Albert Batlle, teniente alcalde de Barcelona -la ciudad española más insegura-, se ha reunido durante la mañana del jueves con los Mossos d’Esquadra, así como con empresarios, para hacer frente al creciente problema de inestabilidad del Port Olímpic, donde tuvo lugar un homicidio, el pasado fin de semana. El objetivo principal es aumentar la seguridad y recuperar el "ocio pacífico, tranquilo y de calidad".

Asimismo, Batlle ha apuntado que tratarán de eliminar "zonas oscuras", poco iluminadas, que puedan facilitar la delincuencia que asalta a la ciudad, que registra 20 delitos por hora y cerró el mes de julio con cinco homicidios. Por supuesto, priorizarán "la lucha contra todo lo que sea violencia sexual". Y es que la ciudad sufre 119 delitos por cada mil habitantes, cuando la media nacional no supera los 43, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

"Nos hemos quedado muy solos", se lamentaba la alcaldesa Ada Colau, que pide a ERC trabajar cuanto antes en unos presupuestos que, en cuatro años, podrían aumentar la presencia policial, gracias a un incremento de 1.000 agentes de seguridad. Cabe destacar que este es el mismo Gobierno que el pasado 23 de julio, hizo públicas sus intenciones de "combatir" a las patrullas ciudadanas que van por el metro avisando sobre los carteristas y frenando los robos.

Colau pretendía que alojamientos turísticos que realizaran una reforma integral se vieran forzados a reducir las plazas de su oferta en un 20%

La situación no mejora para la alcaldesa en la hostelería: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado uno de los planes de Colau para limitar el crecimiento de los hoteles. Y es que pretendía que alojamientos turísticos que realizaran una reforma integral se vieran forzados a bajar las plazas de su oferta en un 20%. A lo largo de la mañana Colau ha dejado caer que pedirá una aclaración de la sentencia.

Por su parte, el Gremio de Hoteles de Barcelona ha recibido la noticia con "gran satisfacción", ya que meses atrás se vieron afectados por otra prohibición del Tribunal que impide que se construyan nuevos hoteles en el centro de la ciudad.

Ada Colau se enfrenta ahora a la criminalidad que ella misma fomentó, especialmente como activista aunque también como alcaldesa. Ahora dice que la culpa es de la Generalitat.