Pablo Iglesias forzó que el Estado diera la renta mínima para lucirse

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, forzó que el nuevo ingreso mínimo vital fuera costeado por la Administración Central con la mayor prontitud posible, en una maniobra política para arrogarse el éxito de una ayuda, fundamental en el momento social actual, que sin embargo ya venían pagando las comunidades autónomas. De hecho, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que apenas acaparó focos en la presentación, se enfrentó a Iglesias y abogó por más participación de las autonomías. El pago de la prestación modifica el destino de las partidas del fondo de 16.000 millones. (El Economista)

Los populares han registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de datos en relación con «el reciente nombramiento de uno de los mejores amigos de Sánchez, José Ignacio Carnicero, al frente de una Dirección General del Gobierno sin ser funcionario». El principal partido de la oposición reclama la copia del contrato que firmó su despacho con la Dirección que ahora ocupa, hace poco más de un año. El PP quiere saber cuáles son las competencias de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura en manos de Carnicero, dentro del Ministerio que dirige Ábalos. Además, se interesa por los motivos de ese nombramiento y las razones por las que la plaza estuvo vacante durante cuatro meses desde su creación a finales de enero. «Justo en esos meses en los que la plaza todavía no estaba ocupada por el amigo del presidente del Gobierno se cumplía un año, el 15 de marzo, del último contrato firmado por su despacho de arquitectura con el Gobierno Socialista, del que ahora pide copia el Grupo Popular», señala el principal partido de la oposición. (ABC)

José Manuel Franco declara este miércoles ante la juez que investiga la organización de la manifestación del 8-M por un delito de prevaricación administrativa. (El Mundo)

Ésta sería la vía para que Sanchez «resista» en Moncloa si Iglesias rompe la coalición para no cargar con el desgaste de la gestión de los recortes. Los Presupuestos de 2021 serán la prueba de fuego. (La Razón)
(El Mundo) (La Vanguardia)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer optimista delante de sus ministros con respecto a que el PP apoye el decreto de la nueva normalidad, que se votará la semana que viene. Sánchez justificó su optimismo en el hecho de que el texto se ha consultado con todas las comunidades, incluidas las gobernadas por los populares, y se han incorporado sus sugerencias. Es decir: el PP tendrá más difícil votar en contra de algo que, en teoría, beneficia a las autonomías en que gobierna. No hay nada cerrado, pero el Ejecutivo confía aún en un ligero giro del clima político tras el final de la última prórroga del estado de alarma, el 21 de junio. Sánchez cuenta con Ciudadanos y con el PNV, con quienes ya ha pactado, y está negociando el apoyo de ERC, que espera cerrar esta semana. (El País)

Comunidades del PP piden restringir la movilidad más allá del estado de alarma. Los presidentes de Andalucía, Murcia y Castilla y León quieren agotar la Fase 3 de la desescalada antes de llegar a la 'nueva normalidad'. (El Mundo)

El discurso que el lunes pronunció Pablo Casado ante la junta directiva nacional del PP sonó a conocido para muchos, sobre todo para el sector más moderado del partido, que en enero lo aplaudió pero a los pocos días vio como una cosa eran las palabras y otra, los hechos. Así que ayer no se hicieron ilusiones y las expectativas se cumplieron, porque el tono de moderación no se vislumbró en las declaraciones públicas de los miembros de la dirección popular más próxima a Casado, con un discurso duro y acusatorio hacia el Gobierno y hacia el PSOE. (La Vanguardia)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros cinco líderes europeos –de Francia, Alemania, Polonia, Bélgica y Dinamarca- han remitido este martes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que insisten en la necesidad de garantizar una “adecuada preparación” ante un posible segundo brote del covid19 y futuras pandemias. La misiva va acompañada de un documento en el que los seis Estados miembros ofrecen su visión sobre cómo mejorar la coordinación. (El Periódico) (La Vanguardia)

Los españoles se encuentran entre los ciudadanos más críticos con la gestión que ha hecho su Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Así se desprende de la encuesta realizada por la prestigiosa firma de sondeos británica YouGov, que recoge la evolución de la opinión de ciudadanos de 22 países en relación al trabajo de sus dirigentes con respecto al trabajo realizado para atajar la crisis sanitaria. En el caso de los españoles, según el sondeo que ha efectuado el organismo desde el pasado 12 de marzo hasta el 28 de mayo, sólo un 46% la define como «muy buena» o «medianamente buena». Un porcentaje que se sitúa entre los cinco más bajos de todas las naciones consultadas. (ABC)

Baleares será la primera región de España que reciba turistas extranjeros. A partir del próximo lunes podrán llegar 10.900 viajeros desde Alemania gracias a un proyecto piloto que ha puesto en marcha el Gobierno balear. Los visitantes tendrán que rellenar un cuestionario de salud y se les tomará la temperatura en el aeropuerto. Sanidad anima a otras comunidades a sumarse a esta prueba. (El País)

Un estudio de Deusto Business School coloca a Aragón a la cabeza y sitúa a la Comunidad de Madrid en undécima posición y en la media nacional. (El Mundo).

Madrid pidió que ancianos enfermos atendidos en sus casas no fueran a los hospitales. (El País)

Según un documento de Anticorrupción al que tuvo acceso ABC, en el camino a la adjudicación de la infraestructura, las empresas españolas involucradas pactaron en forma de contratos de consultoría pagos que superan sobre el papel, los 215 millones de euros. Así, el 10 de septiembre de 2010, las empresas españolas que integraban el consorcio hispano-árabe firmaron un «contrato de consultoría» con el Príncipe Abdulaziz bin Mishal, miembro de la Familia Real saudí, en el que se establecía una retribución de 120 millones de euros por sus servicios. Con todo, según Anticorrupción, «no consta que la cantidad le haya sido abonada en su totalidad». (ABC)

El fiscal suizo que investiga la cuenta del Rey emérito pide las ofertas de la obra del AVE a la Meca. El ministerio público, que estudia la donación de 64,8 millones de euros recibida en 2008 por Juan Carlos I y el supuesto pago de comisiones, indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un 30%. (El País)

La reforma de reglas sobre inmigración vuelve a dividir a la UE. Los países mediterráneos –entre ellos, España– reclaman cuotas obligatorias de reparto. Cuotas o no cuotas. Este es el dilema al que se enfrenta la Comisión Europea mientras está ultimando su propuesta para modificar las reglas europeas sobre migración que quedaron seriamente tocadas por la llegada masiva de refugiados en el 2015. A lo largo de este mes de junio, el Ejecutivo comunitario presentará su reforma del pacto de Emigración y Asilo y, lógicamente, en este periodo previo le llueven los documentos de los distintos estados miembros presionando para hacer valer sus planteamientos. Vistas las propuestas, el enfrentamiento está servido, porque a la demanda de cuotas obligatorias de los países del Mediterráneo, responden con una negativa rotunda los centroeuropeos y el grupo de Visegrado. (La Vanguardia)

La desconexión con el empleo está lastrando la reputación internacional de las universidades españolas, que este año han vuelto a descender en el ránking de la consultora británica Quacquarelli Symonds, donde sólo figuran dos de nuestros campus entre los 200 mejores del mundo. Mientras las instituciones más renombradas se mantienen estables en esta clasificación, las españolas pierden prestigio por la falta de salidas para los titulados y la elevada tasa de sobrecualificación. (El Mundo)

Para frenar la irrupción de inversores no deseados en áreas estratégicas, la Comisión Europea perfila nuevas medidas de control sobre las inversiones de grupos de terceros países, con especial énfasis en aquellas compañías que cuentan con un fuerte respaldo estatal, lo que apunta directamente a China, donde el Estado es omnipresente en la actividad empresarial. En concreto, el Ejecutivo comunitario extremará la vigilancia sobre aquellas operaciones que supongan la toma de participaciones de control, o superiores al 35% del capital, en empresas de la UE por parte de compañías que se benefician de subsidios públicos, según han explicado a EXPANSIÓN fuentes de Bruselas. (Expansión)

La entrada de Telefónica en Prosegur Alarmas, con la compra del 50% del capital y la creación de Movistar Prosegur Alarmas, ha sacudido a los dos sectores en España. La gran novedad de Movistar Prosegur Alarmas –que se lanzó en marzo– es que ha desafiado las prácticas comerciales habituales, al no cobrar un coste inicial alto de entre 100 y 200 euros por los equipos como hacen los demás, ni obligar tampoco a un periodo de permanencia de 12 a 24 meses, la norma hasta ahora. (Expansión)

Santander se marca objetivos para entrar como comprador en el mercado de activos dañados del sector financiero de todo el mundo. En un principio, tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de euros en el mercado de crédito dudoso o NPL, como se conoce en el argot financiero, según confirman distintas fuentes financieras. El banco está reforzando el equipo que se dedicará a esta nueva línea de negocio que desarrollaría a través de Deva Capital, la sociedad que ha creado para desembarcar en un mercado que ofrece grandes rentabilidades. (Expansión)

El Gobierno ha dado a Aena la orden de mantener y gestionar los controles sanitarios en sus aeropuertos una vez levantado el estado de alarma el día 21. Y, como novedad, le otorga la potestad de recuperar los costes por la vía de las tarifas que pagan las actualmente maltrechas aerolíneas. El real decreto ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria, que salió ayer del Consejo de Ministros, establece que Aena pondrá al alcance de Sanidad Exterior, de forma temporal, “los recursos humanos, sanitarios y de apoyo, necesarios para garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales”. (Cinco Días)

gnacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de la papelera Ence, ha tenido que poner a la mitad de la plantilla a teletrabajar y acomodar las fábricas a la nueva situación provocada por el coronavirus. Sólo el 12% del personal de las dos plantas de celulosa del grupo y de sus instalaciones de renovables acude a trabajar al mismo tiempo. La intención es ahora mantener el teletrabajo hasta septiembre. (Expansión)

Hesperia se prepara para echar a andar después de tres meses de paréntesis obligado por el Covid-19. El grupo abrirá casi la mitad de sus hoteles en España durante este verano –13 de los 28 que tiene en el país, que representan un tercio de su capacidad por número de habitaciones–, pero es consciente de que, a corto plazo, la viabilidad económica del sector “está en entredicho”, lo que les hace replantearse sus planes de crecimiento para proteger la caja. “El Covid-19 ha sido una bomba atómica para el sector. Habíamos visto caídas de demanda derivadas de la crisis económica antes, pero tener ingresos cero era un escenario impensable”, explica Jordi Ferrer, consejero delegado de Hesperia, a EXPANSIÓN. (Expansión)

España aplaza las ayudas al motor aprobadas ya por Macron y Merkel. (El Economista)

Valencia impulsa una gigafactoría de baterías de coche junto a Ford. (El Economista)

Las entidades aceleran el cierre de sucursales para reducir su estructura de costes y mejorar su bajo nivel de rentabilidad. Los cambios en la reforma laboral, la firma del convenio sectorial y las posibles fusiones tras la crisis, claves en el proceso de ajuste. (El Mundo)