(Exclusivas de la prensa de papel 30/11/2022) Los profesionales médicos denuncian que expulsar a los objetores al aborto de los comités clínicos es «discriminatorio y sectario»

Lamentan que la norma que se tramita en el Congreso priorice las creencias personales a los conocimientos médicos. (ABC)

El Gobierno quiere pasar rápido el trago de derogar el delito de sedición a beneficio de quienes delinquieron en 2017. Se trata de dejarlo finiquitado antes de fin de año para que su polvareda afecte lo mínimo posible en la convocatoria electoral del mes de mayo. El argumento de la desprotección del Estado ante posibles futuros pronunciamientos secesionistas, exhibido incluso por las principales voces del independentismo, no es lo bastante potente como para desalentar la decisión de Pedro Sánchez necesitado de consolidar su alianza con ERC, Bildu, PNV y otras formaciones minoritarias. Es por esto que el Congreso tendrá que acometer con plazos de máxima urgencia y nocturnidad la tramitación de la proposición de ley que el Gobierno ha impulsado a través de sus dos grupos parlamentarios para proceder a una reforma fulminante del Código Penal. (El Mundo)

La Ley Crea y Crece, desarrollada por el Ministerio de Economía, impone desde el pasado 19 de octubre que las empresas que paguen a sus proveedores en un plazo superior a los 60 días no puedan acceder a subvenciones que superen los 30.000 euros. Ni ellas ni con las que formen un consorcio. Esta traba puede tener un efecto perverso sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sí cumplen ese plazo máximo: si acuden a grandes proyectos regados con fondos europeos junto a empresas de mayor tamaño que incumplen el plazo de pago, no podrán acceder a los mismos. Independientemente de que paguen como corresponde. (El Mundo)

Los sindicatos amenazan con ir a la huelga si Montero y Díaz no cumplen el acuerdo firmado, refuerzan la plantilla y la dotan de los recursos aprobados. (La Razón)

La segunda parte de la reforma de las pensiones tiene un tercer gran elemento que no ha sido aún trasladado a los agentes sociales, pero sí a funcionarios de la Comisión Europea, según ha podido saber EL MUNDO. Se trata de la extensión hasta 2050 del mecanismo de ajuste diseñado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para sustituir al factor de sostenibilidad. (El Mundo)

Las cotizaciones máximas subirán un 30% en 25 años, diez veces más que la pensión. A las subidas se sumará el alza del IPC en una reforma en la que rompe el principio de contributividad de la Seguridad Social. (ABC)

El vicepresidente del BCE advierte de que la combinación de una potencial recesión técnica y la elevada inflación puede generar episodios de alta tensión. (Expansión)

Calviño: “El impacto máximo de los fondos europeos se alcanzará en 2023-2025”. La vicepresidenta primera estima que los fondos de recuperación impulsarán de media 2,6 puntos el PIB de España en el periodo 2021-2031. (Expansión)

La cotización de los sueldos más altos subirá 26 puntos más que sus pensiones hasta 2050. El incremento adicional de las bases máximas de cotización, además del IPC, será superior cada año a la subida de la pensión máxima. La ampliación del cálculo entre 25 y 30 años empezará en 2027 y terminará en 2038. (Expansión)

Los gigantes del textil afrontan una caída de ventas en Europa en 2023. Dos centenares de directivos del sector alertan de una desaceleración de la actividad, sobre todo en Europa, debido a la inflación. El 75% de las empresas volverá a subir sus precios en 2023. (Expansión)

Telefónica blinda con pactos a largo plazo su coste energético de 2023. La operadora de ‘telecos’ ha firmado recientemente nuevos acuerdos con proveedores que le permiten tener asegurado el 80% del suministro en España y el 60% a nivel de todo el grupo. (Expansión)

Juan José Linares: “Nuestro trabajo es servir al banco y sobre todo a nuestros clientes”. (Expansión)

ING venderá Fintonic, la primera 'fintech' con licencia en España.

Sareb se salta la revisión anual del plan de negocio y la pospone hasta 2023.

Lluvia de dividendos: 2.500 millones antes de finales de año.

Suspenso a las pymes en planes para la Agenda 2030.

El 'plan Escrivá' beneficia a rentas bajas y mayores expulsados del mercado.

El Ibex, con dividendos casi en positivo en el año.

FCC gana la ampliación del Metro de Toronto por 1.800 millones.

QEV, el sustituto de Nissan, factura 3 millones y está en 'números rojos'.

Sacyr ficha a KPMG y Deloitte para vender agua y servicios.

Mediobanca es el segundo accionista de eDreams tras superar a Ardian.

La Justicia avala a las lácteas frente a la multa anticártel.

Juan Roig vende el 10% de la firma de videojuegos de móvil Codogames.

Las rentas altas afrontarán una subida de cotizaciones histórica.  

Tiene previsto «tomar conocimiento» de la comunicación y esperar al Pleno del Consejo del 22 de diciembre. (ABC)

Los magistrados del TC ven otra "provocación" de Sánchez que nombre a uno de sus ex ministros. El nombramiento por parte del Gobierno como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y una ex alto cargo de La Moncloa, Laura Díez, ha generado un notable malestar dentro de la corte de garantías donde entienden que el Ejecutivo incurre en una «provocación». Estas voces críticas con los nombramientos consideran que en vez de tratar de «prestigiar» y «preservar» la institución, el Ejecutivo designa a juristas que «son políticos». Con la elección de Campo y Díez, Sánchez busca sin disimulo (otra cosa es que lo consiga) dos votos seguros dentro del tribunal que tiene la última palabra sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas, la Ley de la Regulación de la Eutanasia, la denominada Ley Celáa, la Ley del aborto o el recorte de funciones del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cuestiones. Además, independientemente de que en el España pudiera haber un vuelco político en 2023, la mayoría progresista del TC se mantendrá durante los próximos años tanto si Gobierna la derecha como si lo hace la izquierda en nuestro país. (El Mundo)

El TC esperará al CGPJ pese al órdago del Gobierno. El Pleno no prevé valorar ahora la idoneidad de los dos candidatos al estar pendiente la elección del órgano de gobierno de los jueces. (La Razón)

El Constitucional acuerda apremiar al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados. El tribunal no convocará por ahora un pleno para decidir si da el plácet a los dos juristas del Gobierno. (El País)

«La paciencia tiene un límite». Así explican en La Moncloa su decisión de nombrar a los dos candidatos que le corresponden como magistrados del Tribunal Constitucional, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya designado a los dos suyos. Este riesgo se contempla ya en el Gobierno y se asume sin tabúes que supondría «una crisis institucional sin precedentes». Y eso que el bloqueo del CGPJ y la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, ya instaló a España en una grave crisis institucional y de reputación. La Moncloa confía en que el Constitucional no frene los nombramientos porque son «idóneos» y cumplen los requisitos. «No son de derechas», ironizan, pero «sí idóneos». (El Mundo)

Moncloa se negó a darle al PP los nombres de sus candidatos al Constitucional. La designación de Campo tranquiliza a ERC, pero violaba las condiciones del pacto entre Gobierno y Feijóo. (La Razón)

Los españoles reparten culpas entre PP y PSOE por el bloqueo del Poder Judicial. Un tercio de la ciudadanía responsabiliza a Feijóo, pero una cuarta parte señala a Sánchez por el fiasco en la renovación del CGPJ. (El Periódico)

Tras el triunfo electoral de la coalición de derechas que lideraba, la presidenta del partido Hermanos de Italia lleva las riendas del Consejo de Ministros La ‘premier’ admite que el país está en uno de los momentos más complejos de su historia, pero asegura que su Gobierno estará a la altura, ya que goza de una «confianza» total A sus 45 años, la jefa del Ejecutivo transalpino niega cualquier lazo con el fascismo, tiende la mano a Europa, desmiente su desencuentro con Emmanuel Macron y promete que «apoyará a los más frágiles». (El Mundo)

El 39,5 por ciento de los catalanes rechaza la derogación del delito de sedición, mientras que el 39 por ciento la apoyan, y un 21,6 por ciento se declara indiferente respecto la cuestión, según una encuesta que publica este miércoles 'El Periódico'. (El Periódico)