El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2020 es de 5.534, lo que supone un 47,6% menos que el trimestre anterior y un 66,8% menos que en el mismo trimestre de 2019, ha informado el INE.

El dato de las ejecuciones hipotecarias viene al pelo para recordar el grave problema de la ‘okupación’ ilegal de viviendas en España. En concreto, al cierre del primer semestre del año, había 7.540 denuncias en toda España, frente a las 7.093 de hace un año.

España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea que tienen problemas para solventar actos delictivos relacionados con la 'okupación'

España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea que tienen problemas para solventar este tipo de actos delictivos. El principal obstáculo es que una vez los 'okupas' entran en el domicilio es muy difícil poder echarlos. Para poder hacerlo, se necesita emprender un camino judicial largo y costoso, que puede durar hasta tres años y al que no todo el mundo puede hacer frente. La Policía en España solo puede entrar si son pillados en el momento en el que han entrado, pero si consiguen entrar y cambiar la cerradura, se debe solicitar una orden judicial de desalojo, presentando a su vez una demanda civil de desahucio cuya tramitación es muy lenta, recuerda COPE.

Ante ello, Vox fue el primer partido que presentó una proposición de ley en el Congreso para aumentar las penas a los ‘okupadores’ hasta los cuatro años de cárcel y para que la policía pueda efectuar desalojos de inmediato, con la bandera de la ‘patada en el culo desde el primer día’, que dijo su líder, Santiago Abascal. Después Cs y también el PP presentaron sus propios proyectos de ley anti-ocupación.

El Ministerio del Interior está trabajando en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación

Pero la preocupación y malestar ciudadano es tal que según publicó ABC recientemente, el Ministerio del Interior estaría trabajando ya en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación. Hoy mismo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que en los próximos días dictará una instrucción sobre el "fenómeno delictivo" de la 'okupación'

Recordemos que en este Gobierno de coalición se sientan simpatizantes de la okupación ilegal de viviendas, o sea, los de Podemos, que son poco amigos de la propiedad privada…, excepto cuando es la suya.

Pero el clamor popular se los está comiendo…