Años después de la crisis económica que se desencadenó en 2007 y ante la aparición de algunos signos que llevan a alertar de una nueva, conviene destacar que no todos los bolsillos se verán afectados de la misma forma. Este jueves, Cáritas Española ha presentado su Memoria de 2018 y su secretaria general, Natalia Peiro, ha subrayado que “la exclusión social se ha enquistado en la estructura social de nuestro país”.
Este contexto afecta a 8,5 millones de personas, es decir, al 18,4% de la población, pero además, este colectivo se ha incrementado en 1,2 millones respecto a 2007. Asimismo, dentro de la exclusión social, 1,8 millones de personas (3,8% de la población) viven la situación más precaria y extrema y sobre ellas se ha cebado la desigualdad y la precariedad.
El perfil mayoritario entre las personas atendidas: mujer española, de 30 a 54 años de edad, con hijos a su cargo y que lleva más de cuatro años con acompañamiento
Cáritas Española acompañó a 2,7 millones de personas el año pasado, gracias al aumento de voluntarios (han pasado de 83.951 a 84.551) y de recursos aportados por donantes privados y empresas (de 256,56 millones de euros en el año 2017 a 257,9 millones). A estos recursos económicos, se suman otros 95,087 millones procedentes de subvenciones públicas, alcanzando un total de 353 millones. Además, esta entidad sin ánimo de lucro cuenta con la ayuda técnica de 5.671 personas contratadas, cuyos salarios suponen un 5,6% de los recursos.
Según Cáritas, el perfil mayoritario entre las personas que atiende es el de una mujer (60% de los casos), española (55%), de 30 a 54 años de edad (55%), con hijos a su cargo y que lleva más de cuatro años con acompañamiento de esta entidad, alternando periodos de trabajo con búsqueda activa de empleo. “Tenemos que desmentir el estereotipo últimamente tan repetido de que las personas extranjeras copan los recursos de Cáritas y otras entidades sociales”, ha subrayado Peiro. “Las personas inmigrantes extracomunitarias a las que acompañamos duplican el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas autóctonas, como resultado de un marco legal que dificulta su acceso y permanencia al derecho al trabajo, lo que dificulta la disponibilidad de unos ingresos económicos suficientes para afrontar gastos básicos como la vivienda, la alimentación o el vestido”, ha añadido.