La Audiencia Nacional ha condenado a penas de 8 a 53 años de prisión a los tres miembros de la célula yihadista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, en los que fueron asesinadas 16 personas, aunque no les condena por esas muertes. “No se trata de juzgar a personas fallecidas, sino de enjuiciar la conducta de los tres procesados”, deja claro el tribunal en referencia a que los autores materiales y el ideólogo de los atentados, el imán de Ripoll, fallecieron abatidos por los Mossos o en la explosión de Alcanar (Tarragona) donde almacenaban los explosivos.
Los magistrados imponen la pena más alta, 53 años y medio de cárcel, a Mohamed Houli Chemal -único superviviente de la explosión de Alcanar–por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista y tentativa de estragos terroristas en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Los mismos por los que condenan, en su caso a 46 años de prisión, a Driss Oukabir, que alquiló la furgoneta utilizada en el atentado de Las Ramblas.
Al último de los acusados, Said Ben Iazza -quien facilitó la furgoneta en la que célula trasladó los explosivos y la documentación personal con la que se adquirieron los productos químicos necesarios para confeccionarlos-, la Sala le condena a una pena de ocho años de cárcel por colaboración con organización terrorista y le impone, además, la inhabilitación absoluta y especial, así como y la prohibición de acercarse a Alcanar durante cinco años desde que extinga su condena.
En los atentados de Barcelona, como en los del 11-M de Madrid hay una triste conclusión: a los españoles no nos unen ni hechos tan trágicos como estos.
En el 11-M nos movimos entre la necedad de Aznar y la miseria del PSOE mientras, en los atentados de Barcelona asistimos a un cruce de acusaciones de la Generalitat y de los Mossos asegurando que la culpa era de Madrid, de la misma manera que Madrid insinuó que los Mossos son unos chapuzas.
Está claro que no aprendemos.