Reunión en el Ministerio de Educación. Para que no se diga que no dialoga, la ministra de educación del Gobierno Sánchez, Isabel Celaá, arropada por su plana mayor, recibe a los obispos. Acompañan a la señora ministra nada menos que el secretario de Estado de Educación, Alejandro Triana, y el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea, que superan a Celaá en sectarismo cristófobo.
Enfrente, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, acompañado del delegado y la subdelegada de la Comisión de Educación, Alfonso Carrasco y Raquel Pérez.
Por supuesto, Sánchez mantendrá el adoctrinamiento a menores, tanto feminista y LGTB, con el apoyo de comunidades autónomas del PP, como la de Madrid
Y ambas partes estuvieron de acuerdo en ponderar el artículo 27 de la Constitución -¡sólo faltaba!- pero tampoco se hizo necesario -¿verdad que no?- entrar en el apartado 3 de dicho artículo: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Al final, estilo Celaá: respetamos la enseñanza concertada -es decir, católica-… pero su proyecto de ley de educación suprime la demanda social. Es decir, suprime que el Ministerio tengan que permitir la apertura de un colegio de enseñanza concertada si los padres de la zona así lo solicitan.
Ergo. No habrá escuelas privado-concertadas, solo privadas y que se la paguen los padres. Esto es, los mismos padres que pagan, vía impuestos, la escuela pública. O sea, que pagan dos veces.
Eso sí, Celaá asegura defender el artículo 27 de la Constitución que otorga a los padres la decisión sobre la educación religiosa y en valores de sus hijos. ¡Sólo faltaba!
En la misma línea: Celaá respeta la asignatura de religión. Ella es muy democrática y lo respeta todo. Eso sí, ningunea la asignatura de religión, que no servirá para nada, dada que no tendrá valor académico alguno y que será desprovista de su relevancia curricular, que pasa a ser ninguna.
Por supuesto, se mantendrá, por aquello de la formación integral de los menores, el lavado de cerebro de los más pequeños en ideología de género, particularmente en clave feminista y LGTB.
En este caso, no se llamen a engaño, con la colaboración expresa de determinadas comunidades autónomas del PP. Por ejemplo, Díaz Ayuso, en Madrid, aún no ha cambiado las amedrentadoras normas de Cristina Cifuentes sobre adoctrinamiento LGTB en las escuelas. Amedrentadoras sí, que Cifuentes llevó a la Fiscalía al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, por negarse a aplicarlas con sus alumnos menores.
Otra burla más de Celaá a la Iglesia. Es más, la titular de Educación de Pedro Sánchez ya tiene la coartada del diálogo. Ella habla con todos: hasta con las curas. Miren qué democrática.