Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2018. Cada día que amanece el número de tontos crece. Ojo al dato: el Gobierno va a perpetrar una reforma constitucional. Sí, han leído bien, reforma constitucional del artículo 49 de la Carta Magna. Donde antes decía  “disminuidos” ahora dirá ‘diversos’. Ya no serán disminuidos, sino personas con discapacidad, que, según los socialistas, suena mucho mejor.

Muy interesante contemplar a la ministra portavoz, Isabel Celaá, agitando las manos para explicarnos -a todos y a todas- el nuevo concepto de diversos y la sutilísima distinción entre discapacitados y personas con discapacidad. Totalmente distinto… y hasta diverso.

Y así, con el novísimo concepto de ‘diversos’, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales entran en la nueva era de la diversidad. Porque llamar discapacitado es injusto y vejatorio, pero hablar de “personas diversas con discapacidad” es simplemente idiota. No hay comparación.

Por cierto, si el Gobierno hubiera consultado con la ONCE, se habrían enterado de que fue la organización de ciegos quien insistió en modificar el término anterior, minusválido, por el de discapacitado, que les parecía más noble. Pero eso era antes de entrar en la frondosa era de Acuarius, perdón, la de la diversidad.

El gobierno no logra condenar por inconstitucional a Vox. Los de Santiago Abascal vuelven a ser ultraderecha

Estamos ante un Gobierno nominalista, ultrapolíticamente correcto. Lo que significa que si los tontos volaran en Moncloa no verían jamás el sol. Al menos, en horas de trabajo.

La soflama la puso en marcha naturalmente, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: desde entonces, el PSOE entero la repite: VOX tiene un ideario anticonstitucional. Ahora bien, cuando se le pregunta a Celaá en qué son anticonstitucionales los de Santiago Abascal, Celaá empieza a divagar. Al final, asegura que está contra el Estado de las Autonomías. No cuela, porque Podemos, sus socios de moción de censura y de Presupuestos, quieren la III República, lo que resulta bastante más anticonstitucional. Ergo: quita lo de anticonstitucional (“Que tendrá que decirlo el Tribunal Constitucional") y quédate con partido de extrema derecha.

Más del Consejo. Sánchez se emperra en volver a enviar a los cotes de la senda de gasto, clave de los PGE 2018… que no se enviarán hasta enero. ¿Para qué enviar unas cifras que no se han aprobado?

Además: subvenciones para educación. No se lo van a creer, pero siguen la misma tónica de la ministra del ramo, la propia Isabel Celaá. Marca del PSOE: juzgar al profesor independiente y mimar al alumno vago.

Por supuesto, el PSOE ha hecho caso de inmediato al juez que solicitó al Gobierno información reservada sobe el llamado caso Kitchen (espionaje a Luis Bárcenas por parte del Ministerio del Interior pepero). Por supuesto, es un caso que perjudica al PP. O sea, justo lo contrario de lo que hizo Sánchez cuando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas: desautorizarlo en 24 horas.

El estilo del sanchismo: un plan industrial y otro de empleo juvenil. Ambos una cuna de burocracia, que no de empleo

Plan de empleo juvenil y plan de reindustrialización. El primero de la ministra Magdalena Valerio, el segundo, de la titular de Industria, Reyes Maroto. Y los dos planes son, también, muy socialistas: burocracia y más burocracia.

Vamos con Maroto: real decreto para subsanar una “agenda industrial” abandonada… por el PP, naturalmente. Todo para que la industria (16,3% actualmente) alcance el 20%. Teorías tales como la “digitalización de la industria y la transición ecológica”. Es decir, cuestiones muy importantes que, sin concreciones, no dicen absolutamente nada. Otra marca de la casa del Sanchismo.

También, regulación de la venta a pérdidas y reducción de cargas administrativas. Veremos. Algunas afirmaciones son ciertas. Por ejemplo, la ministra reconoce que el coste energético de la industria es muy elevado… pero su compañera de Gabinete, Teresa Ribera, no hace otra cosa que aumentar los costes energéticos de la empresa con su “energía verde”. Y, en cualquier caso, ¿no sería mejor crear empresas públicas, o más apropiado, crear empresas privadas financiadas con dinero público? Porque el que crea empleos es el empresario, no el Estado.

La ministra Magdalena Valerio, titular de Trabajo, es una de las ministras más sectarias del sectario gobierno socialista. Ha presentado su “plan de choque” por el empleo juvenil. En primer lugar, el susodicho plan se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, punto 8 y, entre otros objetivos pretende luchas contra la brecha de género… según una “metodología basada en el diálogo y el consenso”. Sin comentarios.

En el plan de Valerio “ha participado el Instituto de la Mujer”: eso es definitivo. Habrá agentes de igualdad, una especie de policía de la ideología de género y un presupuesto de 2.000 millones de euros para tres años (19-20-21). En resumen, planes públicos con cargo al presupuesto que sólo crean empleos para burócratas, aunque eso sí, como dice la ministra Valerio “todos juntos remando en la misma dirección”. Insisto: ¿no sería mejor crear empresas públicas? ¿O ayudar con dinero público al emprendedor privado?

Gobierno nominalista y un poquito burocrático. A cambio, muy sectario.