-Sánchez planea refundar el PSOE en un año para dar poder a la militancia. -El PP presiona a Cs para acotar la comisión sobre su financiación. -Los funcionarios catalanes se niegan a colaborar con el referéndum ilegal. -Puigdemont pone un tope de 20 euros por urna. -El juez Pedraz abronca a la UCO por investigar a Mario Conde por su cuenta. -Valencia estudia gravar los alimentos con exceso de grasas. -Los empresarios piden funcionarios despedibles. -Iberdrola logra aplazar la licencia para Almaraz. La familia del héroe español Ignacio Echeverría ha confirmado que el joven es uno de los ocho fallecidos tras el atentado de Londres del pasado sábado 3 de junio, cuando se le perdió la pista después de que se le viera enfrentarse a los terroristas. Sus hermanas Ana e Isabel han publicado sendos mensajes en Facebook. El Ministerio de Asuntos Exteriores también informa de que Echeverría es uno de las víctimas mortales del atentado reivindicado por el Estado Islámico. Su hermana Isabel ha destacado que su hermano "intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna, te queremos y nunca te olvidaremos", ha escrito también en Facebook. En cuanto a las exclusivas del día, con los Presupuestos Generales del Estado para 2017 encarrilados, el Ministerio de Hacienda diseña ya el calendario para lograr el respaldo del Congreso al techo de gasto de 2018, paso previo a la elaboración de las Cuentas del año que viene. El Gabinete del ministro Cristóbal Montoro confía en obtener el visto bueno de la Cámara el próximo 13 de julio, y para ello utilizará la misma fórmula que ha usado en la negociación presupuestaria de este año: Ciudadanos y PNV votarán a favor y, previsiblemente, también lo harán los dos diputados canarios clave: Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC). (El Economista) Pedro Sánchez quiere construir «un nuevo PSOE» –lo que él llama «una organización del siglo XXI», que sea «un partido en el que decidan los militantes»– en una gran conferencia política que se celebrará el año que viene. El 39º Congreso Federal del PSOE, que se celebra la semana que viene, aprobará las primeras propuestas en este sentido. Sin embargo, será en la gran conferencia del año que viene cuando Sánchez complete lo que para él es terminar con «un partido de notables y de lealtades clientelares». (El Mundo) El PP presiona a Cs para acotar la comisión sobre su financiación. Los populares van a pedir a la dirección de Ciudadanos que apoye en la Mesa del Congreso la acotación de la investigación, según fuentes del partido del Gobierno. Sin embargo, ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó lo que considera un intento de boicot del PP a la comisión. «No cabe ningún amparo», aseguró tajante dejando claro que las relaciones entre los dos socios de investidura han vuelto a saltar por los aires. (ABC) Los funcionarios catalanes se niegan a colaborar con el referéndum ilegal. Joan Escanilla, presidente de CSI-F Cataluña, sindicato mayoritario en el ámbito judicial, señaló a ABC que cualquier orden a un funcionario que contravenga una ley la pedirán «por escrito» y advirtió que no dejarán «tirado» a nadie en un tema como este. Del mismo modo, las centrales mayoritarias en Cataluña, UGT y CC.OO, aunque integradas en el llamado Pacte Nacional pel Referèndum y favorables al derecho a decidir, han manifestado claramente que no acompañarán a Puigdemont en su consulta ilegal. Puigdemont pone un tope de 20 euros por urna. (La Razón) El juez Santiago Pedraz ha reprendido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por tomar declaración por su cuenta a una decena de testigos e imputados en el sumario en el que se investiga al ex banquero Mario Conde. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha dictado un auto mediante el que «requiere urgentemente a la unidad policial para que cese en las citaciones y declaraciones que está llevando a cabo» y le advierte de que cualquier toma de declaración «será resuelta» por él como máximo responsable de la investigación. (El Mundo) La Generalitat Valenciana baraja nuevos impuestos para la industria alimentaria. Fuentes de la Conselleria de Hacienda confirman que se estudia una proposición no de ley de Compromís que plantea una nueva tasa a los refrescos, así como "ir más allá y tratar de desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa, como los productos de bollería". Mantiene que "los impuestos influyen en el comportamiento de los consumidores y que se puede reducir el consumo de productos azucarados y, por lo tanto, combatir la obesidad, la diabetes y otros problemas para la salud". (El Economista) Los empresarios piden funcionarios despedibles. (Cinco Días) Iberdrola logra aplazar la licencia para Almaraz. (Cinco Días) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com