- Entre todos pagaremos a Florentino los 1.350 millones de la indemnización por el fiasco del almacén de gas.
- El Gobierno, según el TC, se dio demasiada prisa y por vía equivocada, para evitar que computara como déficit.
- Por eso declara "inconstitucionales y nulos" los artículos del real decreto de 2014 sobre la indemnización.
- Para cargar al sistema de gas una factura de ese calibre hace falta una situación extraordinaria que no se dio.
El Gobierno no eligió el mejor camino para indemnizar a los promotores del almacén de gas
Castor, que terminó en fiasco por los seísmos en la costa de Castellón.
El
Tribunal Constitucional corrige ahora, en una sentencia conocida este viernes, que el decreto ley aprobado en 2014 no fue lo mejor.
Es más, el TC ha declarado inconstitucional ese real decreto porque no respondía a una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".
En
roman paladino, eso fue lo que ha pasado desde 2015, en concreto, en forma de recarga en los recibos de los usuarios de gas. La indemnización pagada a la empresa
Escal, controlada en el 67% por el grupo de
Florentino Pérez (
en la imagen), ACS, fue de 1.350,7 millones (adelantados en 2014), pero la factura asciende a 3.500 millones si añadimos los intereses por el bono ¡a 30 años!
El Gobierno se dio demasiada prisa para pagar a
¡Oh capitán mi capitán!, por un lado, y no por la vía correcta, el real decreto, para evitar que el pago computara en el déficit. Ninguna de esas razones, sin embargo, están justificadas, según la sentencia del TC.
El Alto Tribunal recuerda, en concreto, el
artículo 86 de la Constitución, en el que se apunta a una situación de "extraordinaria y urgente necesidad" para justificar "la asignación del pago al sistema gasista".
El TC estima en las sentencia parcialmente los
recursos presentados por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña y el del grupo parlamentario del PSC, y declara "
inconstitucionales y nulos" los artículos (4 a 6) y las disposiciones adicionales del real decreto que establecían los "cálculos previstos" para la indemnización y "el plan de costes para el ejercicio 2015".
Rafael Esparza
