La Guardia Civil ve indicios «contundentes» para imputar a Illa y Simón por el 8-M

La Guardia Civil ve indicios suficientes para investigar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por avalar las concentraciones del 8-M. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el informe elaborado por la unidad de Policía Judicial del Instituto Armado y remitido a la juez de Madrid que investiga posibles responsabilidades penales en la autorización de esas marchas feministas, es «contundente» al señalar al ministro y a Simón por instar solo unos días antes del 8-M a la comunidad evangélica a suspender un congreso previsto para la segunda quincena de marzo en Madrid para evitar contagios y permitir, sin embargo, las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el mitin de Vox en Vistalegre o el Atlético de Madrid-Sevilla. (La Razón)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, será el primer responsable político en tener que dar explicaciones ante un juez por la manifestación del 8-M cuando existían evidencias de la rápida propagación del Covid-19. La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el posible alcance penal de la concentración en Madrid, acordó ayer la citación como imputado de Franco para el 5 de junio a las 09 horas, según consta en una providencia adelantada por EL MUNDO. (El Mundo)

La Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a todo su personal distancia social el 28 de febrero. José Manuel Franco, contra quien se dirige la investigación que ha motivado el cese del coronel De los Cobos, autorizó 130 manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. El ministerio pidió cinco días antes que los médicos no fueran a congresos y recomendó no desplazarse a zonas de riesgo. (ABC) (El Mundo)

Por otro lado, a primera hora de la mañana, la instructora remitió un escrito al secretario de Estado de Seguridad, número dos de Interior, recordándole que la policía judicial «depende exclusivamente de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal», en virtud del artículo 126 de la Constitución. Horas después se conocería el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al no informar al Gobierno del contenido de dicho atestado. (El Mundo) (El País)

El Ministerio de Sanidad ha colgado de nuevo en su web dos de los informes que había eliminado, en los que alertaba de la peligrosidad del Covid-19 y de la «altísima tasa de transmisión del virus» en eventos. Lo hizo el martes 19 y los documentos en cuestión, elaborados por Fernando Simón y 14 expertos, tienen fecha del 10 de febrero y 6 de marzo. En ellos se acredita que el departamento que dirige Salvador Illa era plenamente consciente del riesgo que entrañaba el virus y de su enorme capacidad de propagación. (La Razón)

Illa hace públicos los informes de la desescalada de todas las autonomías y el único que lleva firma electrónica es el que deniega el pase a Madrid. El documento fue firmado casi tres horas después de comunicar el “no” al Ejecutivo de Díaz Ayuso. (La Razón) 

Madrid compró los respiradores de Escribano un 22% más baratos. (El Economista)

El ingreso mínimo vital, la medida estrella del Gobierno para dar cobertura a las familias en riesgo de exclusión social, llegará el viernes al Consejo de Ministros, que se reunirá de manera extraordinaria. Y lo hará con algunas novedades respecto a lo que se ha venido conociendo hasta ahora. Por ejemplo, la creación de un «organismo» para hacer a las comunidades autónomas partícipes de la gestión de las ayudas. «Se creará un órgano de coordinación Estado-CCAA con el fin de reforzar la colaboración y cooperación en el ámbito del ingreso mínimo vital y los itinerarios de inclusión social», estipula el último borrador del decreto-ley, fechado el 20 de mayo, al que ha accedido EL MUNDO. (El Mundo) 

El ingreso mínimo vital brindará 1.500 millones extra de gasto a las comunidades autónomas. (El Economista)

El Gobierno apura al máximo la negociación de la renta mínima. (ABC)

Si bien los autónomos ya venían siendo uno de los colectivos más golpeados por la crisis del Covid-19, ahora el Ministerio de Seguridad Social ha abierto un nuevo frente a costa de la prestación por cese de actividad. Las mutuas -que son las que gestionan este trámite por cuenta de la Seguridad Social- están pidiendo a quienes solicitaron la prestación que acrediten la suspensión total o una caída de los ingresos del 75% o superior, pero no desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, sino para todo el mes. Un cambio de criterio que amenaza la subsistencia del colectivo, que genera «inseguridad jurídica» y que ha encendido a las asociaciones ATA y Uatae. (ABC)

En la Moncloa y en la dirección del PSOE insisten en que su “prioridad” siguen siendo los partidos que hilvanaron la investidura, aunque su “vocación” es ampliar dicha mayoría. Pero el amplio sector del PSOE que representan presidentes autonómicos y líderes territoriales como el castellano-manchego Emiliano García-Page, el extremeño Guillermo Fernández Vara, el aragonés Javier Lambán o el vigués Abel ­ Caballero, se ha pronunciado en los últimos días ante la disyuntiva de que Sánchez tenga que elegir entre Esquerra o Ciudadanos para poder proseguir su ruta. Muchos de ellos ya asumieron con resignación que la investidura de Sánchez en enero dejara en manos de ERC toda la legislatura: “No queda otra”. (La Vanguardia)

La prolongada situación de confinamiento a la que se ha visto obligada la población española para contener la pandemia del Covid-19 “está generando una disrupción nunca vista en la actividad y el empleo”, admite Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un artículo que publica mañana EXPANSIÓN en un número especial con motivo de su 34 aniversario. No obstante, Calviño, que reconoce que aún es “difícil de prever” el verdadero alcance de la crisis, defiende la gestión realizada por el Ejecutivo priorizando los aspectos sanitarios. “No se trata de elegir entre salud y economía. Es una falsa dicotomía”, señala la vicepresidenta económica, que defiende que, pese al impacto sobre la economía y el mercado laboral, “la alternativa habría sido mucho peor, tanto en términos de vidas humanas como en colapso del sistema sanitario y potencial daño para la economía”. (Expansión)

El Gobierno sondea a fabricantes de automóviles chinos para reemplazar a Nissan en la Zona Franca de Barcelona en caso de que la compañía japonesa decida marcharse. Así lo confirman a elEconomista fuentes empresariales, que precisan que, ante la posibilidad de que la multinacional anuncie este jueves que deja la Ciudad Condal, el Ejecutivo ha emprendido una incipiente labor comercial en busca de alternativas para mantener la producción y el empleo en la planta. En paralelo, Moncloa pretende que Nissan mantenga la actividad al menos uno o dos años para garantizar una transición suave. Los contactos se han producido con al menos tres compañías chinas. El Ejecutivo ha advertido a Nissan que irse le supondrá un coste de 1.000 millones de euros, frente a la reinversión de 300 millones que necesita la planta. (El Economista)

El turismo empieza a ver la luz al final del túnel. La apertura del mercado español a los turistas extranjeros anunciada por el Gobierno para el 1 de julio ha sido la señal que esperaban aerolíneas, hoteleras, agencias de viajes y touroperadores para preparar sus ofertas de cara al verano. La Bolsa premió ayer a los valores turísticos. Meliá y NH registraron subidas históricas superiores al 25%, IAG repuntó un 13%, mientras que Aena y Amadeus ganaron cerca de un 5%. (Expansión)

La ocupación debe superar el 40% de las plazas para no perder dinero. Baleares será la más afectada por su dependencia del viajero alemán. (Cinco Días)

Íñigo Sagardoy (Madrid, 1968), presidente de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo, señala que más que anuncios “simplistas” de volver a legislaciones anteriores que generan desconfianza, hay que mirar hacia el futuro y dar a las empresas la mayor flexibilidad que necesitan. (Expansión)

EY fue la primera gran empresa española en detectar un caso de coronavirus en sus oficinas. Ocurrió el 5 de marzo a las 9:30 de la mañana, recuerda Federico Linares, su presidente. Tres horas más tarde, los 3.100 empleados de la firma estaban trabajando desde casa. “Algunos pensaron que estábamos sobrerreaccionando, pero lamentablemente acertamos”, explica. Dos meses y medio después, la compañía analiza escenarios para que los empleados puedan volver a la oficina de forma gradual. (Expansión)

La Comisión Europea (CE) tiene previsto aprobar entre el 7 y el 8 de junio un paquete de medidas bancarias para flexibilizar ciertos requerimientos de capital con objeto de que “los bancos puedan apoyar plenamente a los ciudadanos y las empresas” durante la crisis del Covid-19 impulsando el crédito, sobre todo a particulares y pymes. (Cinco Días)

Según los datos recopilados por CincoDías, de los 457 miembros que ocupan una butaca en los consejos del selectivo, 139 son mujeres. El porcentaje, por tanto, es del 30,4%, frente al 27,6% del año pasado y el 24% de 2018. Ese cumplimiento agregado esconde diferencias significativas. Ya son 21 las empresas del Ibex (en 2019 eran 16 y en 2018, 12) que tienen al menos un 30% de consejeras, pero hay 14 que aún no cumplen. Además, la mayoría de las cotizadas de fuera del Ibex tampoco cumplen. (Cinco Días)

Los bufetes de abogados alertan del caos que va a suponer para las empresas la recuperación de los plazos administrativos y procesales (el 1 de junio) y los de prescripción y caducidad de derechos y acciones (el 4 de junio), tras el parón decretado por el Gobierno durante el estado de alarma. Prevén que se generarán numerosas interpretaciones enfrentadas y una creciente litigiosidad. (El Economista)