(Exclusivas de la prensa de papel 28/09/2020) El Gobierno quiere suprimir el derecho de los padres a elegir centro y eliminar la repetición en la «ley Celaá»

Podemos presenta enmiendas en solitario en las que carga contra la libertad de enseñanza, impide la repetición en Primaria y la blinda en Secundaria. Por su parte, los nacionalistas buscan eliminar la palabra Constitución del texto y dejar al castellano fuera de las aulas. (ABC)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ampliará las restricciones sanitarias aprobadas el pasado viernes, como le exige el Ministerio de Sanidad, por lo que en el Gobierno regional se preparan para una intervención, que podría hacerse oficial el martes, vía decreto, en el Consejo de Ministros. Desde el Gobierno regional advierten de que el único mecanismo para que el Ejecutivo central tome el control sanitario autonómico, sin incurrir en una ilegalidad, es con el estado de alarma, instrumento que exige al Ejecutivo de Sánchez pasar por el Congreso de los Diputados, en el plazo de quince días, para conseguir su aprobación. En las últimas horas se ha especulado sobre otros instrumentos alternativos como la Ley de Salud Pública y el decreto de Nueva Normalidad. (La Razón)

Los madrileños sienten pánico ante el regreso a la situación que se vivió en primavera. (La Razón)

El Gobierno podría ordenar el cierre de Madrid en el Consejo de Ministros si Ayuso no endurece sus medidas contra el virus. (El Economista)

Enrique López: "Un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito". El consejero de Justicia de  de la Comunidad de Madrid rechaza que la situación sanitaria ampare la declaración del estado de alarma o alguna intervención del Gobierno. Advierte de que el Ejecutivo de Ayuso respondería en los tribunales. (El Mundo)

España sigue sin noticias de la gran compra centralizada para disponer del material sanitario necesario para afrontar la segunda ola del coronavirus que había anunciado el Gobierno. El acuerdo marco, valorado en 2.500 millones de euros, se publicitó por parte del Ministerio de Sanidad (a través de su órgano de contratación, el Ingesa) el pasado 4 de agosto. Casi dos meses después el contrato no está resuelto y, por tanto, no se han llenado las despensas de un material urgente. El Ministerio comunicó, y así consta en los pliegos, que se adquirirán 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test PCR y kits de extracción. El material debía de haberse distribuido ya a principios de este mes de septiembre. (El Economista)

«Se aconseja a los gibraltareños británicos que se aseguren de estar en posesión de un pasaporte válido si tienen la intención de viajar al Espacio Schengen después del 31 de diciembre de 2020», advierte la Administración de Gibraltar en esta guía, que tiene tres páginas y que detalla en cinco epígrafes las nuevas condiciones a las que tendrán que someterse los ciudadanos del istmo si finalmente el Brexit finaliza sin acuerdo y tampoco hay entendimiento con España para buscarle un encaje al Peñón. (ABC)

La UE intenta 'in extremis' un pacto posBrexit con Reino Unido esta semana. (Expansión)

El abogado sevillano Elías Castejón, que regenta una asesoría fiscal en el municipio de Carmona, registró el 19 de marzo de 2019 en la capital andaluza la empresa Neurona Comunidad S.L., franquicia española de la sociedad mexicana Neurona Consulting, epicentro de la «caja B» -llamada por el partido Caja de Resistencia- que el ex letrado de Podemos José Manuel Calvente ha puesto en conocimiento del juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Castejón inscribió esta filial de Neurona como administrador único a pesar de que se trata de un negocio que nada tiene que ver con su actividad habitual y cesó en este cargo el pasado 4 de marzo, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuando se conocieron las relaciones del partido de Pablo Iglesias con esta compañía. (ABC)

El CGPJ retomará el miércoles los nombramientos para sus vacantes. Los principales escollos estarían en el «grupo progresista», que no está por la labor de que este paso lo dé un Consejo «en funciones». El sector «conservador» sí apoya la renovación. (La Razón)

Perfilados cinco de los seis nombramientos clave del Pleno del CGPJ. Esta semana se ponen sobre la mesa tres plazas de la Sala Penal del Tribunal Supremo y las presidencias de las salas Militar, Social y de lo Contencioso. (El Mundo)

El Gobierno y el Poder Judicial recrudecen sus hostilidades. La Moncloa sitúa a Lesmes en la diana por revelar la conversación telefónica con el Rey y reactivar los nombramientos de jueces. El CPGJ subraya que el Ejecutivo nunca pidió cambiar la fecha del acto en Barcelona y que está obligado por ley a designar magistrados. (El Periódico)

Seis de cada diez españoles no está seguro de poder conservar su empleo durante los próximos meses, cuando la pandemia termine de desplegar sus efectos sobre la economía y las medidas de urgencia de apoyo a empresas y trabajadores se vayan retirando, como la aplicación de los Erte o las ayudas para autónomos. Según el II Barómetro sobre Preocupaciones de los españoles en relación al Empleo elaborado por Infojobs. el cierre de las empresas y negocios se sitúa al frente de las preocupaciones actuales de la mayoría de los españoles (69%), seguido de un salario no acorde con la experiencia y la formación (66%) y de la posibilidad de perder el empleo (61%). Unas cuestiones que hace tan sólo unos meses eran diferentes. En febrero de 2020, la principal preocupación de los españoles se centraba en tener un salario que no fuera acorde a su experiencia y formación profesional (72%). (El Economista)

Gerardo Cuerva (Cepyme): "Si no se prolongan los Erte a partir del 1 de octubre será una debacle". (El Economista)

Bruselas duda de la capacidad española para absorber los 140.000 millones del rescate del coronavirus. Desde 2014 sólo ha invertido el 34% de los fondos asignados. (La Razón)

Negocia con la Unión Europea y Reino Unido la implantación de medidas más efectivas para frenar los contagios y reinstaurar la confianza en el sector. (El Mundo)

La dependencia financiera internacional del conjunto del país pulveriza todos los registros del Banco de España y llega al 188% del PIB. (El Mundo)

Aunque mínimo, habrá incremento salarial para este colectivo si bien aún no se ha decidido el porcentaje. Podemos ha logrado evitar que la congelación sea una línea roja, en un momento el que sanitarios, sobre todo, enfrentan una mayor carga de trabajo por la pandemia, a lo que se suma la labor de docentes y cuerpos y fuerzas de seguridad. Como fuere, aún no se ha decidido el porcentaje, señalan estas fuentes. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial tiene pendiente reunirse con los sindicatos para negociar este punto. Tienen pendiente también las ofertas de empleo público de 2021, además de la conversión de interinos a indefinidos –para rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 27,8%, muy lejos del objetivo del 8% que se marcaron hace tres años–. (ABC)

El máximo responsable del gigante francés explica en exclusiva a EXPANSIÓN los objetivos de la compañía con su irrupción en renovables y electricidad. (Expansión)

El banco centraliza en España todo el servicio de asesoramiento financiero que presta a altos patrimonios de Hispanoamérica en su llegada a Europa. (Expansión)

Se trata de una vieja reivindicación que, a la vista de la nueva regulación de las subastas de capacidad renovable que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica, los grandes consumidores de electricidad han vuelto a poner encima de la mesa. Concretamente, estos reclaman un cupo para contratos de la energía que se adjudique cada año a los productores de renovables en las subasta, al precio resultante en las mismas. No se trata de que ellos pujen por capacidad, sino de que se les reserve una parte de la producción de los adjudicatarios de las subastas anuales. (Cinco Días)

Apuesta por un módulo de megatendencias como complemento a las carteras tradicionales para buscar fuentes de rentabilidad alternativas. (Cinco Días)

La justicia anula el requisito de una orden médica de reposo para faltar sin perder sueldo. (Cinco Días)

Después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que deben ser los jueces españoles los que analizaran casos por caso si el índice IRPH es abusivo, y tras los más de 150 recursos de casación, el Tribunal Supremo reunirá al Pleno de la Sala de lo Civil el miércoles para marcar el camino. La banca se juega 33.000 millones de euros. (El Economista)

De manera discreta, y siempre negándolo en público, Puigdemont está intentando pactar con el Gobierno la reforma del delito de sedición en el Código Penal. A través de su abogado, Gonzalo Boye, contactó con el diputado de Podemos, Jaume Asens, que le hizo llegar la propuesta al presidente del Gobierno. Puigdemont continúa asegurando en sus intervenciones públicas que la independencia es la única solución y que no hay negociación posible, pero se está rindiendo por la puerta trasera a cambio de garantizarse un regreso sin demasiados inconvenientes. El indulto no le sirve, porque antes tendría que ser juzgado y eventualmente condenado. (ABC)

Aragonés asumirá el poder tras la inhabilitación de Torra. Iniciará un periodo de interinidad tras la inhabilitación de Torra, que acabará con la convocatoria de elecciones. (La Razón)

Torra prepara su salida con un pacto entre Junts y ERC que blinda el Govern. (La Vanguardia)