El Gobierno alertó a los médicos del riesgo del virus mientras jaleaba el 8-M

Justo una semana antes del 8 de marzo, el domingo día 1, dos altos cargos del Ministerio de Sanidad contactaron con el Consejo General de Enfermería, la organización que representa a los colegios de enfermería de toda España, para que lanzaran un comunicado en el que instaran a sus profesionales a desaconsejar la «asistencia a cualquier evento o acto que suponga aglomeración de profesionales sanitarios tales como congresos, reuniones o eventos científicos». Los altos cargos que contactaron con la corporación profesional fueron el secretario general y actual número 2 del ministro, Faustino Blanco, y el director general de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, según confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes del Consejo General. (La Razón)

Los esperados test de coronavirus comprados por España a China, unos 640.000 kits, no funcionan bien, según han comprobado diferentes laboratorios de microbiología de grandes hospitales. Los test rápidos de este pedido tienen una sensibilidad del 30%, que debería alcanzar el 80%, según fuentes médicas. “No detectan los casos positivos como era de esperar”, señala una fuente que ha participado en las pruebas y que pide anonimato. (El País)

Crece el descontento de los gobiernos regionales contra el Ejecutivo central. Y da igual el color político. Las comunidades se han lanzado al mercado mundial de material sanitario en busca de mascarillas, guantes y batas porque no les llegan los que les promete el Ministerio de Sanidad. Las autonomías han adquirido o apalabrado en los últimos días más de 52 millones de mascarillas, de los que 15 millones corresponden a la Comunidad de Madrid y ocho millones cada una a Galicia y Comunidad Valenciana, según las cifras que ha recabado este periódico. Tanto las autonomías gobernadas por el PP como las dirigidas por el PSOE se quejan de que el material prometido por Sanidad llegue ya 11 días tarde. (El Mundo)

Los comités de inversión de los grandes nombres del capital riesgo ya monitorizan desde sus oficinas de Londres y Nueva York el desplome de la economía en países como España por la expansión del coronavirus. Fuentes financieras apuntan a CincoDías que es Apollo el fondo de capital riesgo con más apetito por entrar en el mercado español en cuanto se levante el estado de alarma y las cosas vuelvan a una cierta normalidad. Junto a él se sitúan otros sospechosos habituales: Carlyle, KKR, Blackstone o Cerberus. Preparan el abordaje sobre firmas –tanto cotizadas como en manos de unos pocos accionistas– que estén necesitadas de grandes inyecciones de capital para sobrevivir. (Cinco Días)

En medio de la crisis que el pasado enero culminó con la cancelación del Mobile World Congress 2020, los responsables del evento anunciaron que antes del 31 de marzo se habrían resuelto los conflictos derivados de la decisión. Ayer, con una semana de anticipación, la GSMA-Mobile World Congress acordó una serie de medidas para resarcir a expositores y visitantes. Un objetivo del paquete de medidas es garantizar una digna celebración del congreso el próximo año. El consejero delegado de GSMA-MWC, John Hoffman, acepta que el hecho de que se haya anunciado justo ahora este paquete de medidas pueda interpretarse como un apoyo implícito a la ciudad de Barcelona, que sufre como pocas los efectos de la pandemia del Covid-19. (La Vanguardia)

La EBA también afloja la mano con los bancos en estas circunstancias excepcionales. Este organismo, que vela por la aplicación de un código normativo único en todos los países, reforzó el mensaje de flexibilidad con las provisiones dado la semana pasada por el BCE. La EBA dejó ayer claro que aquellos créditos cuyo pago se retrase y estén protegidos por moratorias y otras iniciativas legislativas adoptadas por los gobiernos no tendrán que clasificarse de manera automática como morosos, ni de probable impago. (Expansión)

La Mesa Redonda de Industriales Europeos (ERT, por sus siglas en inglés), que reúne a los primeros ejecutivos de 55 grandes compañías del Viejo Continente, entre ellos los de las españolas Inditex (Pablo Isla), Telefónica (José María Álvarez-Pallete), Iberdrola (Ignacio Galán) y Ferrovial (Rafael del Pino), mantuvo una reunión el pasado martes en la que sus miembros concluyeron que si no se mantiene la actividad y el empleo «la reactivación económica puede demorarse» y dañar el tejido productivo a largo plazo. (ABC)

El programa de avales públicos en los créditos que otorgue la banca a las empresas castigadas por el coronavirus en España se queda corto en comparación con los planes de garantías anunciados por los principales países europeos. Aunque la línea del Gobierno supone la mayor movilización de recursos, tal y como ha recalcado Pedro Sánchez, representa un 8% del PIB, en torno a la mitad del alcance que tiene en las naciones de nuestro entorno. En Europa asciende de media al 15%. Así, por ejemplo, en Italia (país más dañado por la pandemia) el programa de avales del Estado asciende a 350.000 millones de euros, lo que representa cerca de un 20% del PIB, mientras que en Alemania la cuantía se sitúa en 550.000 millones (16%). En Francia y en Reino Unido, el Estado asumirá entre el 12,5% y el 15% del PIB, respectivamente. (El Economista)

Podemos filtra que la principal propuesta encima de la mesa es una suspensión del pago del alquiler durante dos meses. Calviño frena a sus socios al aclarar que “estamos estudiando distintas alternativas”. (Expansión) (El Economista)

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), presidida por Salvador Navarro, se ha alzado entre las voces más críticas con el Gobierno de España al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aliviar la situación de las empresas ante la expansión del coronavirus. “Detectamos una falta de sensibilidad con el mundo empresarial en general”, lamenta el empresario, que concentra sus reivindicaciones en una demanda primordial: el aplazamiento de todos los impuestos estatales “a todas y cada una de las empresas”. “Si no se toma esta medida podemos ir hacia una psicosis en las empresas similar a la de los clientes en los supermercados. Veremos cierres. Habrá empresas que decidan que no pueden levantar esto”, augura. (El Economista)