Exclusivas de la prensa de hoy
PSOE y PP tumbaron ayer la comisión sobre el espionaje de Pegasus pero el presidente Pedro Sánchez tendrá que comparecer en el Congreso. Mientras, los socios de Sánchez advierten de que la "confianza está rota" y que peligra "la legislatura y la democracia". No se lo creen ni ellos, porque saben que si cae el Gobierno actual se les acaba el chollo...
Estas son las exclusivas del día:
En España existen tanto deducciones de carácter estatal como autonómico, en las que se tienen en cuenta aspectos como la discapacidad, familia numerosa, maternidad, por donativos, compra de vivienda habitual –eliminada para las nuevas operaciones desde 2013– o ser titular de un plan de pensiones. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, pymes y grandes empresas también existen deducciones para favorecer la creación de empleo, la inversión en I+D o la utilización de renovables. Por ejemplo, los autónomos pueden deducirse el IVA, servicios externos, gastos, transportes coste de empleados... (La Razón)
Recorte a los beneficios fiscales de hasta 35.000 millones en 2023 (El Economista)
Hacienda salva su informe a Europa sobre la fiscalidad del transporte con un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento y recaudación de las figuras fiscales existentes en España, pero evita formular propuestas concretas de mejora. (ABC)
Hacienda teme que se amortice la reforma fiscal. El Ministerio de Hacienda teme que la reforma fiscal de María Jesús Montero nunca se llegue a aprobar. Que la gran subida de impuestos que la ministra persigue desde que llegó al cargo no se produzca. Porque ahora, apuntan fuentes del departamento, «la prioridad es combatir la inflación» y mitigar los efectos de la fuerte subida de los precios. Y después, a medio plazo, retomar la medida. El problema es que el próximo es un año electoral, y se antoja complicado que el Gobierno obtenga los votos necesarios, que son muchos, para sacar adelante la medida. (El Mundo)
El gasto sanitario va a experimentar un notable descenso en nuestro país hasta 2025, a pesar de la escalada de pacientes en lista de espera tras más de dos años de pandemia y de alcanzarse la cifra récord de 706.740 aguardando una intervención quirúrgica. (La Razón)
El Gobierno ha fiado a la demanda interna el 100% del crecimiento económico de este año y el próximo, a pesar de que la inflación amenaza el consumo de los hogares (que es responsable del 65% del crecimiento) y la inversión de las empresas, y admite que la demanda exterior no aportará ni una décima al PIB. De hecho, tal y como ha reflejado en su Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2025, remitido la semana pasada a Bruselas, el comercio exterior (la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos) no sólo no contribuirá al crecimiento, sino que restará tres décimas al de este año y una décima al de 2023. (El Mundo)
Las regiones turísticas contribuyen a mantener en positivo el exiguo crecimiento nacional, del 0,3% en el primer trimestre, pese al retroceso de la actividad en dos comunidades autónomas y su congelación en Andalucía y La Rioja. (Expansión)
El elevado coste energético enfría el ‘boom’ de la minería en España. BlackRock cierra el depósito de La Parrilla y Orvana produce menos oro en Asturias. Riotinto y Matsa quieren desarrollar plantas renovables para abastecer sus minas de Huelva. (Expansión)
Castellano y García Pardo excluyen de Bolsa a Greenalia. El grupo sigue a Solarpack y da un paso atrás en las salidas al parqué, que abrió Enerside. (Expansión)
Al Gore y el fondo CPPIB retan a las eléctricas en España con Octopus. Con la multimillonaria aportación de recursos del exvicepresidente de EEUU y del fondo canadiense, el grupo energético británico lanza un ambicioso plan para España. (Expansión)
UBS ficha en CaixaBank para suplir las bajas de su oficina de Galicia. La entidad ha incorporado a 20 banqueros para reemplazar las 32 salidas que lleva desde octubre. (Expansión)
Sendagorta relevará a Puig como presidente de la empresa familiar. La Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar propone a Andrés Sendagorta para la presidencia. Será elegido probablemente por la Asamblea el 11 de mayo. (Expansión)
Las telcos 'low cost' acaparan la portabilidad.
La concesión de la 'M-40 de Atenas atrae el interés de Abertis.
El despido en energía y banca multiplica por 15 el pago de hostelería.
Telefónica recupera el favor de los inversores institucionales.
Los reguladores quieren acotar la publicidad de los brokers gratuitos.
Juan Roig recibió una retribución de10,6 millones en 2021, un 10% más.
El diésel fuera 2 euros en 25 provincias y se come la mitad de la bonificación.
El consenso valora a Greenalia un 20% por encima de la opa.
Acciona paga a Globalvia y zanja el arbitraje por una autopista en Chile.
«Es imposible que pasen meses sin que el usuario detecte que pasa algo raro en su móvil». Los expertos niegan la versión oficial del Gobierno. En suma, la versión de Moncloa sobre la fecha en la que ha tenido conocimiento del espionaje por Pegasus en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no resulta creíble para los funcionarios expertos en la materia ni dentro del servicio de inteligencia ni tampoco en las Fuerzas de Seguridad del Estado. El «caso Pegasus» se ha convertido en una bomba de relojería para el Gobierno porque en cada uno de los pasos que está dando arrastra nuevas consecuencias y se debilita más institucionalmente. (La Razón)
El Gobierno tiene desde hace 10 meses un protocolo para defenderse de Pegasus. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió en julio de 2021 un manual al Ejecutivo para detectar si los teléfonos de los altos cargos estaban infectados por el software espía y le instó a utilizarlo de forma directa: «Se recomienda la aplicación de este procedimiento tanto en dispositivos corporativos como personales». En el documento, de 15 páginas y que obra en poder de EL MUNDO, se facilitaban instrucciones precisas para revisar los teléfonos móviles a través de una aplicación y se explicaba que los resultados del análisis debían remitirse al Centro Criptológico Nacional (CCN), el departamento del CNI encargado de la ciberseguridad. Según explican fuentes del centro, el control habitual de las comunicaciones se realiza por parte de los departamentos de seguridad de cada ministerio y, en el caso del presidente del Gobierno, de Moncloa. El CNI va aportando novedades y claves para la ciberdefensa a cada departamento de forma periódica. (El Mundo)
Querellas por el “caso Pegasus”: los espiados ven tras la operación a “un grupo criminal”. La defensa de 24 de los 65 de afectados denuncia en los juzgados que el objetivo era “supervisar ilegalmente los procesos políticos catalanes”. (La Razón)
El nuevo liderazgo popular trastoca el mapa electoral y sitúa a la derecha con mayoría suficiente para gobernar. La suma de PP, Vox y los regionalistas navarros reuniría 174 escaños, según el cálculo promedio del trabajo de 40dB., a los que se le podrían sumar otros dos de Ciudadanos: el PP sacaría 108 escaños y el 25,8%, el PSOE 106 y el 26,2%, Vox 64 y el 18% y Unidas Podemos 25. (El País).
La falta de transparencia impide conocer los datos reales, según el Instituto de Kiel, que cuantifica los envíos en menos de 4 millones. (ABC)
Dentro de los preparativos, el vicesecretario general Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha reunido dos veces con el anterior secretario general del partido, según ha podido saber EL MUNDO. No en vano, Teodoro García Egea era el negociador popular sobre el CGPJ hasta ahora. El pasado martes, ambos mantuvieron un almuerzo en el que Pons le pidió «información» y que le pusiera al día sobre los contactos con Bolaños. García Egea le trasladó todo lo que se había hecho y le comunicó que la negociación llevaba tiempo encallada, según fuentes de la actual dirección. Eso sí, el que fuera número dos de Pablo Casado no compartió con González Pons su última idea para desbloquear el Poder Judicial. Se trata de una fórmula que Egea ultimaba cuando estalló el caso del presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso que detonó los acontecimientos que llevaron al adiós de Casado y a su propia dimisión. (El Mundo)
La Comunidad de Madrid ha recuperado en el currículo de Bachillerato la lectura obligatoria de El Quijote, La Celestina o el Lazarillo de Tormes. Los alumnos podrán leer las obras completas o con fragmentos seleccionados, pero tendrán que hacerlo preceptivamente por orden directa del Gobierno regional. El borrador del decreto que detalla lo que tienen que estudiar los alumnos de entre 16 y 18 años, al que ha tenido acceso EL MUNDO, menciona expresamente a Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Juan Ramón Jiménez y el «teatro lorquiano». (El Mundo)