A nadie se le escapa que la privatización de Bankia es uno de los asuntos que tiene sobre la mesa la ministra de Economía y Empresa. Como antes Luis de Guindos y, en menor medida por su brevedad en el cargo (86 días), Román Escolano, Nadia Calviño busca la mejor manera para deshacer la participación del 60,6% que tiene el Estado en la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. La estatalización que pretende Podemos está totalmente descartada.
El proceso se presenta complicado si lo que se pretende es recuperar el máximo de ayudas públicas recibidas. Los números son elocuentes: el Estado inyectó 22.242 millones en Bankia y solo ha recuperado 2.863 millones, el 13% del total. En su último informe, el Banco de España estima que, como máximo, se podrán recuperar unos 10.000 millones.
El Banco de España estima que, como máximo, se podrán recuperar unos 10.000 millones
El balance es muy pobre. Tal vez por eso, a principios de este mes de diciembre, Calviño, además de dejar la puerta abierta a ampliar el plazo más allá de diciembre de 2019, comenzó a hacer pedagogía y afirmó que el objetivo de la privatización no era tanto recuperar las ayudas públicas como garantizar la estabilidad del sector financiero, que “funcione bien” y que siga canalizando el crédito.
Eso está muy bien, pero a ningún ministro (o ministra) le gustaría pasar a la historia como el que malvendió Bankia. Y la mejor manera para evitar titulares vergonzantes es privatizarla mediante una fusión. En el Ministerio lo saben, se sonríen cuando se les pregunta, y no lo descartan. La mejor opción, como adelantó Hispanidad, es Bankia-BBVA, aunque también se habla del matrimonio Bankia-Sabadell. La primera la quiere Goiri; la segunda, Oliu. Y el BBVA no quiere saber nada.