Los impuestazos de Iglesias disparan la fuga de capitales

Los arrebatos del «ala morada» del Gobierno comienzan a ser cada día más dañinos para la economía española, necesitada de inversión y capital para salir de una parálisis que puede dejar la tasa de paro cercana al 30% a final de año si se yerra en las políticas de reactivación. Mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se empeña en azuzar a la inversión extranjera con amenazas de impuestos a diestro y siniestro, consciente de que el propio Gobierno vaticina un paro del 19% en 2020 en el mejor escenario posible, el «ala moderada» del Ejecutivo, liderada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, trata de sofocar como puede los incendios que provocan de forma compulsiva sus socios de coalición para no espantar más a los inversores internacionales. Se multiplica por cinco el cierre de sicavs en España en el primer trimestre. El pasado marzo salieron de España 26.300 millones, por los 8.600 de hace un año. (La Razón)

Ciudadanos volverá a dar su apoyo, salvo sorpresa, a la última prórroga del estado de alarma. Las negociaciones con el Gobierno están encarriladas desde la pasada semana. Si no hay marcha atrás en lo negociado, la formación naranja y ERC votarán, por distintas razones, a favor de mantener el estado de alarma hasta el 21 de junio. Ciudadanos la apoyará porque «el interés general pesa más que los pactos de Sánchez con ERC». La nueva estrategia incide en potenciar sus diferencias con respecto al PP. (La Razón) (El Mundo)

La ministra Irene Montero, como queda reflejado en este vídeo, sabía que el Gobierno tendría que haber adoptado medidas drásticas frente al patógeno, pero ella tenía un plan desde que entró en la cartera y lo acometió esta semana del 2 al 8-M. El tándem Montero-Iglesias condicionó el apoyo morado a la coalición de gobierno a que se aprobase una iniciativa, redactada por Podemos en materia de Igualdad: «la ley del solo sí es sí». Tendría, para ello, una capitana: la ministra del ramo, y tendría que salir adelante la semana en que ella abanderase por primera vez las marchas feministas. Montero se jugó todas sus bazas a esta carta: en su debut como ministra asumió que su departamento carecía de presupuesto y grandes competencias, pero todo su empeño personal era promover la ley de libertades sexuales (se suprime el delito de abuso y se fusiona con el de agresión), la legislatura siguiente a la sentencia de la Manada. (ABC)

Indignación y rabia. Esto es lo que empiezan a sentir los profesionales sanitarios después de jugarse la vida durante semanas enteras para salvar las de los enfermos, sin apenas medios de protección por el retraso del Gobierno a la hora de adquirirlos y de adoptar medidas preventivas. Esta ira que inunda ya todos los hospitales madrileños y pronto llegará también a los centros de otras comunidades responde a la nota emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid requiriendo información precisamente a uno de los grandes hospitales de la capital, La Princesa, por las actuaciones que sus trabajadores llevaron a la práctica en los momentos más duros de la pandemia. La Fiscalía trata de indagar sobre las razones y los criterios que se emplearon a la hora de aplicar los denominados triajes, unos métodos de selección de pacientes que se utilizan en sanidad cuando resulta imposible atender a un número determinado de ellos con los medios disponibles en un momento dado. (La Razón)

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto ley que regula el nuevo ingreso mínimo vital (IMV), una prestación de la Seguridad Social para familias vulnerables, que oscilará entre los 461,5 y 1.015 euros al mes en 12 pagas, en función de cómo sea la composición del hogar. Precisamente, el detalle de la norma recoge los supuestos de “personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad”. Si bien, la ley determina que “en un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares”. Casi todos los requisitos relacionados con el empleo o la búsqueda de trabajo por el beneficiario están solo enunciados de forma genérica y se dejan para el diálogo social. (Cinco Días)

Multa de hasta 6.000 euros por fraude en el ingreso mínimo vital. (La Razón)

El Gobierno se abrió ayer a ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todas las autonomías que lo deseen, pero a partir de 2021. Es algo insuficiente para los barones del PP, que estudian, incluso, acudir al Tribunal Constitucional para reclamar que se les permita administrar esta política social, al igual que el País Vasco y Navarra. También dos presidentes regionales del PSOE han demandado hacerse cuanto antes con el control de la medida, ya que las competencias de asistencia social están cedidas: Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Javier Lambán (Aragón). El Ejecutivo ha permitido a las dos comunidades forales llevar las riendas de esta ayuda –la medida social estrella de la legislatura– a cambio del apoyo parlamentario del PNV al Ejecutivo de coalición. Al menos siete comunidades autónomas se han rebelado ante esa «discriminación»: Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña y Castilla y León. Todas ellas quieren gestionar directamente el IMV. (El Mundo)

Lejos de calmarse las aguas en el seno de la Guardia Civil, bajan cada vez más revueltas. El malestar interno ha crecido aún más después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su comparecencia del domingo, calificara al Instituto Armado de Cuerpo «muy complicado», en una conversación informal con los periodistas que fue recogida por la agencia Europa Press. Como recuerdan desde el Instituto Armado, la Guardia Civil está al servicio de la ley y la Constitución, como siempre, esté quien esté al frente del Gobierno. Y es un cuerpo leal con el Ejecutivo del que dependen. Por eso, esas acusaciones de que son «un Estado dentro del Estado» caen como una bomba. Porque hay sectores en este Cuerpo que temen que haya una parte del Gobierno, su ala más radical, que pilote esta campaña con el fin de avanzar en una «desmilitarización» de la Guardia Civil. Por este motivo, las declaraciones del presidente del Gobierno, para muchos, «lejos de echar agua al incendio, lo reactiva con gasolina». (El Mundo)

Nunca en 80 años hubo un mes tan negro. Según los datos que maneja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en abril hubo 56.291 fallecimientos, una cifra nunca alcanzada, al menos, en las ocho décadas precedentes y que pone de manifiesto la dureza con la que ha golpeado el coronavirus en España. El Ministerio, no obstante, sólo incluye como víctimas del virus en sus informes al 28 por ciento de los fallecidos en dicho mes. El 1 de abril se inició, según Sanidad, con 9.053 muertes por Covid-19, que se dispararon hasta las 24.824 el último día del mes. En total, 15.771 decesos por coronavirus de los 56.291 registrados por todas las causas. Aunque abril sea el mes más problemático, el día con más muertes fue el 31 de marzo. Según el MoMo, que da cuenta de los decesos por cualquier causa, hubo 2.963 defunciones aquella jornada. (ABC)

“No teníamos ni la menor intención de fabricar vacunas”, reconoce Javier García Cogorro, consejero delegado de Viralgen, que la semana pasada se convirtió en la primera empresa española que va a producir una posible vacuna contra el coronavirus. En realidad, explica, utilizar su técnica, empleada en terapia génica para tratar enfermedades raras, con el fin de proteger de una infección “es un poco contraintuitivo”, porque tratan de infectar muchas células sin producir una reacción inmune. En el caso de una vacuna, esa reacción inmune es justo lo que se busca. (El País) 

Hasta el 60% de los pacientes en espera en grandes hospitales rechaza operarse por miedo al virus. (El País) 

Aparecen las tarifas sanitarias en colegios concertados. Un centro pide a los padres 159,50 euros para gel, alfombras desinfectantes, mascarillas para docentes y termómetros. (El Mundo)

La distancia de más de un metro reduce el contagio un 80%, según la OMS. (La Razón)

Miles de padres de Baleares iniciaron ayer el proceso de admisión de sus hijos en los centros de Infantil y Primaria de las islas. Un trámite en el que se les obliga a marcar una equis en una casilla donde, en lugar de poder elegir si desean que sus hijos estudien en catalán o castellano, aceptan directamente el proyecto lingüístico del centro que les sea asignado. En el 93% de los centros de Infantil de las islas, el castellano no existe. En el 80% de los de Primaria, queda reducido a la asignatura de lengua castellana, exactamente lo mismo que la lengua extranjera. (El Mundo)

Euskaltel, eDreams, Laboratorios Rovi y eDreams, son otros de los nombres que se cuelan por diferentes motivos. También algunos bancos como Sabadell. “La opa sobre MásMóvil es una señal de que los precios en la Bolsa española son muy atractivos”, comenta Gonzalo Sánchez, de Gesconsult. Pero la lista no está clara y los expertos discrepan sobre los candidatos, ya que la pandemia ha puesto contra las cuerdas a sectores que ahora cotizan baratos, pero que generan incertidumbre. Las bajas valoraciones del sector turístico hacen atractivo a Meliá, pero el control de la familia Escarrer le resta posibilidades. (Expansión)

Margrethe Vestager, considerada desde hace años la bestia negra de los grandes grupos tecnológicos estadounidenses, podría convertirse para ellos en el futuro en una pesadilla mucho mayor. La comisaria danesa, a la que Donald Trump llegó a apodar “la señora de los impuestos” de la UE y una de las pocas que no solo revalidó su cargo al frente de Competencia en el Ejecutivo que lidera Ursula von der Leyen sino que además vio reforzadas sus atribuciones con su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, quiere dotarse de herramientas legales que le permitan frenar de forma preventiva la expansión de las big tech en Europa y su incursión en otros sectores de actividad. Es decir, frustrar el nacimiento de futuros monopolios antes incluso de que hayan sido concebidos. El equipo de Vestager diseña un nuevo marco regulatorio que le permita intervenir de forma preventiva en aquellos sectores susceptibles de padecer un alto grado de concentración y restricciones de la competencia como consecuencia de la irrupción de grupos con gran poderío económico, según explican a EXPANSIÓN fuentes próximas a Bruselas. (Expansión)

La solidaridad tiene un precio y no es precisamente bajo cuando se trata de financiar la reparación de los destrozos que ha provocado el coronavirus. La Comisión Europea busca fuentes directas de ingresos para sufragar su fondo de recuperación pos-coronavirus, que quiere dotar con 750.000 millones de euros, y hacerlo así más digerible para los frugales socios del norte, que se perfilan como el principal escollo en la negociación de una iniciativa sin precedentes en la historia del proyecto europeo. En esa acuciante búsqueda de recursos, Bruselas ha planteado un impuesto a las grandes empresas para recaudar unos 10.000 millones de euros anuales. Así lo desveló el comisario europeo de Presupuestos y Administración, el austriaco Johannes Hahn, quien anticipó que la medida afectaría a unas 70.000 compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros. Junto a la ‘tasa Google’, planea impuestos al CO2 y al plástico, además de a las compañías. (Expansión)

El Gobierno prepara un plan de ayudas para el automóvil de 10.000 millones. La intención del Ejecutivo es hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus y por el cambio hacia una movilidad más sostenible, gracias a la inyección de dinero que provendrá de la Comisión Europea dentro del plan de reconstrucción y por el que España recibirá del orden de 140.000 millones de euros. La medida se aprobará en un próximo Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que la propuesta ya cuenta con el visto bueno oficial, puesto que en marzo de 2019 se aprobó el Plan Estratégico de Apoyo Integral al sector del automóvil, que es el que ahora el Ejecutivo pretende sacar del cajón. Sánchez retoma así la propuesta que elaboró en su momento la ministra de Industria, Reyes Maroto, para darle carta de naturaleza. (El Economista)

Ruth Díaz, directora de Consumo de Amazon España, explica cómo la compañía ha tenido que dar un vuelco a la forma de gestionar sus almacenes y centros logísticos, ante el potencial peligro de contagio por coronavirus que vivían sus empleados. En total, el grupo ha cambiado 150 procesos para garantizar la seguridad de sus 7.000 empleados fijos antes de la pandemia, y de los 1.500 adicionales que ha contratado en las últimas semanas para hacer frente al pico de actividad registrado en el mercado español. “La crisis nos ha enseñado que las personas son esenciales”, sostiene. (Expansión)

La incorporación de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla conforma un consejo en el que siete de sus 16 miembros proceden de la política. (El Economista)

Ryanair abre una guerra de precios en el sector para llenar sus aviones este verano. La aerolínea ha asegurado que está dispuesta a bajar un 50% los billetes e incluso operar con pérdidas el próximo año. (El Economista)

BBVA refuerza su primera posición en el ránking por activos en España. Con datos al cierre del primer trimestre del año, el banco presidido por Carlos Torres batió por primera vez en su historia la barrera de los 400.000 millones de euros en activos y amplió en más de 30.000 millones la distancia con CaixaBank, su inmediato perseguidor. El banco de origen catalán declara 377.668 millones en activos de su actividad bancaria y de seguros, y superaría los 380.000 millones si se añaden los activos de las participadas del grupo. (Expansión)

Un grupo de acreedores de Celsa está preparando una batalla legal para reclamar el pago de 137 millones de euros de deuda a los que el grupo catalán tiene que hacer frente en 2020 y responder así a la ofensiva lanzada a finales de abril por la compañía que preside Francesc Rubiralta. Entre los acreedores de la compañía se encuentran diversos fondos de inversión y bancos internacionales como Apollo, Barclays, CVC, CarVal, Credit Suisse, Deutsche Bank, o Morgan Stanley, entre otros. (Expansión)

os juzgados han comenzado a aprobar medidas cautelares para que las empresas puedan posponer los pagos establecidos en sus contratos financieros, ante las extraordinarias circunstancias por el Covid-19. (El Economista)