Uno de los mantras que repite el gobierno socialista para justificar que los alumnos pasen de curso con varias asignaturas es que la ley persigue la igualdad entre los estudiantes. Es decir, que ninguno repita, porque eso causa un trauma en el alumno y porque, además ojo al dato, resulta que los niños pobres tienen más dificultades para aprobar que los niños ricos que cursan estudios en el mismo centro. Y ¿qué tiene que ver la riqueza con los aprobados o la pobreza con los suspensos? ¿Es que los alumnos pobres son más tontos que los ricos? Porque eso es lo que, finalmente, promulgan quienes defienden la ley del mínimo esfuerzo o -directamente- del esfuerzo cero entre los estudiantes, o sea, los defensores de la 'ley Celaá'. A continuación, un ejemplo.

Así que, cuando Pablo Simón, el contertulio de 'La Hora de La 1' de TVE -cadena que se ha convertido en la máquina propagandística del Gobierno, apunta en uno de sus tuits, a una diferencia entre la escuela de ricos, escuela de pobres, siguiendo con el mito de que la concertada es para ricos, le ofrecemos algunos ejemplos: en la zona de Madrid Sur, la Fundación Educatio Servanda, que gestiona los centros concertados Juan Pablo II, ha instalado también dos de sus colegios en Alcorcón y Parla -dos localidades, como todo el mundo sabe, con una renta per capita de las más altas de la Comunidad Autónoma, o así, que dijo un vasco-. Y en Sevilla, los Salesianos trabajan en los barrios más pobres de ciudad con los menas -en el barrio de las 3.000 viviendas- y también ejercen su labor en Canarias. 

Porque, en la Comunidad de Madrid, algunos de los distritos más desfavorecidos que cuentan con más alumnos de educación concertada que de pública son Carabanchel, en el que un 59,77 por ciento de los casos elige la primera frente al 40,22% que se decanta por la pública; Latina, con cifras del 60,12% frente al 39,87%; Moratalaz, un 52,08% frente a 47,92%; Puente de Vallecas, que presenta un 55,87% frente a un 44,13% y Usera donde el 56,36% va a centros concertados y el 43,64% a centros públicos. 

Y, entre todos esos alumnos, con más recursos y con menos recursos, dudamos que el nivel de ingresos de sus familias tenga relación con la capacidad intelectual de sus hijos. 

Pero, volvamos a tramitación de la 'ley Celaá. Después de su aprobación del jueves 19 en el Congreso, la Lomloe avanza con paso firme hacia el Senado. Si recibe su visto bueno, a principios de año, la LOMLOE podría ser de aplicación en el próximo curso escolar. España tendría entonces una nueva Ley que permitirá promocionar con suspensos, que acabará con la escuela católica, a través de su su ataque a la concertada, que deja a la Religión sin computar entre las asignaturas que se cursen y que suprime el uso del castellano como lengua vehicular.

Respecto a la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas a la hora de mantener la enseñanza concertada en sus territorios, lo cierto es que las distintas regiones podrán aplicar su normativa hasta donde les deje la propia ley estatal, que es precisamente lo que ha declarado Isabel Díaz Ayuso al anunciar que Madrid blindará la concertada, siempre dentro de las competencias de la comunidad autónoma.

Por cierto, que el alcalde de la capital y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida se ha pronunciado hoy sobre la 'ley Celaá'. Para el edil madrileño "no es una ley de educación, es adoctrinamiento", "no es una ley que respete el derecho de los padres a poder elegir la educación de sus hijos", sino una ley "que nos quiere quitar la educación concertada" y "la especial".

Mientras, el sector de la concertada sigue movilizándose contra la nueva legislación. El próximo paso, una concentración en coche el domingo 22 de noviembre por las principales ciudades españolas.