Deoleo se jugaba su ser o no ser en la Junta General Extraordinaria celebrada este viernes. Al final, la compañía se ha salvado gracias a que la banca acreedora ha aceptado tomar un 49% de una empresa que valdrá mucho en el futuro pero que ahora no vale casi nada, tras capitalizar una deuda de 283 millones de euros. De esta manera, el endeudamiento sindicado bruto del grupo se reducirá desde 575 millones actuales hasta 240 millones aproximadamente, según el comunicado remitido por la compañía a la CNMV. Además, el vencimiento de la deuda pasa a ser a largo plazo, lo que siempre supone un alivio, aunque sea temporal.
Los accionistas han dado luz verde a la operación acordeón que ha supuesto la reducción del capital a cero -para compensar las pérdidas- y el aumento simultáneo de capital por un importe de hasta 50 millones.
CVC seguirá manteniendo la mayoría (56,4%) mientras el Gobierno mira hacia otro lado. Primero fue Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura con Rajoy, quien prometió la actuación del Gobierno (con entrad en el capial de Deoleo incluida) y al final no hizo nada, y luego fue Luis Planas, actual responsable de la política agraria, quien aseguró a Hispanidad que el Gobierno de Pedro Sánchez no se implicaría en la compañía.
Mal hecho. El Gobierno español debería estar presente en una empresa que fabrica un producto casi exclusivamente español, por dos razones. En primer lugar, para garantizar un precio digno para los agricultores y, en segundo lugar, por la promoción del aceite de oliva en el exterior.
En definitiva, no se entiende cómo es posible que el grupo que aúna las marcas clave de aceite de oliva esté desamparado por el Gobierno. Luego, cuando vuelva la polémica de los precios bajos, por debajo de los costes de producción, el ministro de turno se rasgará las vestiduras.