Las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos han pasado de nivel y parece que, una vez repartidos ministerios y vicepresidencias del futuro Ejecutivo, y con la negociación abierta por parte del PSOE para que ERC permita con una abstención la investidura de Pedro Sánchez, los socios empiezan a concretar las políticas de facto, las políticas que se activarán desde cada departamento. Al frente de estas negociaciones, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, y encima de la mesa está entre otras cuestiones, una fundamental…la armonización fiscal autonómica o cómo cargarse la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades bonifiquen impuestos según convenga a cada región.

Ni que decir que Montero y Echenique están por la labor de abrir un melón que siempre ha jaleado, y lo ha hecho de nuevo este fin de semana, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se ha situado a la cabeza del frente al señalar que en España "no puede haber competencia fiscal entre autonomías ni paraísos fiscales". En concreto, ha solicitado al Gobierno que se reforme el sistema de financiación para recentralizar ciertas figuras tributarias que hoy están cedidas a las autonomías: "Hay impuestos que probablemente deben ser nacionales y no pueden ser transferidos, y otros, sí”.

Se hablaba de 'infierno fiscal' en Andalucía cuando la política impositiva era decida por Montero, es decir, antes del control parlamentario de Ciudadanos y de las manifestaciones de andaluces muy cabreados

Ya sabemos que Podemos apuesta por prohibir la capacidad de las autonomías de gestionar los impuestos estatales. Concretamente, que no se puedan bonificar Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Para Pablo Echenique, a día de hoy "se permite que las regiones establezcan paraísos fiscales. No podemos permitir que las comunidades autónomas compitan a la baja en el plano fiscal".

Hay que recordar que estos impuestos los fija el Estado pero las comunidades los pueden bonificar. Es lo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid cuando aplicó una exención del 99% Sucesiones y Donaciones lo que supuso, prácticamente, anular el tributo.

Ni que decir tiene que Mª Jesús Montero también es partidaria de la armonización al alza, incluso de prohibir de manera explícita que las comunidades que puedan bonificar. Basta recordar lo que algunos denominaron el infierno fiscal andaluz cuando la política impositiva era decida exclusivamente por Montero, es decir, antes de la supervisión parlamentaria de Ciudadanos y de las fuertes manifestaciones de ciudadanos muy cabreados. Pero no solo eran Sucesiones y Donaciones porque el tipo marginal máximo del IRPF, en el 48%, llegó a estar en el 56%, el impuesto de transmisiones patrimoniales en el 10% y una fiscalidad sobre el patrimonio que, hasta hace poco, estaba entre las más agresivas de España. Una 'peculiaridad' que se propone cambiar el Gobierno de Moreno Bonilla

Podemos apuesta por prohibir la capacidad de las autonomías de gestionar los impuestos estatales y por impedir que las comunidades compitan a la baja en el plano fiscal

Así que Montero siempre ha defendido la supresión de todo lo que tenga que ver con la competencia impositiva entre comunidades al mismo tiempo que quiere acabar con el denominado paraíso fiscal de Madrid.

Paraíso fiscal que no es tal, ni teóricamente hablando ni en la práctica, porque su estructura tributaria, pese a ser mucho más baja que en otras autonomías, no es, ni mucho menos, pequeña. Y un dato importante además, que debemos recordar, es que el 65% de la recaudación autonómica pasa al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, uno de los principales mecanismos de "solidaridad interterritorial. Los expertos aseguran además que la fiscalidad que recae sobre los madrileños es similar a la media europea.

Así que, para lo único que el denominado paraíso fiscal de Madrid sirve en realidad es para desenmascarar la fiscalidad de 'máximos' que existe en otras comunidades. Es verdad que todo esto ha supuesto que muchos españoles decidan empadronarse en la capital porque ya sabemos que si la persona que deja o dona el bien se empadrona en una CCAA con menores impuestos pagará menos, evidentemente. Además, el empadronarse es fácil, y en este caso tiene muchas ventajas y ningún incoveniente ya que, lo que les interesa a los Ayuntamientos, es que su Administración reciba el mayor dinero posible.