El Gobierno plantea establecer una “lucha contra los bulos”, imponiendo una sola fuente de información oficial

Controlar los medios de comunicación y la libertad de información y expresión, uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de 1978. Esa es la hoja de ruta que está siguiendo el Gobierno del PSOE y Podemos con sus últimos movimientos. Tras el fracaso en el intento de nacionalizar los medios por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el decreto del estado de alarma se han ido imponiendo la utilización de censores afines en las redes sociales, el control de las preguntas en las ruedas de prensa y la suspensión del Portal de la Transparencia. El último paso ha sido el Barómetro del CIS, con una pregunta en la que parece prepararse ya el terreno. “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”, ha consultado el organismo que dirige y controla José Félix Tezanos. La pregunta del CIS no es, sin embargo, nada más que un paso más en una larga estrategia impulsada desde el primer momento por el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha defendido siempre la necesidad de controlar los medios de comunicación tanto públicos como privados, antes incluso de que empezara la crisis causada por el coronavirus y se decretara el estado de alarma. “Los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público”, aseguraba ya en 2014 en el libro Conversación con Pablo Iglesias, del periodista Jacobo Rivero. (El Economista)

Juristas avisan: «El peor virus es la censura». (La Razón)

Tezanos redujo en un 50% los plazos del barómetro: se publicó sólo ocho días después de terminar las encuestas, cuando el tiempo medio para estos estudios supera los 16 días tras el trabajo de campo. (La Razón)

La opacidad del Gobierno sobre la crisis del coronavirus, con el cierre del Portal de Transparencia, la instrumentalización del CIS para legitimar la censura y la resistencia de Pedro Sánchez a responder directamente las preguntas de los periodistas o a ser fiscalizado por el Congreso y el Senado, preocupa enormemente en Bruselas, y tanto PP como Ciudadanos han puesto en marcha iniciativas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. (ABC)

Salir del confinamiento será lento. Los bares, por ejemplo, abrirán con menos aforo. Y los mayores de 70 años es probable que tengan limitados sus movimientos hasta el verano. Un grupo de expertos del Ministerio de Sanidad, integrado por especialistas de numerosas disciplinas, en el que participan también expertos de las comunidades autónomas, trabaja desde hace semanas en las distintas opciones de cara a la siguiente fase, la de transición o de desescalada del confinamiento. O lo que es lo mismo, esa vuelta a la vida social de los ciudadanos. Rebuscan en las escasas publicaciones científicas al respecto, tal y como explicó ayer el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, mientras evaluan lo que el grupo de expertos de la ECDC y la OMS está proponiendo en materia de desconfinamiento. Y algunas medidas empiezan a estar claras, independientemente de cuándo se lleven a efecto. La clave está en el distanciamiento social, es decir, que se pueda garantizar que entre las personas haya como mínimo un metro de distancia. Las mascarillas de niños y adultos formarán parte del atuendo. (La Vanguardia)

Salud de Madrid desaconseja que los niños salgan. Concluye que la «relevancia» de los menores para propagar el coronavirus es «clara». (El Mundo)

Más de 11.300 personas han fallecido en residencias a causa del coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde el comienzo de la pandemia en España hasta la segunda semana de abril, según la información recopilada por este diario de las consejerías correspondientes en cada comunidad autónoma. De estos, sólo un 52%, poco más de la mitad, forma parte de las cifras oficiales. Y la proporción podría ser menor. Sólo cuatro comunidades autónomas, Madrid, Castilla y León, Navarra y Galicia, ofrecen información desglosada de las muertes de personas con positivo confirmado de Covid-19 y de aquellas a las que no se les realizó prueba PCR, pero sí presentaban síntomas compatibles. (El Mundo)

Casi doscientas residencias de ancianos han sido intervenidas. Más de la mitad de los 19.130 muertos por coronavirus han fallecido en geriátricos o asilos desde el comienzo de la pandemia. (La Razón) (La Vanguardia)

España ha doblado su capacidad diagnóstica, si bien un mes después de que fuera necesario decretar el estado de alarma para confinar a la gente en sus casas y contener así el avance del coronavirus. La OMS pidió a España y otros países hacer “test, test y test”  hace justo hoy un mes, en línea con las reclamaciones de los expertos. De hecho, los países o regiones que mejor han controlado la epidemia han sido aquellos que han realizado más pruebas a la población, lo que permite aislar a todos los casos y sus contactos. (El Periódico)

"Es obvio que por parte del Gobierno hay un sesgo ideológico en determinados reales decretos que creo que abría que corregir y por eso no se pudieron apoyar en el Congreso, sin perjuicio de que los decretos del estado de alarma han sido apoyados sistemáticamente. Cuando se oye a la ministra portavoz y al vicepresidente Iglesias, a los dos partidos de este Gobierno, decir que esto se tiene que abordar desde lo público y lo social, yo les diría que esto se tiene que abordar entre todos, para todos y con todos Y que ese debe ser el punto de partida para que haya un punto de llegada. Si se aborda sólo desde el prisma ideológico e implica que se sientan excluidos determinados sectores -que necesariamente van a tener que contar con ellos- no es un buen punto de partida. [Lo importante] no es que sea desde lo público, sino que debe ser entre todos. Si logramos aparcar las diferencias y ser generosos con nuestros planteamientos para alcanzar acuerdos será mejor el punto de llegada del que plantea Pablo Iglesias". (Expansión)

Sus mensajes son contundentes, en algunos casos demoledores, como cuando avisa de que no apoyar a las empresas abre la puerta a una recesión profunda. Más sutil es cuando desliza una batería de avisos a Pedro Sánchez sobre el modelo de Estado y cuando, sin nombrarle, se refiere a Pablo Iglesias, y a sus alegatos republicanos. «Tenemos un excelente sistema democrático de Monarquía parlamentaria -dice- y una Constitución que ya ha cumplido 40 años y donde los empresarios españoles nos encontramos muy a gusto». (ABC)

P.– Polonia no forma parte de la zona euro y en consecuencia no le atañe el debate sobre los eurobonos. Si tuviera que unirse a algún bando, ¿estaría con España, Francia e Italia o compartiría las posiciones de Holanda y Alemania y votaría contra la mutualización de deuda?

R.– Por primera vez esta contradicción interna de la Eurozona se manifestó durante la crisis del endeudamiento. Hoy resulta claro que el problema no ha sido resuelto. Siento mucho que la crisis actual otra vez afecte más a los países del sur de Europa. Este problema ha de encontrar una solución. Una situación en la cual las ganancias son comunes e incluso unos sacan mucho más provecho del mercado único que otros, mientras que las pérdidas pertenecen a cada uno por separado es políticamente insostenible y amenaza hoy a la Eurozona y por tanto a toda la UE. (El Mundo)

El ministerio de Justicia contempla la aprobación de una ley urgente para paliar los efectos de la pandemia de covid-19 en los tribunales. La norma, que podría estar lista antes del verano, serviría para adaptar la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías, con el fin de agilizar los trámites y ayudar a desatascar la actividad judicial, que lleva suspendida un mes. Esta ley sería una de las patas fundamentales del plan que prepara el ministerio para cuando se levante el estado de alarma y que contempla reformas normativas, organizativas y tecnológicas. La intención es consensuarlo con todos los operadores jurídicos. (El País)

Septiembre es el nuevo horizonte para la vuelta a las aulas, si el Ministerio de Sanidad sigue las recomendaciones del grupo de expertos que la Asociación Española de Pediatría ha convocado para asesorar al Gobierno. Ello supondría que los 8,2 millones de estudiantes estén más de cinco meses sin pisar las clases. Este comité se constituyó después de que el miércoles pasado el ministerio encargara un informe a la asociación sobre las medidas a tomar con la población menor de edad. La opinión entre los ocho especialistas que lo forman es que los colegios no están preparados para reanudar las clases con las cautelas necesarias antes de septiembre. Entre los expertos hay un psiquiatra infantil, un especialista en enfermedades infecciosas, expertos en ética del ejercicio pediátrico y atención primaria, entre otros. “No es prudente abrir los centros escolares en las actuales circunstancias y damos lo que queda de curso por perdido”, dicen desde la comisión. (El País) 

Madrid estudia un regreso a las clases presenciales escalonado. Los alumnos de 2º de Bachillerato y de 4º de la ESO serían los primeros en volver las aulas. (El Mundo)

Según el Real Decreto-ley 11 de medidas urgentes se vigilará cualquier operación que supere el millón de euros y en “aquellos otros sectores” que puedan afectar “a la seguridad pública, orden público y a la salud pública”, un extremo que está generando una honda preocupación en el sector empresarial. La Comisión Europea aprobó en abril del año pasado un Reglamento destinado a vigilar las inversiones foráneas y tenía previsto que los estados miembros lo implementaran antes del 12 de octubre. (El Economista)

Además del requisito de carencia de rentas suficientes (cuyo umbral aún se desconoce), el cobro de esta ayuda tendrá otros “condicionantes” como cumplir con el itinerario que la Administración diseñe para sus beneficiarios. Concretamente, se trataría de vincular el ingreso mínimo vital a “itinerarios de inclusión” que podrán ser en el terreno laboral, guiando a los beneficiarios a encontrar un trabajo, “pero puede haber itinerarios de otro tipo”, indicó Escrivá. Entre estos otros itinerarios podrían estar, por ejemplo, la asistencia a centros de atención por parte de enfermos mentales, o de desintoxicación en el caso de drogadictos; o la asistencia a cursos formativos básicos para personas analfabetas o sin ninguna cualificación. (Cinco Días) 

La improvisada renta mínima pactada entre Sánchez e Iglesias, ninguneando a Escrivá, ministro de Seguridad Social y responsable de su diseño, costará al menos 6.000 millones de euros anuales. La cuantía de la paga, aún por fijar, oscilaría entre los 500 y 1.000 euros mensuales. (El Economista)

Con el mercado descontando recortes de hasta el 60% en los pagos a distribuir, las firmas que puedan simplemente sostener los abonos del pasado año se reducen notablemente. Una de las empresas que ha lanzado pistas al mercado avisando de que mantendrá su dividendo es Telefónica. A los precios actuales, los 0,4 euros que abona ofrecen una rentabilidad histórica del 9,7%. Durante las últimas semanas los dividendos de las cotizadas europeas se encuentran bajo una presión no vista ni en los momentos más críticos de la crisis financiera global. Con el mercado descontando recortes de hasta el 60% en los pagos a distribuir este año, las firmas que puedan simplemente sostener los pagos del pasado año se reducen notablemente y una de las empresas que ha lanzado pistas al mercado avisando de que mantendrá su dividendo es Telefónica. (El Economista)

Las doce fábricas españolas que ensamblan vehículos están listas para reanudar la producción el próximo 27 de abril. El problema radica en saber cuándo podrán volver al ritmo normal de fabricación. Éste no depende sólo de su capacidad, sino del volumen de la demanda. Y no sólo del mercado español, sino del europeo. España produjo 2,82 millones de vehículos en 2019, de los que 2,31 millones se exportaron. De estos últimos, el 87% acabó en mercados de la Unión Europea. Los principales destinos fueron Alemania (480.687 unidades), Francia (437.550), Reino Unido (327.187) e Italia (250.455). Estos cuatro países suponen el 53% del total de las exportaciones. (Expansión)

La crisis sanitaria global que vive el planeta a causa del coronavirus se siente con fuerza. Pero, tras la debacle inicial, el mercado de financiación vuelve a funcionar con una gran estrella: la emisión de bonos verdes y sostenibles (con criterios ESG, en la jerga). Se habían colocado 64.000 millones de euros en este tipo de deuda entre el 1 de enero y el 14 de abril, con un crecimiento del 21,1% frente al mismo periodo de 2019, según los datos de Thomson Reuters. “Los bonos verdes están siendo un escudo adicional ante la complicada situación de los mercados”, explica Ángel Tejada, responsable de bonos verdes y sostenibles de BBVA. (Cinco Días)

Los farmacéuticos aseguran vivir un drama por la imposibilidad de ofrecer mascarillas de calidad y a un precio razonable por la especulación. Proponen venderlas a precio de coste. Desde finales de enero el canal de la distribución farmacéutica no dispone de mascarillas. En aquellas semanas, periodo que se extendió a febrero, las boticas hacían unas 80.000 peticiones diarias para una capacidad de producción de, en el mejor de los casos, 8.000, según explicaba la patronal de la distribución, Fedifar. La situación de desabastecimiento empeoró a mediados de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y, con él, se arrogó la capacidad de intervenir todo el material sanitario necesario para afrontar la crisis del coronavirus para su posterior distribución a los grupos de riesgo. (El Economista)

El hombre que marcó el gol de un país entero hace una pausa antes de comenzar todas las respuestas y habla despacio. Casi da tiempo a transcribirlo en tiempo real. Son 35 años, cuatro hijos y túneles oscuros que a lo largo de su vida le han enseñado, dice, muchas cosas. Por ejemplo, que el impresionante apartamento en la planta 25 de un edificio en Rokko Island, una isla artificial de Kobe, hoy su ciudad, no sirve de nada si uno está "vacío por dentro". Así lo cuenta en un documental que Rakuten TV estrenará la próxima semana en exclusiva y de forma gratuita. Antes de eso, Andrés conversa con EL MUNDO desde una de las habitaciones de su hogar mientras Anna y los niños (Valeria, Paolo Andrea, Siena y el bebé, Romeo) le esperan para cenar. A modo de recordatorio: Iniesta juega en el Vissel Kobe japonés, pero el fútbol, de aquí en adelante, es un actor secundario. No está. (El Mundo)