El Pleno de Getafe debatirá este martes una moción de Más Madrid Compromiso por Getafe para decidir si el Ayuntamiento reclama al Obispado la titularidad pública de la catedral, la ermita de San Isidro y la parroquia de San Eugenio, "inmatriculadas por la Diócesis de Getafe con una autocertificación eclesiástica como título de propiedad".
Según Telemadrid, la propuesta surge a raíz de la publicación del listado de 35.000 inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 que hizo público hace unas semanas el Gobierno central, a instancia del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso en 2017.
El patrimonio público no puede estar en manos privadas.
— Más Madrid Compromiso con Getafe (@MasGetafe__) March 18, 2021
Diversas organizaciones llevan años denunciando las inmatriculaciones indebidas de la Iglesia y tenemos el deber de recuperar para Getafe lo que es de Getafe.https://t.co/HXx3Ye3CFx
En este listado aparecen cinco fincas inmatriculadas por la Diócesis de Getafe "para las que no se presenta ningún título de propiedad y que sólo cuentan con un certificado eclesiástico como prueba de su titularidad".
El portavoz del grupo municipal Más Madrid Compromiso con Getafe, Jesús Pérez, quiere que se recabe información y que se haga pública porque "no hay ningún motivo por el cual se deba esconder a la ciudadanía el estado en el que se encuentra el patrimonio público que les pertenece".
En su opinión, "el uso religioso de un edificio no condiciona en absoluto su propiedad", por lo que considera que la Diócesis de Getafe debe seguir haciendo uso de los bienes de culto, "pero su titularidad debe ser pública como ha sentenciado el Tribunal de la Unión Europea y como ocurre en países vecinos como Francia o Portugal".
Y todo esto cuando la mismísima vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de profesión sus anticlericalidades, reconoce que el Ejecutivo ha metido la pata y que las presuntas incautaciones de la Iglesia eran legales y, añadimos nosotros, justas y naturales. Sólo al desequilibrado de Errejón se le puede ocurrir que una catedral es pública. Bueno, y en su día también se le ocurrió a su partido originario, Podemos, cuando la formación morada solicitó que el templo pasara a titularidad pública.
Eso sí, las inmatriculaciones no son más que el prólogo para la segunda andanada anticlerical: cobrar el IBI a la Igleisia, que se convertiría en la única institucion sin ánimo de lucro que paga el IBI.