- El Gobierno aprueba el decreto que permite a las universidades ofrecer grados de tres años a partir de septiembre.
- Menos cursos y más másteres, esa es la idea: el modelo 3 2 al implantar Bolonia que no se aplicó en España.
- El ministro defiende su plan por el ahorro para las familias (150 millones), pero olvida que los másteres son más caros.
- Lucha contra el yihadismo: Fernández Díaz anuncia un plan para combatir narrativa islamista, sobre todo en Internet.
- La idea de Interior es coordinar a todos (ministerios, autonomías, colegios, ONGs…) para actuar antes que lamentar.
- El dato: el 70% de los condenados por yihadismo en España se han radicalizado y la inmensa mayoría por Internet.
Consejo de Ministros del 30 de enero. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha estado flanqueada este viernes por los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Educación, José Ignacio Wert, que tenían que decir mucho más que ella misma (en la imagen). Pero no ha dejado escapar su momento de gloria y ha empezado la rueda de prensa con los buenos datos del PIB (0,7% en el cuatro trimestre de 2014 y 2,14% en el conjunto del año). "Hace pensar en una mejora de las previsiones cuando España mande en abril el pacto de estabilidad y crecimiento", ha dicho. Estamos en año electoral y por poner lustre al zapato que no quede, aunque la tasa de paro sea insoportable o los salarios no suban como deben. Los protagonistas, como digo, eran los ministros de Educación, sobre todo, y el de Interior. El primero por el real decreto de titulaciones universitarias, y el segundo, por las normas aprobadas por el Gobierno para luchar contra el yihadismo.
El Consejo de Ministros ha vuelto a cambiar, por real decreto, la reforma universitaria, eso que nunca termina de concretarse en algo definitivo. Pasa en España y con la educación. Así nos va. No es un cambio menor el de Wert en el sistema universitario. Al contrario, es es de mayor calado desde que España se incorporó al Plan Bolonia (el Espacio Europeo de Educación Superior). En esencia, a partir del próximo curso, las universidades podrán ofrecer carreras de tres años, y no de cuatro como hasta ahora, y másteres de dos años, y no de uno. Queda la obligatoriedad, en cualquier caso, de alcanzar un mínimo de 300 créditos entre grado y máster (equivalentes a cinco años de estudios) para acceder a los estudios de doctorado. El problema es que afecta al 70% de las carreras actuales y cambia el guión (también mental) para todos los estudiantes en mitad de curso. Es obvio, por tanto, que el ministro debía haberse dado más prisa y presentar los cambios antes, en septiembre, por ejemplo. Quedan fuera de esta posibilidad, dicho sea todo, las llamadas profesiones reguladas, como Medicina, Ingeniería o Arquitectura, que exigen un máster habilitante para poder ejercer.
Wert ha defendido su reforma porque nos pone en sintonía con la mayoría de los países europeos, que adoptaron hace años el llamado modelo 3 2 al implantar Bolonia, y por razones económicas: "El ahorro para las familias sólo en reducción de las tasas rondaría los 150 millones de euros". No se ha quedado más calvo el ministro al explicarlo: si hay un año menos, se paga un año menos. De lo que se ha olvidado Wert es de responder a la crítica, planteada en todos los ángulos educativos (rectores, estudiantes y profesores) de que encarecerá los estudios sencillamente porque los másteres cuestan más.
Ha empezado otro frente de batalla educativa, por tanto, para el ministro que se alargará en el tiempo. A Wert, dicho sea todo, le encanta la polémica. Ha insistido en que su intención es "flexibilizar el rígido sistema actual" y equipararnos a los países de referencia en Europa.
El otro punto caliente de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido el nuevo plan para luchar contra la radicalización violenta, un eufemismo como otro cualquier para embestir al problema que más nos inquieta: el terrorismo yihadista.
El objetivo del Gobierno con ese plan es mejorar la coordinación entre ministerios, autonomías, ayuntamientos y más instituciones públicas y privadas, colegios, ONGs, etc… para actuar antes que lamentar. Esa es la idea. Como ha explicado Fernández Díaz, "entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo en los tribunales españoles se habían radicalizado en España y de ellos, el 80% lo hizo por Internet". En esa lógica, ha aclarado que entre las nuevas medidas, como en Francia, está el plantar batalla al relato yihadista con una contranarrativa a su mensaje violento, sobre todo en Internet.
No ha querido abundar el ministro en otras consideraciones -ningún periodista se lo ha planteado- como la colaboración con los países islámicos, con los que la proporcionalidad en cuestiones como la libertad de prensa o de culto es una entelequia. Ahí están todos los países del Golfo, que invierten en mezquitas europeas, como la de la M-30 en Madrid, pero no permiten ningún signo cristiano (algo muy europeo, por cierto). Para el ministro, se trata, y no es poco, "de evitar el surgimiento de procesos de radicalización violenta mediante la detección temprana". El plan se desarrollará en tres ámbitos geográficos: el interno, el externo (que afecta a los intereses españoles fuera de nuestras fronteras) y el ciberespacio.
Rafael Esparza
rafael@hispanidad.com