- El juez abre juicio oral por desobediencia y prevaricación por la consulta pero considera que las partidas económicas se aprobaron antes de la suspensión del TC.
- El expresidente de la Generalitat se libra así de penas de prisión y sólo se enfrenta a diez años de inhabilitación.
- Lo mismo sucede para sus cooperadoras necesarias, Irene Rigau y Joana Ortega, cuya inhabilitación es de nueve años.
- Eso sí, aún cabe un último cartucho que no haría ninguna gracia a los acusados: hay cinco días para recurrir que no se juzgue el presunto delito de malversación.
Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (
TSJC) ha dado
una de cal y otra de arena. Por un lado, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra
Artur Mas (
en la imagen) por
desobediencia y prevaricación por la consulta del
9-N, pero ha descartado que malversara dinero público.
El magistrado
José Francisco Valls ha considerado que cuando se aprobaron las partidas económicas y contrataciones a terceros aún no constaba la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (
TC). Por lo tanto, el expresidente de la Generalitat
se libra del delito de malversación, el cual sí conlleva penas de prisión, y
sólo se enfrenta a diez años de inhabilitación a petición de la Fiscalía.
Lo mismo sucede para las cooperadoras necesarias de Mas:
Irene Rigau y
Joana Ortega. Las exconselleras de Educación y Gobernación también han sido enviadas a juicio por los delitos de prevaricación y desobediencia en la consulta del 9-N tras ser suspendida por el TC. En su caso, el fiscal solicita una
inhabilitación de nueve años.
En el auto, también se menciona la intervención del entonces conseller de Presidencia
Francesc Homs. Pero al ser diputado en el Congreso y por tanto, aforado, su causa está en el Tribunal Supremo.
A la vista de todo esto, parece que a Mas, Rigau y Ortega no les va a salir gratis su desobediencia, aunque sí bastante barata. Y es que por ahora sólo se enfrentan a unos cuantos años de inhabilitación, a pesar de que el 9-N cometieron "un
desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC" contra la
consulta independentista. Eso sí, aún queda un último cartucho que no haría ninguna gracia a los acusados: se puede recurrir la decisión de denegar la apertura de juicio oral por el delito de malversación en el plazo de cinco días.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
