¿Por qué FG no aceptó la sucesión más lógica: Caruana de presidente y Torres de CEO? Porque el entonces presidente del banco sabía que faltaba poco para que estallara el escándalo de las escuchas y no se fiaba de don Jaime. Sí, Caruana fue el que frustró el asalto de Sacyr al BBVA cuando era gobernador del Banco de España, pero su cargo posterior en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) generaba muchas dudas en FG, que no se fiaba de la fidelidad de Caruana al supervisor.

La confianza en Torres, sin embargo, es absoluta. El presidente del banco no dudó en ligar su futuro al de FG, de quien dijo que era su “guía” y su “referencia”. Casi nada.

Pero el cerco al ex presidente del BBVA se va estrechando y el escándalo va tomando cuerpo jurídico. La última demanda, la presentada por el exministro Miguel Sebastián, en la que, además, acusa a la actual dirección del banco de falta de transparencia. El escrito de Sebastián se une a los presentados por el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, y a la presentada por el exvicepresidente del BBVA, José Domingo Ampuero y por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.

A menudo pienso qué es lo que haría FG y hago exactamente eso

Todo esto sucede a poco más de quince días de la Junta General de Accionistas (15 de marzo en Bilbao), una cita que tradicionalmente ha servido a sindicatos, trabajadores y antiguos empleados para mostrar sus discrepancias con la dirección del BBVA. Por eso, Carlos Torres ha movilizado al banco: quiere evitar que la reunión se convierta en un clamor contra Francisco González (FG) y, de paso, contra él. “A menudo pienso qué es lo que haría él y hago exactamente eso”, aseguró Torres durante la última presentación de resultados. Sí, Torres ha ligado su futuro al de FG y si éste cae, su posición como presidente quedará muy debilitada.

El presidente de honor, por su parte, no ha dicho ni mu y se ha aferrado al ‘cargo’ -con todas sus prebendas- a pesar de las consecuencias del caso en la imagen del banco. La propia entidad, en su último informe anual de gobierno corporativo, habla de una “contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podría tener un impacto reputacional negativo para el banco”.