Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista - un régimen, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño- y que Iglesias quiere implantar, con la excusa de la pandemia de coronavirus, en España, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo. Además supondría una oleada de demandas para nuestro país que sólo le llevarían a convertirse en un Estado fallido como todos los que han aplicado políticas populistas a lo largo de la historia, precipitando a España al empobrecimiento y a un riesgo de corralito si los ciudadanos se aprestan a recoger los ahorros de su vida a una entidad bancaria ante el temor a que sean confiscados por el Estado. Lo ha hecho a través de un tuit en el que invoca el artículo 128 de la Constitución, de dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico y que por tal motivo ha sido reintepretado. Ayer mismo invocó ese precepto tras el Consejo de Ministros. (El Economista)

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha puesto en marcha un plan de rescate para el campo español. En colaboración con el ministerio de Trabajo, Planas está tratando de movilizar a trabajadores en situación de desempleo para que se puedan incorporar cuanto antes a las labores de recogida de la cosecha, una labor para la que, según alertaron ayer en este periódico organizaciones como Asaja o Cooperativas Agroalimentarias, urge la incorporación de 100.000 personas. Una de las opciones que se está barajando es la incorporación de personas de otros sectores, como la hostelería, el turismo o el comercio, que se han quedado en situación de desempleo como consecuencia de un Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Se trataría de buscar una salida jurídica para que puedan seguir cobrando la prestación al tiempo que desempeñan otras funciones en la agricultura o la ganadería. (El Economista)

El todopoderoso Larry Fink, consejero delegado del gigante estadounidense de los fondos BlackRock, escribe desde su casa. La pandemia del coronavirus ha obligado a la reclusión del 90% de los empleados de la gestora, abriendo una etapa sin precedentes que hasta el veterano Fink, curtido en mil batallas, considera extraordinaria. “En mis 44 años en el sector, nunca había experimentado algo así. El brote ha afectado a los mercados financieros con una rapidez y ferocidad que normalmente solo se ven en una crisis financiera clásica”, resume el experto en su carta anual a los accionistas de BlackRock. Subraya que la crisis “no solo ha presionado a los mercados financieros y el crecimiento a corto plazo: ha provocado una reevaluación de muchos supuestos sobre la economía global”. (Expansión)

Desde los ministerios controlados por el PSOE justificaban ayer la presencia de Iglesias en rueda de prensa. «Hay que dejar espacio a Iglesias, tienen que vender algo», apuntan fuentes gubernamentales que constatan que, en base a sus competencias reales, la posibilidad de Iglesias de vender gestión es muy escasa. En el mando único que se estableció con el decreto del estado de alarma solo hay nombres de ministros socialistas más el del propio presidente del Gobierno. Por ello, frente a esa falta de competencias, consideran que Sánchez le concede pequeños minutos de gloria. Además de que UP sabe utilizar su influencia y peso en el Gobierno para introducir sus medidas en los debates. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e Iglesias se han impuesto en varias ocasiones al criterio de Calviño en las últimas dos semanas. (ABC)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, insistió ayer en que «a los autónomos ni se les ha apoyado ni se ve que se les vaya a apoyar a la mayoría con el nuevo decreto». El también vicepresidente de la CEOE resaltó que, aunque se ha visto que va a haber una moratoria para las cotizaciones sociales, algo que le parece «bien», «la realidad es que la cotización de marzo ya está pagada y no cabe en ningún momento su moratoria». (ABC) (La Razón)

Juergen B. Donges, catedrático emérito de la Universidad de Colonia, ha sido asesor del Gobierno federal alemán para promover la reforma del sector público y ha presidido el Consejo de Expertos Económicos, conocido popularmente como los Cinco Sabios. Buen conocedor de la economía española, observa con inquietud algunas de las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno de Madrid. (ABC)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, exigió este martes la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y planteó formar un Gobierno de "emergencia nacional" que -con el apoyo parlamentario del PSOE, el PP y Vox- cambie de rumbo para salir de la crisis ante la "incapacidad" y la "gestión criminal" del Gobierno. "El Gobierno se ha convertido en sí mismo en un peligro para la salud y la vida de los españoles y también para las libertades políticas. Iglesias ha aprovechado estos momentos dramáticos con gente muriendo para blindarse en el CNI, para organizar una cacerolada fallida contra el Rey o para lanzar mensajes contra la propiedad privada. El Gobierno se ha convertido en un obstáculo para salir de esta crisis humanitaria y sanitaria". (El Mundo)

Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado, asegura a LA RAZÓN que “hay un problema de coordinación. Algunos países son totalmente inconscientes de la gravedad y piensan que a ellos no les va a ocurrir”. (La Razón)

El coronavirus ha impuesto las ruedas de prensa sin periodistas. La mayoría de los países afectados se ha adaptado a las comparecencias telemáticas, y los periodistas a preguntar por videoconferencia o WhatsApp. En España, a pesar de las comparecencias diarias, el sistema ha enfurecido a muchos profesionales, que critican el filtrado de preguntas por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, y ha provocado una protesta de las asociaciones y una recogida de firmas de informadores. A diferencia de Pedro Sánchez, los jefes de Gobierno de otros países europeos como Italia, Alemania, Reino Unido y Francia responden a preguntas que les formulan directamente los periodistas por vía telemática, como también lo hacen en la oposición Pablo Casado e Inés Arrimadas. (El País)

La Seguridad Social está tratando como baja por enfermedad común, no profesional, los contagios de personal sanitario por coronavirus. Así lo denuncian fuentes del sector, que lamentan que el apoyo que reciben todos los días de la población desde los balcones no se extienda a algunos ámbitos de la administración pese su esfuerzo frente a la pandemia. (El Mundo)

Dinamarca ha desarrollado un método alternativo para realizar tests de coronavirus que no necesita los reactivos químicos que escasean en todo el mundo y que permitirá aumentar el número de pruebas diarias practicadas. Un paso importantísimo para detectar y prevenir contagios con mucha mayor rapidez. Un desesperado correo electrónico procedente de España fue el detonante para que Fomsgaard, un virólogo del SSI con una larga carrera como investigador del sida, buscase nuevas vías para combatir el coronavirus: «La semana pasada nos escribieron nuestros colegas españoles. Era un grito de socorro porque tampoco tienen reactivos suficientes para hacer los análisis que necesitan. En España están con la espalda contra la pared, por lo que el correo nos impresionó mucho». (El Mundo)

La declaración de intenciones de la Generalitat, a través de la que se pretende beneficiar a Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo, provocó ayer la inmediata reacción del Tribunal Supremo, que advirtió de que exigirá responsabilidades penales si el Govern acuerda dichas excarcelaciones. Según informan fuentes jurídicas, la Sala que preside Manuel Marchena tiene previsto dirigirse a cada una de esas juntas de régimen general, así como a los directores de los centros penitenciarios catalanes, para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa insólita decisión. El Alto Tribunal también obligará a identificar de forma nominal a los funcionarios que hayan apoyado esos acuerdos para excarcelar a los promotores del 1-O. En caso de que se ejecuten las libertades, el Alto Tribunal perseguirá las responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación. (El Mundo) (La Vanguardia)