Borrell se ha vuelto dar de bruces con su periodo en Abengoa, como el consejero mejor pagado por Felipe Benjumea de presidente de la ingeniería andaluza, que encima le hizo perder la práctica totalidad de su inversión en ella. Todo a relucir, de nuevo este miércoles en el Congreso, tras el expediente sancionador de la CNMV por uso de información privilegiada por la venta de acciones por 9.030 euros de una cartera que gestionaba, motivo que le puede inhabilitar para incorporarse a otros consejos de administración.
El ministro de Exteriores, que efectivamente fue el que más cobró de los consejeros independientes o dominicales, por las dietas y comisiones, ha sido asaltado durante la sesión de control por el diputado popular García-Hernández, que le ha echado en cara que cobrara dos millones de la ingeniería, retribuciones que no ha negado. Ha reconocido, sí, que aquella operación de venta fue un “error”, faltaría, pero, contra pronóstico, ha añadido que no recurrirá la sanción aunque discrepa con el veredicto del regulador. Lo ha decidido porque no puede hacerlo ante los tribunales, evitando el trámite del recurso de alzada ante el Ministerio de Economía; o sea, sin pasar antes por su colega Nadia Calviño.
Borrell no recurre por «responsabilidad política», la misma razón por la que el PP se dice que lo haga
A la postre, por tanto, pagará la sanción, porque la resolución dependía de un posible recurso para ser firme, pero ha dicho lo obvio: ese recurso ante Calviño daría “lugar a muchas lecturas”, “nadie lo entendería” y le llama la “responsabilidad política”.
Ha sido, a la inversa, el mismo argumento que ha empleado García Hernández contra Borrell para ejercer como ministro, aunque sabe que “Sánchez no le va a dejar caer”. “Una falta administrativa”, le ha replicado Borrell, “no afecta, según la legislación vigente, a mi idoneidad para ejercer una función ministerial”.