-Génova cierra filas con Cifuentes y descarta que acabe imputada. -El Partido Popular de Madrid tuvo una "contabilidad soterrada". -El Gobierno pide paciencia por los colapsos de El Prat. -Puigdemont marca el 1 de octubre como la fecha para el referéndum. -Linde expedienta a cuatro bancos por opacos pero oculta su identidad. -Unicaja, a Bolsa antes del 15 de julio para captar 750 millones. -La Finca debutará como socimi en el MAB en septiembre. -Acciona, única grande que se desmarca de la subasta de renovables. -La Ley de Transición, la última ocasión para liderar las energías renovables. -Félix Casado: "Queremos expandir Riu a destinos urbanos turísticos". -Hogares y empresas pagan en intereses menos que nunca. -62.000 empresas tendrán que declarar el IVA en tiempo real. -Las firmas redoblan la inversión en seguridad tras el ciberataque. Otro lío en EEUU. El presidente, Donald Trump, admitió ayer que compartió información comprometida sobre el ISIS con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según avanzó el lunes The Washington Post. Trump escribió en su cuenta de Twitter que tiene "absoluto derecho" a compartir con Rusia "hechos relacionados con terroristas y seguridad aérea" y que lo hizo por "razones humanitarias" y para que Rusia "intensifique su lucha contra el ISIS y el terrorismo". Además, Trump habría pedido en febrero pasado al entonces director del FBI, James Comey, que pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, según ha informado este martes el diario estadounidense The New York Times. Y en España, líos para el PP. Todos los grupos del Congreso, excepto el propio PP, votaron ayer a favor de la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y pidieron la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, José Manuel Moix. Los tres fueron acusados de entorpecer la investigación de casos de corrupción. La moción, presentada por el PSOE y sin efecto ejecutivo, obtuvo 207 votos, frente a 134 del PP. En cuanto a las exclusivas del día, un pequeño empresario, Juan Antonio Salguero, declaró ayer en la Audiencia de Barcelona, donde se juzga el caso del 3% y el caso Adigsa, que las mordidas que se pagaban para poder optar a los concursos de la empresa de vivienda de la Generalitat eran del 20%, y que el destino de las mismas era CiU. Salguero explicó además que advirtió de ello directamente a través de un correo electrónico al expresidente Artur Mas, entonces en la oposición, y que lo único que consiguió con ello es que una responsable de prensa y el exdirigente de CiU Ferran Falcó -que llegó a estar imputado, aunque su caso se archivó- le visitasen para pedirle que se callara. Fue, de hecho, lo que le llevó a denunciar el caso ante la Fiscalía. (ABC) Génova cierra filas con Cristina Cifuentes y descarta que acabe imputada. Si en algún momento los indicios de la investigación de la Guardia Civil prosperasen y Cifuentes acabase imputada, «no podría permanecer ni un minuto en el cargo en coherencia con su código ético», admiten fuentes de la dirección nacional. Y esto abriría una crisis dramática en la Comunidad de Madrid que no tendría otra salida que la de unas elecciones anticipadas. (La Razón) La Guardia Civil concluye que el PP de Madrid dispuso durante años de una «contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral» que provocó «una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral». El Grupo de Delitos contra la Administración recalca en los informes que ha entregado al juez Eloy Velasco que la caja B de los populares madrileños «pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas». (El Mundo) El Gobierno pide paciencia por los colapsos de El Prat. El delegado atribuye el problema al aumento de pasajeros y a la seguridad. Interior ofrecerá un plus para los policías que vayan a Barcelona. (La Vanguardia) Puigdemont marca el 1 de octubre como la fecha para el referéndum. (La Razón) Linde expedienta a cuatro bancos por opacos pero oculta su identidad. El supervisor incoa siete expedientes sancionadores en 2016 tras realizar 46 inspecciones y evaluar a 300 banqueros. Insta al sector a mejorar sus servicios de atención al cliente. (Cinco Días) Unicaja encara la recta final para su salida a Bolsa. La entidad malagueña trabaja junto a los bancos de inversión contratados (Rothschild como asesor y UBS y Morgan Stanley como coordinadores) con la previsión de que el debut en los mercados se producirá antes del próximo 15 de julio. La entidad, en plena ronda con inversores para captar su interés antes de fijar precios, espera aprovechar el buen momento del mercado. (Expansión) La Finca debutará como socimi en el MAB en septiembre. (Cinco Días) Acciona, única grande que se desmarca de la subasta de renovables. Las empresas de Unesa vuelven a presentarse pese a haber quedado fuera en la anterior. Sobre la puja pesa la denuncia de los fotovoltaicos que han pedido su suspensión. (Cinco Días) La Ley de Transición, la última ocasión para liderar las energías renovables. El sector ve en la próxima Ley de Transición Energética la última oportunidad para que nuestro país sea otra vez referente de estas tecnologías limpias en el mundo. (El Economista) Félix Casado: "Queremos expandir Riu a destinos urbanos turísticos". (Cinco Días) Pese a que la deuda todavía se sitúa en niveles altos, las familias y empresas gastan menos que nunca en intereses en proporción al PIB. Según las estadísticas del Banco de España, los hogares desembolsan menos incluso que cuando apenas tenían deuda: un 1,5% del PIB frente al 3% de mediados de los noventa, cuando cobró fuerza el proceso de endeudamiento. Y mucho menos que el 4,9% del PIB que pagaron a principios de la crisis. Si se compara con esos máximos, el ahorro de empresas y hogares alcanza los 90.000 millones. Y ello gracias al Banco Central Europeo, que ha llevado el euríbor a tipos negativos. (El País) El 1 de julio entra en vigor el nuevo IVA, que obliga a cerca de 62.000 empresas a informar a Hacienda en tiempo real. La Orden que desarrolla el sistema, que se ha publicado en el BOE, otorga a las empresas cuatro días más para informar si lo necesitan "por razones técnicas". (Expansión) En solo tres días, las mayores compañías del sector en el mundo, principalmente las firmas estadounidenses, han aumentado en 7.200 millones de euros su valor en el mercado. El mayor ciberataque del mundo, sufrido la semana pasada en 100 países, con más de 300.000 sacudidas, dejará un efecto colateral que quedará grabado para siempre entre las empresas, instituciones y hasta particulares: Hay que invertir en seguridad informática, y conviene hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Con la lección aprendida de forma universal, las empresas de antivirus están siendo los grandes favorecidos por el virus WannaCry. (El Economista) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com