El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto la primera piedra para terminar con las autopistas de peaje. En una entrevista en El País publicada este lunes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia que las autopistas cuya licitación venza durante lo que queda de legislatura pasarán a formar parte de la red pública, esto es, dejarán de ser de peaje. ¡To pal pueblo!, como diría Alfonso Guerra.
Estamos hablando de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), que vence el próximo 30 de noviembre, la AP-7 entre Tarragona y Alicante (31 de diciembre de 2019), y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que también vence en diciembre del año que viene.
Acabar con los peajes al grito de ‘To pal pueblo’ está muy bien, pero cuidado, porque lo que antes hacía la empresa de turno con la ayuda de los ingresos de los peajes, ahora lo tiene que asumir el Estado. Según la patronal Seopan, sólo el mantenimiento del primer tramo anunciado (el de la AP-1) costaría unos 300 millones al año, cantidad que el ministro reduce hasta los 27 millones, incluidos los otros dos tramos (AP-7 y AP-4). La compañía que aún gestiona la mayoría de las vías, cifra esa cantidad en unos 100 millones.
Que no haya peajes puede ser una buena idea, pero implica un riesgo: que las autopistas terminen como las calles de Madrid, en un estado lamentable
Así que ¡to pal pueblo! pero pagando, que aquí nadie regala nada. Olvídense del “Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie”, que dijo la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, durante su etapa como titular de Cultura con ZP.
Que no haya peajes puede ser una buena idea, pero implica un riesgo: que las autopistas terminen como las calles de Madrid, en un estado lamentable. Es el modelo Carmena que consiste, llanamente, en no asfaltar. Sin duda, se trata de algo revolucionario que algunos no entienden. Por ejemplo, los conductores de la EMT, que denuncian dolores de cuello por los baches que inundan el Paseo de Extremadura.