(Exclusivas de la prensa de papel 26/03/2021) La hija del diputado del PP con síndrome de Down: "Celaá ha sido insensible. Los centros de educación especial son necesarios"

Andrea Matarí tiene 25 años. Es una joven alegre, de risa espontánea y con una apabullante soltura ante las cámaras. «Le gusta mucho el protagonismo, es muy activa», cuenta orgulloso su padre, el diputado del PP Juanjo Matarí. Andrea tiene síndrome de Down y ha recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación en varias ocasiones para defender los centros de educación especial, donde ella se escolarizó por elección de sus padres para lograr una integración total en el mundo académico y profesional. Se formó en el prestigioso colegio María Corredentora de Madrid, pasó posteriormente por la Universidad Autónoma, donde cursó un título propio con la Fundación Prodis de formación para la inclusión laboral. «Isabel Celaá ha sido una insensible. Los centros de educación especial son ncesarios». Celaá, por cierto, llamó al diputado del PP para pedirle perdón y este le dice que lo haga a todo el colectivo de la educación especial, cosa que la ministra no ha hecho todavía. (ABC)

La Comisión Europea muestra preocupación por la falta de coordinación y diálogo en el descentralizado Estado español y que eso complique un uso eficaz de los 140.000 millones asignados a España de fondos de la UE. Por tanto, el Ejecutivo comunitario insta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a repartir «de manera transparente» los fondos europeos entre las comunidades autónomas y a «intensificar los esfuerzos de cooperación» no sólo con ellas, sino también con los ayuntamientos. Así se desprende de una respuesta escrita a la que ha tenido acceso EL MUNDO y que va dirigida a un grupo de eurodiputados del PP encabezados por Dolors Montserrat que se quejaron de la opacidad de la ministra. (El Mundo)

La banca exige al Gobierno más control público para adelantar los fondos europeos. El sector diseña con el Tesoro su papel en la canalización del dinero comunitario. (ABC)

El Gobierno se pensó durante un año si debía o no seguir el camino de nuestros socios europeos y atendía la petición de auxilio de millones de pymes y autónomos con ayudas directas. Finalmente aprobó un paquete de 7.000 millones, una partida a la que muchos negocios no podrán acceder por las férreas condiciones de acceso y los requisitos sectoriales que se aplicarán para su concesión, lo que terminará por dejar fuera a dos millones de pymes y autónomos, denuncia Cepyme. «Más del 60% de los autónomos que han sufrido restricciones del Covid no tendrán acceso a las ayudas», avisa Lorenzo Amor, presidente de ATA. Dos millones de pymes y autónomos no recibirán apoyo para luchar contra el Covid. Una casa de apuestas podrá beneficiarse, pero una peluquería no. (ABC)

Los aplazamientos, la única medida de alivio fiscal para las empresas y autónomos por el Covid, generaron en menos de tres meses un aluvión de un millón de solicitudes a la Agencia Tributaria (Aeat). Un total de 600.000 empresas se acogieron al aplazamiento de los impuestos aprobado por el Gobierno en plena crisis del coronavirus el año pasado. Las empresas acogidas a la medida han abonado en periodo voluntario el 92% de las cantidades aplazadas. (El Economista)

La embestida de la tercera ola del Covid-19 en la economía española ha vuelto a empujar a las familias del país a optar por la prudencia en la gestión de sus finanzas personales. Los depósitos de los hogares volvieron a crecer un 0,17% mensual el pasado febrero, frente al 0,05% que apenas habían avanzado en enero, hasta alcanzar un nuevo récord en los 919.100 millones de euros. Se trata de la cifra más alta registrada en la serie histórica que el Banco de España recopila desde 1989. (Cinco Días)

Dos pasajeros en silla de ruedas que tenían billetes para viajar en la tarde de ayer en el vuelo IB 8782 que operaba Air Nostrum (Grupo Iberia) y que partía a las 16:30 horas del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con destino a la ciudad suiza de Zúrich se quedaron tirados en tierra por una concatenación de fallos en la que se vieron involucrados Aena, Acciona y la aerolínea y que resultaron completamente ajenos a la voluntad de los pasajeros afectados, según explicaron fuentes conocedoras de los hechos a este periódico. El comandante les impidió subir al avión. De hecho, ni siquiera después de haber subsanado el error del servicio de asistencia y aunque el avión aún no había despegado se les permitió volar. (La Razón)

El escándalo generado en torno al rescate de Plus Ultra amenaza las ayudas que actualmente está analizando la Sepi por el temor de las consultoras y los distintos organismos a respaldar con su firma una operación que pueda ser denunciada, como ha pasado con la de la aerolínea vinculada a Maduro. “Los equipos se están poniendo de perfil. Se va a analizar todo mucho más y se espera que los procesos sean más lentos y estrictos”, señalan fuentes cercanas al Consejo Gestor que analiza los informes y da vía libre a las operaciones antes de ir al Consejo de Ministros. Estas mismas fuentes, que hablan de que se metió prisa para acelerar los rescates ya que solo se había aprobado el de Air Europa y Duro, señalan en especial a la ayuda solicitada por Celsa, la filial de Abengoa y la aerolínea Wamos junto a Nautalia. (El Economista)

Dia ha mejorado el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia, LetterOne DEA Finance, y sus acreedores sindicados reforzando así por encima de lo previsto inicialmente su estructura de capital a largo plazo. La compañía, que tenía previsto inicialmente realizar una ampliación de capital de 500 millones de euros, realizará la operación finalmente por hasta un total de 1.028 millones de euros, lo que, según el grupo, “le permitirá continuar desarrollando su hoja de ruta de negocio”. De esta cantidad, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación. (El Economista)

Las agencias de viajes de Barceló y Globalia lanzan un plan de negocio para alcanzar el punto de equilibrio a nivel de ebitda el próximo año. El presidente de Ávoris, Vicente Fenollar, procedente del Grupo Barceló y encargado de liderar la nueva sociedad conjunta, explica en una entrevista a EXPANSIÓN que la financiación de la Sepi permitirá al grupo poner en marcha un plan de viabilidad que prevé alcanzar el punto de equilibrio en términos de ebitda en 2022 y volver al nivel de ingresos previo a la crisis en 2023. “Tras el impacto de la pandemia, una operación como ésta requería de una financiación como la de Sepi, que se adapte al plan de negocio. Si no la hubiéramos logrado los socios se tendrían que haber sentado de nuevo y ver alternativas”, reconoce el directivo. (Expansión)

Telefónica ha acelerado en uno de los puntos principales de su estrategia: el ajuste y readaptación de su corporación a la nueva etapa. La compañía ha comunicado en los últimos días la salida de personal en este ámbito del grupo, que podrían rondar en su conjunto las 200, si bien las cifras podrían aumentar, dado que el proceso está abierto. La cifra supone en torno a un 20% de este segmento, según señalan fuentes del sector. La compañía no ha querido hacer comentarios sobre este proceso. (Cinco Días)

El anuncio por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de que los grandes propietarios, principalmente fondos, aportarán 30.000 casas al plan de viviendas asequible, que el Gobierno ha elevado en total a 100.000 en la legislatura, ha sido una sorpresa para estos. Los fondos desconocen detalles sobre compensaciones, pero quieren vincular posibles acuerdos a un contexto normativo sin sobresaltos como la regulación de precios y otros en la nueva ley que prepara el Ejecutivo. (Cinco Días)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes acordó ayer solicitar un informe al Gabinete Técnico del órgano para analizar el alcance de la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, que limita sus funciones. Este movimiento del Consejo llega después de que el Senado aprobara esta misma semana la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide al órgano de gobierno de los jueces efectuar nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones, es decir, con el mandato prorrogado. En el CGPJ quieren saber si es procedente plantear en este caso un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como se hizo en 1985 cuando se cambió el sistema de elección de los vocales, muerte de Montesquieu mediante. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Lesmes adoptó esta decisión en el Pleno que tuvo lugar ayer a petición de varios vocales. (El Mundo)

En Moncloa no se atreven todavía a hacer pronósticos –a un mes y medio vista– y apelan a la «prudencia». «La decisión se tomará en su momento», dicen. En todo caso, aseguran que cualquier determinación en este sentido se hará en base a criterios epidemiólogicos y en función de la evolución de la pandemia. «No nos temblará el pulso», advierten. En el Gobierno cuentan con que en el mes de mayo la campaña de vacunación haya despegado y vaya a velocidad de crucero. En sus previsiones estaba que abril fuera un punto de inflexión en este sentido y que tuviera un impacto en la transmisión del virus. Sin embargo, esta semana se ha conocido que España no podrá contar con la vacuna monodosis de Janssen para frenar una eventual cuarta ola, porque recibirá los primeros viales a finales de abril y apenas serán 300.000 dosis, un refuerzo insuficiente en el que se percibe como un nuevo momento crítico de la pandemia. (La Razón)

Ante el temor a una cuarta ola, Sanidad presiona a las comunidades para que clausuren el interior de la hostelería si su situación epidemiológica es de riesgo alto o extremo. Esta medida afectaría a nueve autonomías. (La Razón)

El Gobierno boicoteará la política de Ayuso con la hostelería en precampaña. El borrador de nuevas actuaciones que pasará por el Consejo Interterritorial apunta directamente a la política de la presidenta madrileña con este sector. Al margen de cuestiones epidemiológicas, las fechas en las que podría entrar en vigor invitan a interpretarlo en clave electoral. (El Mundo)

El equipo de Isabel Díaz Ayuso está tratado de completar «el sudoku de la lista» del PP para las elecciones a la Comunidad de Madrid, la decisión «más complicada» de la campaña, según reconoce uno de los colabores estrechos de la aspirante a renovar su mandato al frente del Gobierno de la Puerta del Sol. Entre los múltiples nombres que se barajan ocupa un lugar destacado el de Toni Cantó, que hasta la semana pasada era portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Aunque «probablemente» se integrará en la candidatura como independiente y en un puesto aún por concretar, el entorno de la presidenta madrileña apunta otra posibilidad: su nombramiento como consejero en un hipotético Ejecutivo popular, para lo que no es necesario ser diputado autonómico. Y es una oferta que al actor de Siete Vidas le seduce. (El Mundo) (ABC)

Toni Cantó: "Yo no me he movido de mi sitio. Se ha movido Ciudadanos". El ex coordinador de Cs en la Comunidad Valenciana seguirá militando en el partido 'naranja' aunque vaya en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. (El Mundo)

El fichaje de Toni Cantó por el PP genera tensión entre Casado y Ayuso. La operación política del fichaje de Toni Cantó ha dejado al descubierto las tensiones que existen entre la dirección nacional del PP y el equipo de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a quien en Génova ven con recelo desde hace tiempo. Pero, sobre todo, evidencia la pugna en ciernes sobre el diseño de la campaña de la candidata popular, en la que la dirección nacional también quiere decidir. Ayuso no hará una batalla del fichaje de Cantó, según transmiten en su entorno, pero de momento mantiene el pulso con Génova sobre la incorporación del exdirigente de Ciudadanos a su lista. Aunque la dirección nacional se apresuró anteayer a publicitar el fichaje, la presidenta lo sigue dejando abierto. (El País)

El centro neurálgico que la organización de apoyo al yihadismo utilizaba para sus actividades de financiación de Al Qaeda en Siria era la mezquita de Estrecho, en Madrid, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Allí fue detenido Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) que, con su brazo derecho, que era el gestor, enviaban el dinero a Siria como si fueran ayudas y donaciones a los huérfanos que ha causado el conflicto terrorista que se vive en ese país. Parte, iba destinado a un centro en el que se forma a menores de edad como futuros moujahidines (combatientes), al igual que hace el Estado Islámico, de acuerdo con un «programa escolar» diseñado por el «califato». (La Razón)

Compromís, la coalición nacionalista liderada por Mónica Oltra, tendrá la última palabra sobre el requisito del valenciano para aspirar a una plaza de funcionario en la Comunidad Valenciana. La nueva Ley de Función Pública que aprobaron ayer los tres partidos del gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) establece que el nivel de valenciano que se exigirá para cada puesto de la administración, así como las posibles excepciones para el personal sanitario, se estipulará a través de un reglamento que deberá aprobarse a lo largo del próximo año. (El Mundo)

Podemos aplica en Valencia los incentivos al alquiler que critica al PSOE. El cisma que se ha abierto entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación de los precios del alquiler, y que a día de hoy parece insalvable, no solo no se traslada siempre al ámbito autonómico sino que, en el caso de la Comunidad Valenciana, los morados impulsan la fórmula socialista. En el Gobierno de Ximo Puig, es Unidas Podemos quien se ocupa de la cartera de Vivienda, y quien prepara un decreto que busca pinchar la burbuja del alquiler no con expropiaciones forzosas o poniendo un tope a los precios, sino por la vía del incentivo a los grandes propietarios que defiende el PSOE. (El Mundo)