(Exclusivas de la prensa de papel 28/12/2022) Los abortos aumentaron levemente en 2021, hasta los 90.189

En 2021, año pandémico, los centros sanitarios españoles practicaron 90.189 abortos. Son 1.920 más que los registrados en 2020, cuando estalló la crisis de la covid -88.269-, pero menos que los contabilizados antes de que el virus se expandiera por todo el planeta y en nuestro país. Según los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, publicado por el Ministerio de Sanidad, la cifra más alta de abortos en España se registró en 2012, cuando se practicaron 113.419. Desde entonces, ha ido descendiendo hasta caer por debajo de los 100.000 en 2014 -94.716- con tres repuntes alcanzados en 2017, 2018 y 2019. (La Razón)

Varias asociaciones se concentrarán este 28 de diciembre ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para insistir en su desacuerdo con anteproyecto de ley de familias. Consideran que las medidas de Belarra son un agravio a la familia y al concepto de familia numerosa que se advierte en el anteproyecto de ley de familias. En concreto, advierten, «consideramos que la ley de familias es inadmisible y que las familias no lo podemos tolerar«. Insisten en que es «una grave intromisión a la libertad educativa, a la patria potestad y a las familias numerosas. En caso de prosperar, nos veremos obligados a desobedecer, y el día 28 a las 12:00 se lo haremos saber a la ministra Belarra en la puerta de su ministerio». (ABC)

Sánchez presenta un paquete anticrisis valorado en 10.000 millones de euros y plagado de guiños fiscales e incentivos para hogares e inquilinos tras el enésimo desencuentro con Unidas Podemos. (ABC) (Cinco Días)

Los trabajadores acumulan en España una caída del valor real de su salario del 6% en 2022. Es el mayor diferencial de entre las grandes potencias de la zona euro, seguido de Italia. (ABC)

El adiós a la rebaja por decreto de 20 céntimos al carburante anunciada ayer por el Gobierno ha agitado la guerra comercial en la que están enzarzadas las gasolineras desde la pasada primavera. Sin la bonificación del Gobierno, que expira el 31 de diciembre, las petroleras deben decidir si asumen el sobrecoste de extender sus rebajas adicionales, o elevan los márgenes bajo la amenaza de perder la cuota comercial que han ganado gracias a la lucha de precios. Repsol ha sido el primero en desvelar sus cartas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmase ayer que desde enero la bonificación del Estado se limitará al consumo profesional (agricultores, pescadores y transportistas). La compañía que dirige Josu Jon Imaz anunció que prolongará hasta el próximo 31 de marzo la rebaja adicional de 10 céntimos por litro para los clientes que utilicen Waylet, la aplicación de pago y fidelización de la energética. Por el momento, tanto Cepsa como BP han decidido darse unos días de margen para decidir si siguen la estela de Repsol o se inclinan por no extender sus propios descuentos. En el caso de Cepsa, la compañía replicó la rebaja de 10 céntimos aplicable a cualquier repostaje. Por su parte, BP respondió con un recorte de 14 céntimos por litro en surtidor para transportistas y de hasta 12 céntimos para los particulares. (El Mundo)

Los caseros no sólo critican que se establezcan medidas de intervención, sino que no existan contraprestaciones o compensaciones, de la misma forma que hacen países como Portugal. (El Mundo)

El blindaje para empresas estratégicas, que el Gobierno ha prorrogado, tendrá al sector energético como su principal protagonista, con operaciones que pueden alcanzar los 30.000 millones. El Gobierno propone una extensión del blindaje hasta diciembre de 2024 y además, incluir bajo el escudo la venta parcial de activos de las empresas estratégicas, no solo la empresa en su conjunto, con lo que su radio de protección se amplía sustancialmente a todo tipo de operaciones, que ahora están en marcha, en preparación o sobre la mesa. (Expansión)

Banco de España: el alza de precios en energía acelera un punto el de la inflación subyacente. (Expansión)

Toyota, Kia y Hyundai salvan la venta de coches nuevos en España. Las marcas asiáticas sostienen un mercado que va a acabar el año con unas 830.000 unidades y una caída del 3%, debido a la incertidumbre económica y la crisis de los chips. (Expansión)

Santander ultima la venta de su gestora inmobiliaria Diglo a Altamira. La operación, que se cerrará a principios de enero, cuenta con un contrato de gestión de los activos de Diglo por cinco años. Gestiona 5.000 millones de euros. (Expansión)

Sareb comprará a Värde el 10% de su promotora Árqura. El acuerdo entre el banco malo y el fondo incluye una opción de compra futura de Aelca, la gestora de Árqura en manos de Värde. (Expansión)

Los aerotaxis de Acciona y Ferrovial superan las 3.000 unidades de cartera. Los dos fabricantes participados por grupos españoles, que cotizan en el Nasdaq, firman con aerolíneas a la espera de terminar el recorrido burocrático para poder volar en Europa y EEUU. (Expansión)

Agricultura intercedió para descartar el impuesto a los beneficios de la distribución.

Ford, Stellantis y Seat inician un 2023 de ajustes de empleo por el coche eléctrico.

Telepizza contrata a FTI y Álvarez&Marsal para armar su nuevo plan de negocio.

El rey de los NFT de la NBA choca con consumo.

Repsol y Cepsa han bonificado 570 millones en carburantes.

La dueña de Cortefiel rentabiliza todas sus marcas.

Descarbonización industrial tendrá un Perte de 3.100 millones.

El 66% del Ibex mejorarás resultado respecto a 2021.

Eloi Fluidra: "El mercado no ha computado nuestro plan para mejorar márgenes".

Beatriz Reguero: "Exploraremos países en África con sentido para que Cesce esté ahí".  

Sánchez no ha confirmado si dejará sin efecto la «mesa de diálogo» para el próximo año, electoral, pese a que desde la Generalitat se vaya a poner de nuevo sobre el tapete las aspiraciones independentistas. Unas aspiraciones que el presidente no consideró «nada nuevo», porque en el citado foro «siempre han mantenido las mismas posiciones». Sánchez resolvió que la «mesa de diálogo» es una herramienta que «se ha demostrado útil» durante todo este tiempo. Sin embargo, fuentes gubernamentales sí reconocen en privado que no está prevista su celebración. No hay fecha ni agenda, pese a que el compromiso adquirido era que se hubiera celebrado una reunión a final de 2022 o inicios de 2023. (La Razón)

Un vocal progresista del CGPJ resumía ayer la situación a la que iba a llegar al nuevo pleno extraordinario: «El Gobierno se había dado cuenta de que había llegado a un punto peligroso». Eso explicaría la decisión del bloque al que pertenece de apearse del apoyo al candidato José Manuel Bandrés en favor de la alternativa que ofrecía el sector conservador, María Luisa Segoviano. La situación «era ya casi insostenible», explicaba ayer otro vocal progresista, que vaticinaba una ruptura en la unidad de voto si se mantenía la cerrazón de ambos bloques. Ese cambio en los votos en el bloque de vocales progresistas del Consejo se había ido gestando en los días previos. Lo comprobó el propio candidato inicial, José Manuel Bandrés, al que el lunes el vocal Álvaro Cuesta transmitió el apoyo final a Segoviano, según fuentes del Consejo. En el pleno, el ex diputado del PSOE quiso resaltar que la decisión no suponía en absoluto cuestionar lo acertado de su candidatura al TC. Se trataba de un cambio de estrategia «por sentido institucional». (El Mundo)

Todas las asociaciones valoran como «una buena noticia» la unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial para elegir sus dos candidatos al Tribunal de Garantías. (ABC)

Conde-Pumpido y Balaguer se disputan la presidencia del nuevo Constitucional. El Poder Judicial renovó el TC ante el temor de los progresistas a quedarse solos. (ABC)

El extesorero del PP ha ingresado este martes en el centro de inserción de Madrid en el que continuará cumpliendo su pena. (El País)

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que se reconoce a una alumna de un centro público de Barcelona el derecho a ser educada también en español con «asignaturas principales» independientemente de que se fije el porcentaje o no del 25%, abre de nuevo el camino a aquellas familias catalanas que quieran pedir ante los tribunales una educación bilingüe. El TSJC insta a la Escuela Londres de Barcelona a impartir «una o varias asignaturas principales» en español, dejando sin efectos las maniobras del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para blindar el modelo monolingüe con la aprobación de un decreto ley y una nueva ley de usos lingüísticos en Cataluña. (El Mundo)

¿Por qué es relevante el fallo? Porque el TSJC desmonta la estrategia de la Generalitat para no acatar. Le dice al Govern que, «aunque no se pueda usar un parámetro porcentual», la alumna debe «recibir de manera efectiva en castellano una o unas asignaturas principales» porque, en tanto que no se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad, hay que dar solución a esta «situación concreta». El tribunal recuerda que se debe atender al ordenamiento jurídico –es decir, al real decreto y a la ley del Parlament–, «pero respetando también el resto de disposiciones legales»: «la Constitución y el modelo de conjunción lingüística que esta norma impone». (El Mundo)