Consejo de Ministros del viernes 27 de abril. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha comparecido escoltado por los dos rostros económicos: el titular de Economía, Román Escolano, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¿La razón? Sencilla, tocaba presentar el Programa de Estabilidad que enviarán a Bruselas el próximo lunes.
Como es habitual, el Gobierno ha presumido de estimaciones: espera crear 1,7 millones de empleos entre 2018 y 2021 y que este último año la tasa de paro será inferior al 11%, la deuda pública del 89,1% del PIB y no haya déficit. Pero 2021 está muy lejos, miremos mejor a corto plazo, en concreto, este año y 2019: el PIB crecerá un 2,7% y un 2,4%, algo que puede ser factible porque, aunque ha bajado el ritmo, está subiendo un 2,9% anual; la tasa de paro bajará al 15,5% y al 13,8%, lo que parece ambicioso tras el jarro de agua fría de la EPA; la deuda pública se situará en el 97% del PIB y en el 95,2%; y el déficit estará en el 2,2% del PIB y en el 1,3%.
Prevé que la tasa de paro baje al 15,5% y al 13,8%, lo que parece ambicioso tras el 'jarro de agua fría' de la EPA
Y todo esto, ojo, con subida de pensiones mediante. Como saben, el PNV le ha sacado al PP un incremento del 1,6% este año, lo que costará 1.500 millones, y según el IPC en 2019, lo que supondrá 1.800 millones. En definitiva, el chantaje de los nacionalistas vascos añade 3.300 millones de gasto en los próximos dos años… ahora parece que sí hay dinero porque la RPA de las autopistas de peaje va a ser inferior a la esperada (eso sí, Montoro no se ha mojado en la cifra) y por el impuesto a grandes tecnológicas que propondrán al Pacto de Toledo. Pero no parece que vaya a contentar a los jubilados que han salido a las calles, pues los de Bizcaia ya han advertido que el pacto PP-PNV sólo dará más fuerza a la movilización, según informa La Vanguardia.
En otro orden de cosas, ha quedado claro que al Gobierno tampoco le gusta la sentencia de La Manada. Méndez de Vigo ha señalado que respetan las decisiones judiciales, pero que la sentencia no es firme y se valorará si la tipificación de delitos sexuales está bien o precisa una actualización.
Y cómo no, se ha hablado de Cataluña, donde sigue en vigor el 155. De nuevo, ha quedado patente el chantaje del PNV porque el ministro portavoz ha destacado el “diálogo sin fecha de caducidad dentro de la ley”. A esto, se une la intención de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en mayo y el deseo de que para entonces haya un gobierno en Cataluña y ocupe su silla junto al resto de comunidades autónomas.