Las tres grandes eléctricas, propietarias a su vez de las centrales nucleares españolas, estaban de acuerdo en no pedir la renovación de la licencia para prolongar la vida útil de Almaraz, dando respuesta así al pulso con el Gobierno sobre el futuro de esa fuente de energía. Pero el presidente de Endesa, Borja Prado, se ha desmarcado de esa posición, abriéndose a la posible compra de las centrales, si los otros, Iberdrola o Naturgy, venden. Ahora bien, no dispone de mucho plazo en ese afán: el futuro de Almaraz se decidirá en la junta que celebra la central el próximo 19 de diciembre. Quedan dos semanas.

Borja Prado ha conseguido, de momento, un propósito: se ha ganado al Gobierno, preocupado, más que de lo concreto, del tótem de lo que debe hacer España para combatir el cambio climático. No obstante, esa posibilidad rompe con el discurso defendido hasta ahora por Galán de condicionar el futuro de la nuclear a una mejora de la fiscalidad que se aplica a esas centrales. Todos están de acuerdo en que amenaza al negocio, pero Iberdrola ha convertido esa reclamación en el principal argumento para presionar al Gobierno y que afloje.

Y el Gobierno, feliz: la prórroga de las centrales, que necesita en la transición renovable, partirá de las empresas

Endesa ha cambiado, lo que provoca en paralelo que en Iberdrola bramen. Está precedido, además, por la claridad con la que la ministra del ramo, Teresa Ribera, ha echado en cara a Iberdrola, en declaraciones al diario Cinco Días, que no le salgan las cuentas desde “la calificación de su deuda” o de los “recursos que requiere para seguir funcionando”, al tiempo que Endesa considera que “el nuclear es un negocio importante y está dispuesta a mantenerlo”.

Todo eso estallará en la asamblea de Almaraz, el 19 de diciembre. Eso sí, en el entretanto, Borja Prado, a costa de Ignacio Galán, ha conseguido reclamar la atención de Ribera para mantenerse como presidente de la filial española de Enel. Dicho de otro modo, en ese cruce ha logrado enlazar con Pedro Sánchez, que aprovecha cualquier oportunidad para reivindicarse con el presidente de un Ejecutivo verde, como en la cumbre del G-20 o en la de Katowice, sobre el clima.

El giro de Endesa, dicho de otro modo, facilita lo que quiere el Gobierno: que la prórroga de las centrales, que necesita para asegurar el sistema, parta de las empresas, no de la petición a las empresas del Ejecutivo, lo que no sería políticamente correcto para un PSOE que ha puesto fechas para el apagón nuclear.

La posición de Endesa rompe el discurso de Galán, de condicionar el futuro de la nuclear a una mejor fiscalidad

No ha detenido, sin embargo, el debate interno en las eléctricas, mosqueadas por el desdén de la ministra de Transición Ecológica, agarrada hasta ahora a la misma respuesta para no contestar: lo más urgente es la elaboración de la Ley de Cambio Climático y la propuesta posterior a Europa con un plan integrado de energía y clima.

Ese desdén explicaba el otro desdén, de las empresas, para no solicitar al CSN la renovación de la licencia de la central nuclear extremeña de Almaraz, que deben plantear antes de junio de 2019 para alargar su vida útil. Es un caso paradigmático, también, porque reúne a Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), además de ser la primera en dar pistas de lo que puede pasar con el resto de centrales.

El Gobierno, en paralelo, tiene claro que a las centrales nucleares les espera un calendario de cierre, pero le gustaría que fuera escalonado -incluso con prórrogas parciales-, para no pillarse las manos en los cálculos del mix energético.

 Es consciente que de las centrales depende cubrir ahora el 20% de la demanda energética, pero tendrán que darse muchos pasos antes para que sea un 100% de generación renovable en 2050, y también por la ventaja adicional que suponen para el cumplimiento de metas en las emisiones de CO2. Es una energía limpia, que no contamina.