El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha solicitado por carta a la ministra del ramo, Isabel Celaá, que no discrimine a los colegios concertados en el reparto de medio millón de ordenadores y tablets con acceso a internet. El Gobierno central pretende movilizar hasta 260 millones de euros en este programa de préstamos, 70 de los cuales los aportarían las comunidades que participen en él.
"No debemos olvidar que todos los centros financiados con fondos públicos, ya sean de titularidad pública o privada, escolarizan a alumnos vulnerables, con idénticas limitaciones en cuanto al acceso a dispositivos o a la conectividad que les impide seguir avanzando en su aprendizaje tanto desde sus hogares como en la escuela", sostiene Ossorio en su escrito.
A su juicio, dejar al margen a una de las modalidades de enseñanza en este tipo de reparto de material supone ir en contra de la Ley Orgánica de Educación, que indica que la escolarización se debe hacer "sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad".
"Estoy seguro de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional reconsiderará esta decisión, que quizás haya sido fruto de una mala interpretación del contenido del mencionado convenio, y permitiréis que suministremos conjuntamente dispositivos a alumnos con dificultades para acceder a las tecnologías que cursen sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos", concluye Ossorio.
Claro que, según Celaá, el Gobierno es el encargado de canalizar los Fondos Europeos -también para Educación-, pues claro que sí, ¿quién los va a canalizar si no?, pero eso no significa, Sra. Celaá que tengan que concederse sólo a la educación pública.
Recordemos que esta misma semana, la ministra ahondó sobre el presupuesto para Educación de 2.000 millones de euros pero, ojo, sólo para la escuela pública. Se trata de digitalizar los coles, pero la enseñanza privada, la elegida por la mayoría de los españoles que pueden hacerlo, no tendrá acceso a eso de la digitalización. Las tabletas de los alumnos y el acceso a Internet que se lo paguen ellas. Y esto que la enseñanza privada-concertada le sale al Estado por la mitad de la pública. Y la privada le sale por nada.
Pero, naturalmente, Celaá no tiene ninguna animadversión a la escuela privada, ni tan siquiera porque esa escuela sea mayoritariamente católica: ¡Nooooooooo!