• La CNMC da un toque al Gobierno aragonés: prohibía instalar una facultad privada allá donde hubiese una pública.
  • Concretamente, el acuerdo de PSOE y Podemos prohíbe que una universidad privada imparta clases si ya se están dando por parte de la universidad pública en los centros de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina.
  • Según la CNMC, esto resultaría contrario a los principios de libre iniciativa económica y libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos.
  • La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la CNMC contra el acuerdo del Gobierno de Aragón.
Recordemos que en la actualidad el Gobierno de Aragón está formado por un gobierno de coalición entre el PSOE, Podemos y la Chunta Aragonesista. Recientemente, un acuerdo del Gobierno de Aragón prohíbe que una universidad privada imparta enseñanzas si ya se están dando por parte de la universidad pública en los centros de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina. Pues bien: la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la CNMC contra un acuerdo del Gobierno de Aragón, por considerarlo contrario a la Ley de Unidad de Mercado. Resultaría contrario a los principios de libre iniciativa económica y libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos. La CNMC ha decidido recurrir los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales para los años 2016-2019. Asimismo, la vinculación de toda propuesta de implantación de nuevas enseñanzas por parte de universidades privadas a la existencia de demanda acreditada y a la aportación de garantías económicas desproporcionadas sería también contraria a la Ley de Unidad de Mercado. El recurso se ha presentado de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado. La CNMC está legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo cuando considera que una actuación procedente de cualquier Administración pública es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación previstos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Las actuaciones contrarias a los principios establecidos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado limitan la competencia efectiva en la economía española, reducen el nivel de productividad, y obstaculizan el crecimiento económico. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com