(Exclusivas de la prensa de papel 27/01/2021) El fondo IFM promete al Gobierno "décadas" de inversión en Naturgy para esquivar su veto

Los representantes del fondo y sus asesores en España ofrecerán al Ejecutivo una inversión perpetua de «décadas» en Naturgy que ayude a impulsar la transición energética del país, según ha podido saber EL MUNDO en fuentes del mercado. Será su gran carta para convencer al Gobierno de las bondades de su plan, en el que también atribuyen un «papel angular» a Criteria Caixa. El holding financiero catalán que dirige Isidro Fainé vuelve a situarse como un elemento clave para el éxito de la operación. No sólo porque ahora mismo controla un paquete del 24% en el grupo que lo convierte en primer accionista, sino porque su presencia ha sido históricamente garantía de estabilidad en el accionariado del grupo energético. Si Criteria no vende parte de sus acciones, la operación se complica, ya que IFM tendría que convencer a más de la mitad de los accionistas minoritarios. (El Mundo)

La polémica de la sexta dosis de los viales de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer sigue trayendo cola. Como ya informó este periódico, numerosos servicios de salud autonómicos han perdido cientos de dosis del suero por carecer de jeringuillas especiales para poder extraerlas desde que comenzara esta histórica campaña, el pasado 27 de diciembre. A ello, se suma ahora una nueva polémica que destapa Fernando Lamata, consultor internacional y uno de los mayores expertos sanitarios españoles, que ocupó numerosos cargos políticos en el pasado, entre ellos el de vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha y el de secretario general del Ministerio de Sanidad. El laboratorio cambia la ficha técnica para resaltar que cada vial incluye un suero más, por el que también cobrará, según destapa un ex alto cargo del Ministerio de Sanidad. (La Razón)

El director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, asume la responsabilidad del retraso, pero señala que la UE contrató el suministro tres meses después que el Reino Unido. (El País)

La entidad financiera quiere atraer clientes locales y expatriados de las islas de la Corona británica Jersey y Man. Las sucursales de Santander en estas islas cuentan con depósitos por 7.000 millones de euros y han concedido hipotecas y otros créditos por valor de 5.000 millones. (Expansión)

Europa insiste: el Gobierno debe impulsar reformas que garanticen la independencia del Poder Judicial e impedir su politización. Unas reformas que van en sentido opuesto a la proposición que en un primer momento impulsaron PSOE y Unidas Podemos para reducir la mayoría parlamentaria necesaria para su renovación, aunque después lo paralizaron. La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transparencia, Vera Jourová, ha vuelto a advertir, esta vez en una carta dirigida a Ciudadanos a la que tuvo acceso EL MUNDO, de que en una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ejecutivo deberá «garantizar» que «al menos la mitad de los miembros del Consejo [General del Poder Judicial] deben ser jueces elegidos por sus pares». La carta ha sido enviada justo antes de la reforma de la ley orgánica que se debate en el Congreso mañana para limitar los poderes del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones, como sucede actualmente. (El Mundo)

Aunque desde algunos sectores del Ejecutivo, los vinculados con Podemos, se presionara en las últimas horas para aprovechar y acometer una reestructuración de mayor calado, Sánchez se reserva esa baza para el futuro. La activará cuando estratégicamente mejor le convenga. En un contexto en el que se haya superado la crisis sanitaria y la remodelación pueda servir para dar un impulso electoral al Gabinete. (La Razón)

El Tribunal Constitucional rechazó ayer de plano amparar al ex secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, por las torturas que sufrió durante el franquismo. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el Pleno, con división de sus magistrados, inadmitió el recurso de amparo presentado por el histórico sindicalista por las lesiones que sufrió derivadas de las torturas policiales que presuntamente padeció durante la dictadura de Francisco Franco. Por ocho votos a favor y tres en contra, el tribunal de garantías no apreció la lesión en el derecho a la tutela judicial efectiva denunciada por el sindicalista. (El Mundo)

”Queremos superar una década perdida”, asegura la diputada y viceprimera secretaria del PSC Eva Granados. El factor Illa”, con el que los socialistas catalanes quieren ser la primera fuerza política en Cataluña, puede atraer una buena bolsa de votantes defraudados con los años de procés. Pero paradójicamente —calculadora en mano— puede resultar numéricamente insuficiente para formar un Gobierno que ponga las políticas sociales en el centro de su acción y aparque el verbalismo independentista de que ha hecho gala el Ejecutivo catalán en los últimos años. PSC y Catalunya en Comú-Podem están lejos en todas las encuestas de sumar los 68 diputados que dan la mayoría en el Parlament, de acuerdo con la fórmula que defiende el cabeza de lista socialista, Salvador Illa. (El País)

La pelota ya está en manos de los servicios jurídicos del Estado. El Tribunal Supremo dio traslado ayer a la Abogacía de los expedientes de indulto de los doce condenados del «procés», el trámite previo al informe de los magistrados que les condenaron por sedición. El movimiento del Alto Tribunal se produce veinte días antes de las elecciones autonómicas del 14-F, por lo que los independentistas al menos ya no podrán utilizar la supuesta falta de impulso del procedimiento por parte del Supremo en su estrategia de victimismo durante la campaña electoral.  El Alto Tribunal recuerda que la ley del indulto limita la petición de informe al Ministerio Fiscal y a la parte perjudicada por el delito, en este caso la Abogacía del Estado, que fue parte en el procedimiento por el delito de malversación. Ninguno de estos dos informes, ni tampoco el del tribunal, son vinculantes para el Gobierno, aunque en caso de concederlos, tendrá difícil justificar su postura ante la opinión pública, sobre todo tras el duro informe de la Fiscalía del pasado 22 de diciembre. (ABC)

José Luis Olivera envió un ‘email’ en 2016 al excomisario en el que le advertía de que su actuación “no sería la de un agente encubierto al uso que requiere autorización judicial”. (La Razón)