- Las aparentemente existosas entrevistas de Manuela Carmena con los banqueros dejan todo como estaba.
- Para los bancos, todo son ventajas con las oficinas municipales antidesahucios: les libera de la presión de la calle, se ahorran trabajo y como la ley hay que cumplirla…
- FG (BBVA) y Ana Botín (Santander) se unen a la política iniciada por Goirigolzarri: los que ganan son ellos, no Carmena o Ada Colau.
- Josep Oliu (Sabadell) ya dejó claro que "las instituiciones antidesahucios son útiles para distinguir los casos de verdadera exclusión social de aquellos que pretenden abusar de la entidad".
- Y FG (BBVA) y Ana Botín (Santander) se unen a la política iniciada por Bankia: los que ganan son ellos, no Manuela Carmena o Ada Colau.
- La normativa de vivienda es la que es: ya estableció un fondo social de vivienda, la dación en pago y las soluciones extrajudiciales.
El presidente de BBVA,
Francisco González, parece haber cambiado de repente el
chip con el drama social que esconden los desahucios. O así lo ha explicado este martes, en declaraciones a
Onda Cero, al referirse a la reunión que mantuvo, el viernes, con la alcaldesa de Madrid,
Manuel Carmena (
en la imagen con Ada Colau). En realidad cambia muy poco. O sí. Para los bancos todo será más fácil con las nuevas oficinas que se van a crear para evitar los desahucios.
No ha sido la única reunión de Carmena. Ya se ha entrevistado, por igual motivo, con
Ana Botín, presidenta del Santander, aunque no se ha pronunciado al respecto, o con
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, aunque en este último caso antes de que la alcaldesa tomara posesión del cargo. En los tres casos, Carmena salió "muy satisfecha".
FG, como digo, ha
largado esta mañana en la radio para decir que fue una conversión positiva. El banquero, en fin, ha dicho, se entiende con ella y se apunta también al carro de los que buscan la solución a un drama social que engordaba el potencial electoral de emergentes como
Podemos.
"No queremos en absoluto quedarnos con la casa de nadie, ni nos interesa y además no queremos", ha asegurado. Y para alegrale añadió que
"ninguna familia que esté en riesgo de exclusión social se va a ir a la calle. Le damos cualquier tipo de facilitad o le damos viviendas nuestras".
Otra cosa es que se desmarcara la semana pasada en Santander del peligro de los
populismos y que dijera, con poco entusiasmo que sí, que
atendería el teléfono si Carmena le llamaba. Esa reunió llegó, el viernes, y en ella garantizó a Carmena que el BBVA no está por la labor de desahuciar a "familias vulnerables".
Lo mismo pasó en la
reunión con Goiri.
"Ha sido una reunión muy cordial", dijo Carmena, y eso que propuso a Bankia la adquisición de 40.000 viviendas vacías de la entidad, sin abundar en más. Cuesta una pasta.
Con FG, el problema han sido los desahucios, que en el caso de BBVA y en Madrid son diez al mes. Y lo que ha dicho
Francisco González que es
"a ver si con la oficina antidesahucios podemos bajar esa cifra. Si la alcaldesa de Madrid me pide algo razonable, yo intento ayudarla". En la misma línea -ninguna novedad-, de lo que ya dijo
Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell:
"Las instituiciones antidesahucios son útiles para distinguir los casos de verdadera exclusión social de aquellos que pretenden abusar de la entidad".
Y es ahí, mire usted, con la oficina antidesahucios, con lo que parece que va a arreglar todo, la misma oficina, en fin, con la que los bancos se burlarán ahora de
Podemos. Las razones son sencillas, aunque están algo repartidas, con un denominador común: se les quita un problema de encima que cae en otra instancia, la oficina de marras.
En otras palabras, en caso de conflicto el mediador será la oficina, donde se verán los interlocutores de las partes. Y eso, para los bancos, es un
chollo, como quien dice. En primer lugar, porque se ahorran la burocracia que asumían hasta ahora. Mírenlo así: eso implica mucho menos trabajo para esa espinosa cuestión y, sobre todo, menos trámites.
Y a eso se una ventaja, no menor: libra a los bancos de la presión popular, siempre engorrosa, contra los desahucios. Es la misma presión que ha protagonizado la hoy alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, a través de la Plataforma Antidesahucios que le dio la fama.
Este lunes lo intentó también el flamante nuevo alcalde de Cádiz,
José María González, de Podemos y se encontró con que la policía actuó y su mediación no impidió el desahucio. Era legal.
Y es que la ley es la que es y en esa ley se amparan unos y otros para defender lo suyo. A esa misma ley se acogió el
Tribunal Constitucional al estimar el recurso del Gobierno contra el
decreto andaluz antidesahucios y considerar ilegal la "expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos".
Y en esa misma sentencia se explicaba lo que tienen claro tanto los bancos como
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid: que el Estado ha puesto en marcha medidas para proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, se ha constituido un fondo social de viviendas propiedad de los bancos. El Fondo Social de la Vivienda dispone de unas 5.000 viviendas que cedieron 33 entidades hace dos años y medio y está vigente hasta 2016. La ley establece incluso casos de
dación en pago, aunque pocos casos, o también la posibilidad de llegar a soluciones extrajudiciales a la hora de alcanzar acuerdo que no acabe en tragedia. Esta última fórmula ha funcionado bien en el País Vasco.
¿Ha cambiado algo? Sólo el ruido por un problema real: el de tanta gente que no puede pagar su casa y a la que le comen las deudas porque le han despedido del trabajo, se ha arruinado o vivía por encima de sus posibilidades. Un drama enorme, dicho sea todo.
Rafael Esparza
rafael@hispanidad.com
