(Exclusivas de la prensa de papel 26/11/2021) El rodillo del Gobierno fulmina propuestas para bajar impuestos, apoyar a los autónomos o reconstruir la isla de La Palma

Emitir en Navarra dibujos animados en euskera; pagar a las grandes plataformas de contenidos audiovisuales para que produzcan o doblen en catalán, gallego o vasco o comprometerse a suprimir las partidas para mejorar la comisaría central de Via Laietana en Barcelona, han sido, a ojos del Ejecutivo, peticiones más beneficiosas para el interés general que prever una partida plurianual de 700 millones de euros para reconstruir La Palma y empezar a ofrecer seguridad y certezas a su población, como pedía Coalición Canaria o reducir impuestos para los autónomos como proponían Ciudadanos y PP. Para el olvido han quedado propuestas como un plan de moderación fiscal, medidas para asegurar que los fondos europeos repercutan en los autónomos; elevar el límite de las deducciones en el IRPF para los planes de pensiones; favorecer la inversión en empresas de nueva creación; deducciones por contratación de servicio doméstico o mantener en el 4% el IVA de turismo, hostelería, alojamiento y transporte marítimo y aéreo de pasajeros, como pedía Cs. (El Mundo)

El nacionalismo cobra 400 millones extra a Sánchez para apuntalar la legislatura. ERC y PNV logran 90 más y Bildu 40, y Montero celebra que «España está de enhorabuena» tras la aprobación de los Presupuestos. (ABC)

El ministro de Seguridad Social tiene al colectivo de jubilados anticipados revuelto. En primer lugar, porque el proyecto de ley de pensiones que ha aprobado ya la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso contempla mantener las penalizaciones a este colectivo, castigado en gran parte durante las pasadas crisis económicas, durante todos los años que cobren la pensión. En segundo lugar, porque el proyecto se dirige hacia su debate y votación en el Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la reforma y sus enmiendas antes de ser aprobada y enviada al Senado para completar su tramitación, con una rebaja de los coeficientes reductores de la pensión que penaliza a las carreras más largas de cotización. Y es que la «rebaja» de las penalizaciones, que derivará en un complemento para los actuales pensionistas jubilados de forma anticipada, se acorta a medida que los beneficiarios tienen más de 41 años y seis meses cotizados, según las nuevas tablas de coeficientes correctores. Por tanto, unos 600.000 pensionistas que tienen carreras de más de 40 años se verán perjudicados, según denuncia la asociación Asjubi40 que agrupa a buena parte de este colectivo. (La Razón)

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) están dispuestas a ir más allá de la pretensión del Gobierno de fomentar la contratación de trabajadores para ser cedidos a otras empresas mediante la fórmula de fijo-discontinuo. Fuentes del sector adelantan a elEconomista que estarían dispuestas a que, en vez de fijos-discontinuos, las ETT aumentasen la contratación indefinida. Sin embargo, precisan regular ciertas cuestiones como los cambios de las condiciones sustanciales de trabajo, la formación, incluso el desempleo. En este sentido, han abierto una negociación para avanzar un acuerdo. (El Economista)

El acuerdo incluye una subida del 2% y cada año se compensará el 80% de la diferencia con el IPC real del momento. (El Economista)

El negocio audiovisual asiste con desconcierto al protagonismo que en su próxima ley sectorial han adquirido las concesiones del Gobierno a los partidos nacionalistas para rubricar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El mínimo del 6% para catalán, gallego o euskera exigido en la oferta del catálogo de servicios de streaming es irrealizable según los informes jurídicos del sector a los que ha accedido EL MUNDO. «O han engañado a ERC o este partido se ha prestado al engaño», cuenta un directivo de uno de los operadores afectados. (El Mundo)

En la construcción, la subida de precios ha encarecido las obras de media en un 22,2% en los últimos tres meses, según la Confederación Nacional de la Construcción. Su presidente, Pedro Fernández-Alen, explica a EL MUNDO que «el 95% de las empresas ha notado un incremento inusual del precio de los materiales, especialmente de la madera, que se ha subido un 125%, del acero, el aluminio y el hierro». A lo que se suma la subida de la electricidad. «Esto ha provocado que más del 60% de las empresas se han visto obligadas a cancelar contratos o paralizar obras y, además, ya hay concursos públicos desiertos, porque a las empresas no le sale rentable. Por el precio de la licitación, no se presenta nadie a la obra. La Administración tiene que actualizar los precios. Esto es un tema que nos preocupa», subraya. (El Mundo)

Las azulejeras se plantean parar los hornos ahogadas por el coste del gas. El encarecimiento de los costes energéticos tiene en las empresas azulejeras, que se concentran en la provincia de Castellón, una de sus principales víctimas. Las compañías del sector califican la situación de “catastrófica”. Necesitan el gas para hacer funcionar los hornos de cocción de la cerámica, con un alto consumo, ya que las temperaturas deben ser muy elevadas. Esto hace del azulejo un sector extremadamente vulnerable al coste del gas, que ha subido un 140% entre enero y septiembre. El peso del gas en los costes de fabricación del azulejo ronda el 14%, aunque varía de unas empresas a otras. La electricidad también es un coste importante, y ha subido el 160%. (Expansión)

La cesta de materiales sube el 29% y el 65%. (Cinco Días)

El Gobierno prepara una subasta de puntos de acceso y conexión para 17.500 MW de renovables lo que podría activar inversiones por 10.000 millones y contribuir a una rebaja de la factura de la luz en el medio plazo. Ribera ha indicado al sector que quiere aprovechar el próximo mes de marzo para colocar los 175 nudos que no se liberaron en junio de 2021 tras finalizar la moratoria de renovables que había impuesto el Ministerio en junio de 2020 para frenar la especulación. El sector esperaba entonces la apertura de dichos registros para pugnar por estos puntos y por los que llegaban a pagarse hasta cerca de 200.000 euros, pero, finalmente, se decidió echar el freno y paralizar la apertura de solicitudes. (El Economista)

Ribera no multará a las eléctricas por vaciar embalses. Los informes jurídicos solicitados por la vicepresidenta ecológica sostienen que no hay margen para multar a las compañías, ya que no incumplieron lo estipulado en las concesiones firmadas hace décadas para la construcción y operación de los distintos embalses. Fuentes de Transición Ecológica explican a EL MUNDO que el expediente de Iberdrola –el vaciado que más revuelo generó por la oposición vecinal– no está aún cerrado, pero añaden que si no hay cambios de última hora próximamente será archivado. (El Mundo)

Ha causado una enorme sorpresa en el sector energético el apoyo mostrado por Repsol a la utilización del carbón para generar electricidad, así como también del fuel en determinadas plantas térmicas de gas. Así se expresó el director de estudios de la petrolera y gasista, Antonio Merino, en una reciente reunión convocada por el PP y a la que asistieron representantes de todas las empresas del sector, como Iberdrola, Endesa, EDP, Natury, Enagás, Repsol y la patronal eléctrica Aelec. Faltó REE, cuya presidenta es la exministra socialista Beatriz Corredor. (ABC)

EDP se suma al uso del carbón por su elevado margen frente al gas. (Cinco Días)

El negocio de banca de inversión de BBVA aporta el 15% del margen bruto a los resultados del grupo. La media de sus principales rivales europeos, con Santander, BNP, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale y UBS entre ellos, roza el 35%. Y ahí es a donde el banco presidido por Carlos Torres quiere llegar. “Tenemos un gran potencial al alza”, asegura el ejecutivo. (Expansión)

La banca rechaza dar los 300 millones de euros en avales que pide Abengoa para su rescate. (Cinco Días)

Las empresas del Ibex disparan a 100.000 millones su liquidez anti-covid. (Cinco Días)

Veinte firmas ofrecen divídendos del 4% con un consejo de compra. (El Economista)

El PSOE sigue poniendo trabas a la investigación del escándalo de la explotación sexual a menores tutelados en Baleares. Mientras en las Islas, el gobierno insular formado por los socialistas, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca han dado carpetazo al asunto sin dimisiones políticas y negándose a hacer una investigación en profundidad, desde el Parlamento Europeo, Iratxe García, portavoz de los socialistas en el Eurocámara, ha intentado ahora que se anulase una misión de investigación ya aprobada del Parlamento Europeo para esclarecer los hechos. (ABC)

"Neos (norte, sur, este y oeste) es un esfuerzo para hacer un diagnóstico correcto de la sociedad, un aldabonazo ante una sociedad muy anestesiada. Se están cambiando todos los fundamentos de nuestra sociedad, los de un proyecto cultural, impulsado por ETA y Zapatero en 2004 en el que se trata de destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Neos es una manera de decir que no podemos estar callados, ni estar acomplejados; es una manera de decir «no podemos seguir así»". (La Razón)

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un estudio analizando el centenar de sentencias dictadas en 2020 por el Tribunal Supremo en casos relacionados con delitos contra la libertad sexual. Entre otras conclusiones, este informe, pionero en la materia, revela que en siete de cada 10 casos (el 68,1% de los analizados), las víctimas de la agresión sexual eran niños. También, que la práctica totalidad de las víctimas adultas eran mujeres (el 97,7%), mientras que en el caso de los menores ese porcentaje disminuye hasta el 68,4% al ser también los niños objeto de este tipo de prácticas delictivas. (El Mundo)

Carlos Ruiz de Alegría lleva cuarenta años en la carrera fiscal, catorce como número dos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Adscrito a la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación de la fiscal general, Dolores Delgado, tiene un perfil discreto y no se ha prodigado en prensa hasta que se ha topado con algo que dice no haber visto «nunca antes». Asumió, derivada de la Fiscalía General del Estado, una denuncia de Vox por revelación de secretos contra el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa y cuando, tras practicar diligencias, quiso archivarlas al entender que estaba «totalmente esclarecido» –con Stampa indemne–, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, a la sazón mano derecha de Delgado, le dijo que no, pese a no tener ninguna ascendencia sobre él. Sugirió por escrito que se practicasen más diligencias, algo insólito y lejos de las funciones de quien está llamado a asesorar a la fiscal general o a aclarar instrucciones o circulares a la carrera. Y es que sobre el caso Stampa sobrevuelan varios elementos que ponen a Dolores Delgado contra las cuerdas: en el epicentro, el propio caso Villarejo que llevaba Stampa, donde el bufete de su pareja, Baltasar Garzón, defiende a tres imputados. (ABC)

La Fiscalía sostiene que el juez investiga ya en el caso Neurona la posible «financiación irregular» de Podemos. El Ministerio Público asegura en un reciente escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que «lo cierto» es que el magistrado Juan José Escalonilla «está investigando estos hechos», en referencia al contrato suscrito con la consultora chavista, «por posible financiación irregular o administración desleal». (El Mundo)

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que las dos regularizaciones fiscales llevadas a cabo por el Rey emérito fueron «voluntarias» y «espontáneas». EL MUNDO ha tenido acceso a la Comisión Rogatoria que el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, envió el pasado mes de mayo a Suiza donde afirmaba que tanto la regularización llevada a cabo en diciembre de 2020, de los fondos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, como la posterior efectuada en febrero de 2021, por los vuelos de la fundación Zagatka, fueron «presentadas de manera completamente voluntaria y espontánea». (El Mundo)

Presidenta de una de las asociaciones que están batallando en defensa de la escuela bilingüe, Ana Losada celebra la decisión del Supremo como un aval decisivo para que en Cataluña se imparta al fin un 25% de asignaturas en castellano. "Nos vamos a reunir con otras asociaciones para consensuar una estrategia conjunta para que la sentencia se aplique. No tenemos capacidad ni recursos para denunciar a dos mil o cinco mil directores de centro, pero empezaremos con algunos. Porque si cogemos cinco centros que no cumplan la ley por provincia y les denunciamos, será una señal de aviso importante. Los directores, como cualquier ciudadano, deben responder ante la justicia y no pueden desobedecerla, pero es que, además, son funcionarios públicos y se juegan su inhabilitación y perder el puesto de trabajo". (El Mundo)

«No renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos», avisan desde la AEB, la asociación que ha encabezado la lucha por el bilingüismo en las aulas catalanas a lo largo de los últimos años y ha logrado que más de 2.000 alumnos se beneficien del 25% de castellano a partir de resoluciones individualizadas. De hecho, está previsto que en los próximos meses se produzcan más fallos (7 u 8) en este sentido, aún pendientes de resolución. (La Razón)

Indignación en los Mossos: la Generalitat estudia retirarse de 30 causas de ataques a policías. Un anuncio del letrado del Ejecutivo catalán al inicio del juicio en la Audiencia de Barcelona al considerar que no puede determinarse la «autoría de las lesiones». (ABC)

La razón oficial que estudian esgrimir para suspenderla es el incremento de contagios. (La Razón)