatriotas». Una vez más, Pedro Sánchez dio por bueno un dato sobre el número de fallecidos en España por Covid-19 muy por debajo del que reflejan organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Salud Carlos III o la Seguridad Social. En el Pleno del Congreso, durante el debate del estado de alarma del miércoles pasado, el presidente del Gobierno redujo el reconocimiento como víctimas de la pandemia a poco más de 68.000 personas. (ABC)

La pandemia del coronavirus ha supuesto una auténtica revolución en todos los niveles. En el campo sanitario, todo el sector se ha movilizado para hacer frente a la pandemia, a la vez que luchaban por mantener la calidad en los servicios a los pacientes y seguir apostando por la innovación. Una apuesta que no se podrá mantener en el largo plazo sin un compromiso firme para invertir en el sector. Esta ha sido una de las conclusiones a las que han llegado los ponentes de la Jornada de Innovación tecnológica sociosanitaria, organizada por elEconomista bajo el patrocinio de HLA Hospitales, Siemens Healthineers, PharmaMar y Microsoft. (El Economista)

Cuando por fin llegaron las vacunas, el virus muto y puso en cuestión todos los avances meteóricos de nueve meses atrás. Con la misma velocidad, las farmacéuticas, en este caso Moderna, ya tienen trazado un plan de ensayos para hacer frente a las cepas, a la necesidad de multiplicar las dosis (a modo de panes y peces) y a asumir los nuevos desafíos que la población demanda y el coronavirus exige. EL MUNDO desgrana el proyecto de 2021 con Nicolas Chornet, vicepresidente senior de Fabricación de Moderna. (El Mundo)

El inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación de los casos «Gürtel» y de la «Caja B del PP», Manuel Morocho, señaló a Luis Bárcenas como el responsable último de la financiación irregular del PP madrileño. Así consta en un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se asegura que el administrador general designado ante la Junta Electoral Central por el PP, en el caso de las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2003, y al Parlamento Europeo, de 2004, había sido el entonces gerente del PP: «Dicho representante de la candidatura electoral es responsable de todos los ingresos y gastos electorales realizados por la formación política, así como de la correspondiente contabilidad y de que esta se ajuste a los principios generales establecidos en el Plan General Contable», especificó el agente en un oficio policial de 2010. (La Razón)