• El foco está en los sobresueldos de Narcís Serra, Adolf Todó y compañía (2,56 millones) y no en las razones reales de su quiebra, que nos costó 12.000 millones de euros.
  • Lo mediático manda como en las tarjetas black de Bankia, cuestiones menores con relación al rescate de vértigo: 24.000 millones.
  • Las cajas quebraron por los créditos dolosos de sus directivos a si mismos, sus amiguetes o empresas vinculadas.
  • Algunas de esas operaciones se han podido probar; la mayoría siguen tapadas por la negligencia de los inspectores del Banco de España.
Los juicios a las cúpulas de las antiguas cajas de ahorros han dejado un reguero de sentencias desde hace dos años, condenatorias desde luego, pero con un común denominador. Se trata, en efecto, de condenas menores en proporción al daño causado: la quiebra de una serie de entidades cuya supervivencia dependió de un rescate público que ha costados miles de millones a los contribuyentes. Pero lo que sigue tapado es la gran razón de sus quiebras: los créditos dolosos concedidos a sus directivos, amiguetes o empresas vinculadas que no se han podido demostrar porque el Banco de España no las vigiló. Sirva de ejemplo el último caso, el de CatalunyaCaixa, y la pena de cuatro años de prisión que solicita la Fiscalía para su expresidente, Narcís Serra -vicepresidente del Gobierno en la etapa de Felipe González- y Adolf  Todó, ex director general. La razón juzgada es el aumento de sueldo de los altos cargos en un momento crítico para la entidad, algo afecta a otros 39 consejeros, para los que se pide entre dos y cuatro años de cárcel. Pues bien, es perjuicio de esos sobresueldos en las cuentas de la entidad fue de 2,56 millones de euros, entre nada y menos de 12.000 millones que costó el rescate de la entidad. Habrá o no administración desleal, algo que depende de la sentencia de juez, pero no está ahí, desde luego, la razón de la quiebra de CatalunyaCaixa. Y lo mismo cabe decir de otros tantos casos. Se pierden en el ruido mediático, olvidando la causa real: las sumas millonarias de créditos dolosos, concedidos en condiciones favorables cuando no groseras, a amigos, empresas o a uno mismo, sabiendo -más grave todavía-, que nunca se cobrarían. Ahí está el origen del quebranto de las entidades de ahorros. No se hundieron por las tarjetas black de Bankia, las retribuciones a los consejeros de Catalunya Caixa o las pensiones a la cúpula de Novacaixa Galicia (tras la fusión de Caixa Galicia y Caixanova). El gran fraude de esas cajas está las operaciones dolosas. En algunos casos se han podido demostrar, pero en la mayoría de ellas el Banco de España no las vigiló. Es sangrante, por ejemplo, que José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, abriera una línea de crédito de 250 millones para unas construcciones hoteleras en el Caribe. El quebranto para la entidad, según el Banco de España y el FROB, fue de 2.250 millones. Y Bancaja, como Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), fueron dos de las siete entidades por Bankia, cuyo rescate ha costado 24.000 millones de euros, un volcán comparado con el páramo de los 12 millones que constaron las tarjetas black. Y otro tanto se podría decir de Caja España, Caja Duero, fusionadas en Banco Ceiss, cuyo rescaté costó 1.200 millones, como les informamos ayer lunes por uno de los imputados, Martínez Maillo, número tres del PP. Pero añadan a esa lista todas las cajas de ahorros de hace unos años, absorbidas por otras cajas o bancos o vendidas por partes. Rafael Esparza